El Consistorio supo el martes que tenía la subvención del plan Zonas

Los 45 despedidos aseguran ser víctimas de un enfrentamiento político. La Junta no aclara cuándo pagará.

El Consistorio supo el martes que tenía la subvención del plan Zonas
A. S. Ameneiro

15 de noviembre 2013 - 05:03

El Ayuntamiento de Sevilla decidió el cierre del programa de barrios con especiales necesidades de transformación al día siguiente de conocer que la Junta de Andalucía le había concedido definitivamente una subvención de más de 933.500 euros para atender a la población del Polígono Sur, el Polígono Norte, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y El Vacie. La Junta le envió el martes 12 de noviembre la resolución definitiva de la subvención por vía email, aunque bien es cierto que por un importe un 30% inferior al que pidió la ciudad y a dos días del plazo límite. El documento se reproduce arriba junto a estas líneas.

La queja razonable del Consistorio es que el dinero todavía no le ha llegado físicamente y que no puede asumir en solitario un gasto tan elevado, como ya tuvo que hacer en 2012. El Gobierno andaluz se resiste a dar una fecha de pago de los 932.500 euros y sólo responde que "pagará en los próximos días cuando el expediente salga del servicio de Intervención" donde está ahora, según aclaró ayer a este periódico la consejería de Políticas Sociales.

Es por eso que el Ayuntamiento ha despedido a los 45 trabajadores, que fueron destituidos este jueves, y argumenta que lo ha hecho porque la Junta no ha publicado oficialmente la resolución definitiva de la subvención.

Otras dos quejas del Consistorio son que el Gobierno andaluz lleva años retrasando la concesión de este dinero y que la Junta no responde a su propuesta de cambiar el procedimiento por uno más ágil: "La subvención directa con carácter excepcional", como se reproduce sobre estas líneas.Incluso el Defensor del Publo Andaluz rogó en enero a la Junta que agilice el pago de estos programas sociales esenciales. El procedimiento actual "en régimen de concurrencia competiva" se resuelve por el orden de prioridad de las solicitudes y está limitado por la disponibilidad presupuestaria existente, según admite la propia consejería.

Esta vez el equipo de Zoido no está dispuesto a asumir el pago en solitario. Lleva desde marzo pidiendo a la Junta que actúe con antelación si no quiere que se interrumpa el programa porque le es "imposible hacer frente exclusivamente con financiación municipal" a los gastos, advierte la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco. "Todos los Ayuntamientos de Andalucía conocen perfectamente cómo la Junta de Andalucía ha ido retrasando en estos dos últimos años la publicación de la convocatoria", criticó este jueves la delegada, quien explicó que en 2012 la publicó el 31 de julio, cuando hasta 2010 la realizaba en el primer trimestre del año, provocando así que su resolución haya sido posterior al plazo de ejecución , y a pesar de que el Ayuntamiento le viene dando todas las facilidades posibles para que no sea así", añadió.

Los trabajadores del programa lamentaron este jueves que se haya llegado al "extremo" de paralizar el servicio y de cesar a los profesionales que han desempeñado hasta este jueves su labor por un "enfrentamiento" entre la Junta y el Ayuntamiento. Por ello, mantendrán las movilizaciones hasta que los empleados afectados firmen la readmisión en sus puestos de trabajo. Según la delegada, se readmitirá a los trabajadores y se reanudará este servicio social cuando "la Junta envíe la resolución definitiva".

En rueda de prensa, los responsables sindicales explicaron que con esta paralización casi 99.000 vecinos se quedarán sin servicios sociales. Criticaron que esta situación de "incertidumbre" se produzca cada año y piden soluciones "para que ni los trabajadores ni los vecinos se vean afectados pos estas polémicas", señaló José Antonio Medina, de UGT municipal. El comité de empresa critica el proceso de la Junta de "hacer entrar" a los ayuntamientos en concurrencia competitiva para subvenciones y propone buscar "otros modelos de financiación para que los servicios no se vean interrumpidos, por ello la Junta debe tomar una decisión", apostilló el presidente Manuel Loza.

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