La creación de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas queda condicionada a un plan de movilidad que garantice suficientes servicios públicos a los ciudadanos para trasladarse al nuevo distrito judicial. 

Se trata del principal requisito acordado en la reunión mantenida este martes entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. 

El encuentro ha tenido lugar en la Audiencia Provincial. A su conclusión, el regidor hispalense ha destacado que "nunca antes" se había tenido una reunión "tan franca y seria" para analizar las alternativas para crear la Ciudad de la Justicia. 

Tanto Espadas como Marín han coincidido en afirmar que la opción que ambas administraciones consideran más válida es Palmas Altas, donde se encuentra la sede de Abengoa y la de la Universidad Loyola. Sin embargo, esta alternativa no es factible a corto plazo. De hecho, el tiempo estimado para que se haga realidad -según el consejero de Justicia- es de cuatro años, prácticamente al final del mandato del actual Ejecutivo andaluz.  

El principal problema al que se enfrenta Palmas Altas es su accesibilidad. Es decir, debe ser un distrito judicial cercano tanto para los integrantes de este estamento como para los ciudadanos que han de desplazarse a dicho recinto. Para ello, resulta imprescindible elaborar un plan de movilidad bastante ambicioso, en el que el transporte público esté garantizado en múltiples formas: autobús, tren y metro, es decir, servicios de los que en buena parte lleva adoleciendo la ciudad hispalense desde hace décadas. 

El plan de movilidad que se elabora ha de garantizar el transporte público para los trabajadores de la sede judicial y los ciudadanos

Para abordar esta densa cuestión, se va a crear un grupo de trabajo que comenzará a trabajar los próximos meses. Aún no hay fecha prevista para que se concluya el mencionado plan, aunque sí para que la Ciudad de la Justicia se haga realidad. Marín apuntó a un periodo de cuatro años para su puesta en marcha. Es decir, al expirar el actual mandato del Gobierno en coalición de PP y Ciudadanos. Un periodo que se antoja, a priori, demasiado breve ante los escollos en movilidad que ha de resolver y en el que, según el consejero, también van a pedir al Ministerio de Fomento "que se implique".

Al margen queda la inversión que debe acometer la Junta de Andalucía en Palmas Altas. Por un lado, 60 millones de euros en adquirir los siete edificios actuales de Abengoa y, por otro, 30 millones en su reforma y adaptación, por lo que el desembolso total llegaría, como mínimo, a los 90 millones. 

Espadas y Marín realizan declaraciones sobre la Ciudad de la Justicia al término de la reunión.

Resuelto el problema de la accesibilidad, al estamento judicial compete la decisión de cómo distribuiría los distintos servicios en la ciudad. En este sentido, Lorenzo del Río no ha descartado que la Audiencia Provincial se traslade al nuevo recinto. "Todo está abierto. Se trata de una solución que debe ser consensuada", ha destacado el presidente del TSJA. 

Lo que han dejado claro tanto Espadas, como Marín y Del Río es que mientras no se aborde el plan de movilidad y éste se demuestre realizable la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas continúa siendo una entelequia.