La Fundación DeSevilla alega que el despido de Castaño se debió a la "crítica" situación económica no a motivos políticos

La Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla ha alegado este jueves que el despido del ex asesor del grupo Socialista Domingo Enrique Castaño, el que fuera colaborador del anterior alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, se debió a la "crítica" situación económica de la entidad, que arrastraba unas pérdidas de 1,5 millones de euros, y no a ninguna motivación de índole política, como alega el demandante. Castaño no ha estado presente en la sesión por no ha sido citado.

En el juicio celebrado en el juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, la abogada que representa a la Fundación DeSevilla ha pedido al juez que confirme la procedencia del despido y fije una indemnización a razón de 84,93 euros de salario al día, al haber aplicado el decreto de reducción salarial del 7% para los funcionarios públicos, además de que se le considere una antigüedad en la empresa desde septiembre de 2007 y no desde 1999 –fecha en la que entró como personal eventual de confianza del grupo municipal del PSOE-.

La Fundación ha argumentado que el despido de Domingo Enrique Castaño se debió a razones económicas y productivas, por cuanto la situación económica de la entidad era "crítica" y en octubre de 2011 el nuevo gobierno municipal del PP acordó su disolución. La letrada alegó que la ejecución de proyectos de la fundación en el período 2007-2010 presentaba un déficit de más de 850.000 euros y que las pérdidas superaban los 1,5 millones de euros en 2011, por lo que un informe del interventor indicó que sólo quedaban dos vías: el reequilibrio patrimonial, lo que suponía la aportación por parte de los patronos de esos 1,5 millones, o la liquidación previa y disolución, decisión que se adoptó.

Esta situación económica, añadió la letrada, "justificaba" el despido de Castaño y de los otros trabajadores que aún quedaban en DeSevilla. A la fecha del despido, precisó, las dos cuentas bancarias de DeSevilla arrojaban unos saldos de 14,93 y "cero euros".

DeSevilla, continuó la abogada de esta parte demandada, vio cómo se cortaban las dos vías de financiación, relacionadas con las subvenciones, dado que hubo que abrir expedientes de reintegro de algunas ayudas, y en junio de 2011 se acordó el cese de los proyectos, lo que eliminó la posibilidad de realizar cursos de formación, otra de las fuentes de ingresos.

La abogada puso de manifiesto que cuando Castaño se reincorporó, un día después se inició un ERE "cuya legalidad se cuestiona en la vía penal", en alusión a la investigación abierta por un juzgado de Instrucción y en la que hay ya varios imputados, entre ellos el que fuera gerente de la fundación, Miguel López Adán.

La representación jurídica de la Fundación insistió en que "no hay indicios suficientes" que acrediten que la "única motivación del despido fuesen las inclinaciones políticas del demandante contrarias a las de los nuevos rectores” e insiste en que junto a Castaño fueron se extinguieron “todos los contratos” de los trabajadores, cinco, que aún seguían en la entidad.

La demanda de Domingo Enrique Castaño, que está imputado en uno de los sumarios que investiga la juez Mercedes Alaya –por la adjudicación "fraudulenta e ilegal" de los terrenos de Mercasevilla-, se dirige además contra los patronos de la fundación DeSevilla, como son las empresas municipales Emasesa, Emvisesa, Lipasam, Tusam, Sevilla Global y el propio Ayuntamiento, cuya representación jurídica consideró que debe ser absuelto ya que el Consistorio "jamás ha sido empresario" de Castaño.