La bajada de la natalidad sigue haciendo mella en el proceso de escolarización que comenzó en marzo en la provincia de Sevilla. Esta merma ha provocado que aumente el número de colegios en los que la oferta no se ha llegado a cubrir por completo, una cifra que asciende a 115 centros en la capital hispalense y que se ha incrementado respecto al presente curso. El aumento más significativo se ha producido en los concertados, en los que actualmente hay 36 que presentan plazas vacantes. 

Los datos comparativos demuestran que la demanda sigue en descenso. El año pasado, por estas fechas, en Sevilla capital había 78 colegios públicos con puestos libres para niños de tres años tras concluir el plazo oficial de presentación de solicitudes. Ahora son 79, uno más. Sin embargo, en los concertados esta diferencia resulta mayor. De 28 centros con excedente de oferta en abril de 2020 a los 36 actuales, ocho más en un solo año.

Ahora, eso sí, ha de tenerse en cuenta un hecho diferencial. El grupo de centros con excedente de plazas en la concertada supone un 62% de los 58 existentes en la capital, tras crecer 14 puntos en un ejercicio. En los públicos representa el 79%, una cifra que se mantiene prácticamente igual que en 2020.

Planificación "provisional"

Estos datos adquieren especial relevancia en un momento marcado por la polémica –que ya ha entrado en el terreno de la confrontación política– entre las familias que critican el cierre de aulas en la enseñanza pública y la Consejería de Educación y Deporte, que asegura que la planificación sólo es “provisional”, ya que la definitiva se hará efectiva los próximos meses. Y en este tiempo, según precisan fuentes de la delegación territorial que dirige María José Eslava, no se descarta que también puedan perder unidades los concertados, a tenor de los resultados de la demanda. 

Según esta afirmación, todo está por decidir, ya que las listas de espera para ocupar plaza y, por tanto, la configuración de los centros, quedan abiertas hasta pocas semanas antes del inicio del nuevo curso. Un razonamiento que para la administración autonómica pone en jaque las protestas de las AMPA, sindicatos y partidos políticos durante las últimas semanas. Educación, en este sentido, aporta otro dato: en toda la provincia el número de vacantes de tres años asciende a 1.239. De los 105 municipios sevillanos, sólo en ocho se ha cubierto la oferta por completo. 

Sin embargo, estas afirmaciones no convencen ni a los padres ni a buena parte de los equipos directivos de los colegios públicos, que en marzo tuvieron que ofertar menos plazas que años anteriores. Especialmente en aquellas zonas necesitadas de transformación social o donde existe una alta concentración de concertados. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el distrito educativo conformado por el Polígono de San Pablo y la barriada de Santa Clara, donde la oferta pública resulta mínima en comparación con la que presentan los centros privados sostenidos con fondos de la Junta. 

La realidad de cada distrito

Así, en el CEIP San Juan de Ribera sólo se han ofertado ocho plazas públicas y nueve en el San Ignacio de Loyola, frente a las 125 de los concertados de la zona: el Santo Ángel (con 75 puestos repartidos en tres aulas) y el San Agustín (50 plazas en dos unidades). Una “descompensación” que únicamente se justifica en la demanda, o en lo que el Ejecutivo regional de PP y Cs entiende como libre elección de las familias a a la hora de decidir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos. Este posicionamiento choca frontalmente con uno de los principios que establece la polémica ley Celaá, según el cual, la concertada es “subsidiaria” de la educación pública y, en caso de bajada de natalidad, es la primera que ha de sacrificarse. 

De ser así, en esta demarcación tendría que haber menguado bastante la oferta de los colegios concertados y haber intentado salvar las líneas en los públicos. Sin embargo, el planteamiento de la Junta lo avala el resultado de las solicitudes, pues de las nueve plazas ofertadas por el CEIP San Ignacio de Loyola, cinco quedan libres, mientras que en el San Agustín sólo quedan tres vacantes y en el Santo Ángel hay excedente de demanda. 

Hasta ahora, la Justicia ha dado la razón a los concertados cuando los gobiernos socialistas de la Junta habían cerrado sus aulas en la planificación de la oferta sostenida con fondos públicos. Los tribunales se basaban para ello en la anterior ley educativa –la Lomce–, que fijaba la demanda como principal criterio. Los centros afectados recibían solicitudes suficientes para mantener esas unidades. El momento actual, por contra, es distinto, puesto que se reduce la población en edad escolar y la Lomloe antepone el mantenimiento de la enseñanza pública a la concertada, con independencia de la elección de las familias.

Las familias abogan por bajar la ratio 

Las AMPA públicas, por su parte, consideran “injusto” que el recorte de unidades se haya efectuado en la oferta presentada en marzo, mientras que a los concertados (que este año renuevan los acuerdos de Infantil) no se les ha “tocado”, situación que califican de “agravio” y que hace prever que la cifra de plazas, finalmente, se les respete para el próximo curso. Una crítica que fundamentan en casos como el ocurrido en el Casco Antiguo, donde el déficit de plazas públicas se evidencia cada año. De los cinco centros de titularidad municipal, en cuatro la demanda supera la oferta. Los vecinos de esta amplia zona llevan décadas esperando la construcción de un nuevo colegio público junto a los Jardines del Valle. Tras muchas promesas, el nuevo edificio podría comenzar a construirse a finales de 2021. 

Otra de las peticiones de padres y sindicatos ha sido la de aprovechar la bajada de la natalidad para disminuir la ratio en las aulas y prestar, así, una educación de mayor calidad. Una reclamación que también se pidió en su día desde la concertada. La Consejería de Educación ha cuestionado que un menor número de alumnos por aula garantice un mejor rendimiento académico. Por tal motivo, plantea como alternativa dotar de mayores recursos las aulas, un incremento que se concreta en la contratación de más personal docentes y el equipamiento con las nuevas tecnologías. 

El propio consejero, Javier Imbroda, ha puesto en entredicho el sentido de unas protestas “preventivas” basadas en la exigencia de la bajada de la ratio y ha pedido a la comunidad educativa que, en caso de salir a la calle, lo hagan por el fracaso y el abandono temprano de la enseñanza, donde Andalucía sigue ocupando puestos sonrojantes. Una afirmación que no convence a las AMPA y sindicatos, que estarán muy vigilantes de que esa reducción de la demanda en los concertados se materialice también en una merma de unidades, como ha ocurrido en marzo con los colegios públicos.