Apoyo con matices

Lopera llega a los juzgados. / Belén Vargas

La Fiscalía de Sevilla solicitó este martes a la Audiencia de Sevilla que estime la cuestión previa planteada por la defensa del ex mandatario del Betis Manuel Ruiz de Lopera con respecto a las acusaciones particulares -Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos-, si bien pidió que no sean expulsadas del procedimiento, sino que su actuación se limite al ejercicio de la acción popular y no la acusación particular.

La fiscal del caso, Margarita Viera, explicó al inicio de la segunda sesión del juicio, que el ejercicio de la acusación particular debe quedar limitado a la personación del "perjudicado"-el Betis- y no a las plataformas de béticos, puesto que, según dijo, "no concurre el interés público y social que justifique su participación como acusación particular".

La representante del Ministerio Público rechazó, no obstante, la expulsión del procedimiento de estas asociaciones, como pedía la defensa de Lopera, porque entiende que pueden seguir como acusaciones populares.

Sobre la condena en costas que también reclamó Lopera, la fiscal se opuso a que en este momento el tribunal se pronuncie sobre dicha condena en costas porque legalmente debe posponerse ese pronunciamiento al momento de dictar la sentencia, "donde el tribunal tendrá que valorar si concurren dichas condiciones para la imposición de las costas".

La fiscal dijo al inicio de su intervención que iba a sostener los mismos criterios, a la hora de pronunciarse sobre las cuestiones previas, que expuso a lo largo de la instrucción de la causa, y todo ello por "coherencia y convicción política", aseveró Margarita Viera, que añadió que el Ministerio Público en defensa de la "legalidad e imparcialidad no ha escatimado esfuerzos ni recursos en la presente causa".

El Ministerio Público reconoció la existencia de "irregularidades procesales" en la instrucción del caso, si bien dijo que esas irregularidades "no han provocado efectiva indefensión, puesto que no han cercenado materialmente las posibilidad de defensa".

De otro lado, la fiscal pidió que se desestime la petición de nulidad de la prueba pericial que solicitó Lopera, dado que aunque existe una "errónea decisión" inicial del juzgado en el nombramiento de una empresa privada para la realización de la pericial contable, los funcionarios de la Agencia Tributaria que finalmente fueron designados para dicho informe reúnen las condiciones de "cualificación e imparcialidad por su condición de funcionario y porque concurre en ellos la capacidad e idoneidad para la realización de la pericial por su cualificación profesional".

La fiscal llamó la atención en varias ocasiones sobre los "avatares" que ha sufrido el procedimiento y ha dicho que las quejas sobre los peritos de la defensa obedecen más a las "vicisitudes de su nombramiento que a su idoneidad".

La fiscal aseguró que el perito no intervino sobre los hechos que se trataron en la anterior sentencia que condenó a Lopera por delito fiscal, por lo que concluyó que esa intervención "no afecta a la imparcialidad del perito". La defensa del empresario había alegado que el perito participó en las "actuaciones inspectoras" por las que había sido condenado Lopera, algo que rechaza el Ministerio Público.

La Fiscalía también solicitó al tribunal que rechace la petición de la defensa en relación con los "efectos" que tuvieron las 48 resoluciones en las que intervino el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, que fue finalmente recusado por ser sobrino de uno de los integrantes de una de las acusaciones.

Las tres acusaciones particulares que ejercen Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos se opusieron a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del ex mandatario verdiblanco.

El abogado Pedro Rodríguez de la Borbolla, que representa a Por Nuestro Betis, pidió la desestimación al asegurar que el Betis estuvo "secuestrado literalmente y la única manera de salvarlo fue a través de las asociaciones", por lo que dijo que hay que "congratularse de que este juicio se esté celebrando".

Lopera pide al tribunal que el Betis aporte el acuerdo con Bitton Sport y cite a Haro

La defensa de Manuel Ruiz de Lopera solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que reclame al club la escritura notarial elevada tras el acuerdo entre el Betis y la sociedad Bitton Sport que avala la venta de acciones de Farusa, y pidió asimismo que cite a declarar como testigo en este juicio al presidente, Ángel Haro. Según explicaron fuentes del caso, la letrada Encarnación Molino, del bufete Montero-Aramburu, presentó un escrito en el que recuerda que en la primera sesión de este juicio, la acusación que ejerce el Betis puso en conocimiento de la Sala su decisión de no acusar a Luis Oliver y de desistirse en la acción civil con respecto a la sociedad Bitton Sport, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Liga de Juristas Béticos. La defensa recuerda que en las conclusiones provisionales el Betis acusó a Lopera y a Oliver de un supuesto alzamiento de bienes en la venta de las 59.925 acciones del Betis formalizada el 6 de julio de 2010 entre Farusa y Bitton, señalando en dicho escrito que la compraventa fue "ficticia" porque ninguna de estas sociedades tenía capacidad económica y calificaba dicha operación como un "poco burda" por ser "de ida y vuelta". Pero, tras el acuerdo con Bitton Sport, la entidad ha inscrito a ésta como titular en el registro de accionistas y ha suscrito un "documento otorgando al Betis un derecho de opción de compra respecto de las acciones objeto del contrato calificado por las acusaciones como simulado", recuerda la defensa de Lopera, que subraya que el Betis considera ahora "valido y eficaz el contrato de compraventa", retirando la acusación contra Luis Oliver y la entidad compradora, "pero no respecto del señor Ruiz de Lopera". Es por ello que la defensa reclama la declaración como testigo del presidente, Ángel Haro, y también que se requiera al Betis para que aporte el "documento privado suscrito con Bitton".

La Fiscalía de Sevilla y las plataformas se opusieron a la práctica de estas pruebas, al entender que las mismas son "extemporáneas" y, además, para la acusación que ejerce el Betis, la prueba que se ha interesado "no tiene nada que ver" con el juicio. La Audiencia dejó la cuestión pendiente de resolución.