La Policía investiga una variante del timo de la multipropiedad

La Policía Nacional está investigando en Sevilla una variante del timo de la multipropiedad en la que las víctimas son aquellas personas que pretenden vender su parte en los inmuebles que poseen con otras personas. La unidad de este cuerpo adscrita a los juzgados ha iniciado una investigación que se ha remitido a la Audiencia Nacional por haber afectados a otras provincias españolas. En Sevilla llegaron a ser detenidos dos miembros de una organización internacional dedicada a esta estafa.

La variante de este timo, conocido como de la multipropiedad o con el término inglés de time-sharing, consiste en estafar a los copropietarios de inmuebles en régimen de tiempo compartido. Esta estafa es cometida principalmente por organizaciones internacionales, que tienen entre sus miembros a empleados desleales de las compañías de time-sharing. En España existen más de cuatrocientas empresas dedicadas a la multipropiedad. Los empleados desleales sustraen información de las bases de datos de las compañías y se hacen con listados de los titulares de los derechos inmobiliarios.

Luego contactan con ellos y les hacen creer que hay personas interesadas en comprarles su participación. Aparentemente todo es legal y presentan a falsos compradores, falsos abogados y falsos notarios que simulan una operación de compraventa. Si los titulares están interesados en vender su parte -y con la crisis económica es más habitual que lo estén-, éstos terminan cayendo en la estafa. Aceptan la propuesta, intercambian documentación con los supuestos compradores y lo dejan todo atado para la venta.

En ese momento, los estafadores aseguran a sus víctimas que el dinero ya está a su disposición pero que tienen que abonar una determinada cantidad de dinero para cumplir con una serie de trámites administrativos, tasas e impuestos. Estos gastos son inventados y una vez que la víctima ha realizado la transferencia, los estafadores desaparecen. Ya no responden al teléfono móvil que antes siempre estaba operativo y no aparecen el resto de intermediarios que participaban en la operación.

Pero la estafa no termina aquí. Luego se ponen en contacto con las víctimas falsos abogados que aseguran conocer el asunto y les prometen llevar el caso para recuperar el dinero defraudado. Estos supuestos letrados aseguran que ya han recuperado la cantidad estafada, pero exigen a las víctimas otro montante en concepto de servicios prestados. En algunos casos la cantidad solicitada por los falsos abogados duplicaba o triplicaba el dinero defraudado en un primer momento.

Para la Policía, es fundamental para combatir este tipo de acciones la rapidez a la hora de iniciar las investigaciones. Sin embargo, la mayoría de los afectados son extranjeros y no denuncian o tardan en hacerlo porque no se percatan de haber sido víctimas de una estafa hasta bastante tiempo después. La investigación de este tipo de delitos es bastante complicada, puesto que los falsos compradores no suelen utilizar datos reales, sino identidades falsas, y teléfonos móviles con tarjeta prepago, sin que las compañías telefónicas verifiquen completamente los datos aportados por los estafadores.

Esto supone que las investigaciones comienzan tarde, cuando ya las cuentas corrientes de los afectados tienen un saldo mínimo. En Sevilla hay decenas de afectados, la mayoría con pisos en régimen de multipropiedad en Canarias y en la Costa del Sol. En ambas zonas se desarrollaron desde el año 2000 empresas con ánimo de defraudar en el ámbito de la multipropiedad dirigidas a los ámbitos anglosajón y centroeuropeo.

Estas empresas son legales y están registradas en España a nombre de los principales implicados en esta estafa. Desde estas compañías, mediante teleoperadoras, se ponen en contacto con los propietarios de un piso a tiempo compartido y les ofrecen la posibilidad de vender su participación, además de ofrecer posibles compradores. Estas empresas llegan a tener un entramado tal que únicamente se muestra públicamente el último escalón jerárquico, que suele estar compuesto por terceras personas interpuestas por los responsables de las organizaciones para que funcionen como las partes visibles de las empresas.

Se trata de los llamados hombres de paja, encargados de abrir cuentas bancarias y retirar las transferencias, siempre controladas desde la distancia por los verdaderos cabecillas. A veces se trata de personas que viven en la indigencia que reciben una cantidad económica a cambio de su trabajo para la organización, que no suele prolongarse durante más de unos meses. En Sevilla han sido detenidos dos de estos hombres de paja.