La aldaba
Carlos Navarro Antolín
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Las arcas municipales se verán mermadas el año que viene por la bajada prevista en la recaudación de la plusvalía y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los técnicos municipales de Hacienda calculan que la ciudad perderá hasta 20 millones de euros debido a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mayo que anuló el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (que es como se denomina el llamado impuesto de plusvalías), lo que abrió una vía de reclamación para los afectados; y la finalización de la regularización del catastro para localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta en estos últimos años. El equipo de Juan Espadas solicitará una compensación al Estado para recuperar parte del dinero que se dejará de ingresar por la reforma del impuesto de plusvalía. Será una de las medidas para compensar la subida del gasto público hasta los 874 millones de euros.
El ingreso por las plusvalías se estima que se quede en 2018 en los 22 millones de euros. Este mismo año llegará a los 35, lo que supone una caída mínima de 13 millones. La razón que generará este brusco descenso de ese ingreso se encuentra en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que argumentó que sólo se pagará el impuesto de plusvalía en los casos en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que vende el propietario. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago de este gravamen, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Esta figura impositiva es de gran importancia para los municipios y sólo en 2015, último año del que se tienen datos, la recaudación superó los 2.600 millones de euros. Y en los últimos cuatro años, que en principio es el plazo máximo que puede pasar desde que se pagó el impuesto hasta que se pone la reclamación, la cifra asciende a esos más de 8.300 millones que ahora son susceptibles de ser revisados y, en su caso, reembolsados a los afectados. Todo se encuentra a la espera de que el Estado apruebe el decreto para comenzar con las devoluciones. El gobierno socialista trabaja en un documento con el que solicitará una compensación por la perdida de estos ingresos municipales.
La regularización de viviendas que finaliza este año es el motivo de la bajada prevista en el IBI. Al menos en el 7% de los inmuebles a los que el catastro haya notificado un aumento de IBI por la nueva regularización podrán existir errores en la nueva valoración. Uno de los errores más frecuentes es la consideración de toldos o sombrillas como edificación. El coste por esta regularización es una tasa de 60 euros y el incremento por las construcciones no comunicadas en los años anteriores. Los técnicos estiman que la reducción puede llegar hasta los siete millones. En los últimos años (2011-2017) la recaudación han sido de 177, 192, 193, 178, 175, 178 y 188 millones de euros.
En el documento elaborado por los funcionarios de la delegación de Hacienda también aparecen las previsiones de ingresos para el año que viene de otros impuestos. Se plantea recuperar los niveles del impuesto de vehículos de 2013, aunque no existe ninguna propuesta concreta encima de la mesa. Se trata de mejorar la gestión de su recaudación. Hace cuatro años la cifra llegó a los 33,4 millones, la más elevada desde 2011. Tanto para el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) como para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se prevé otra caída (en torno a 600.000 euros) fruto de la situación económica. Desde el gobierno socialista explican que se trata de una visión prudente y que el coeficiente actual del tributo de construcción, instalación u obra ha permitido que en los últimos meses se hayan incrementado los proyectos en la ciudad. Respecto a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), la previsión de Hacienda es que haya un leve aumento tras la caída del año pasado (unos 800.000 euros). En el equipo del alcalde socialista hay preocupación de que el ingreso vuelva a bajar un año más.
La mejor gestión de las tasas y precios públicos, así como revisiones puntuales como la que se realizará en el Real Alcázar, permitirá incrementar los ingresos por este concepto en cinco millones de euros. Los técnicos de la Delegación municipal de Hacienda estiman que la recaudación llegará a los 184,2 millones. El Patronato del Real Alcázar abordó la semana pasada las futuras ordenanzas fiscales. Como proyectos de futuro, acordó (sin ningún voto en contra) la propuesta presentada por el gobierno socialista para una revisión de las ordenanzas fiscales que permita aumentar los ingresos propios del Patronato y poder afrontar nuevas inversiones en el Alcázar y en el patrimonio municipal. El Alcázar cuenta, de hecho, con unas tarifas muy inferiores a otros conjuntos patrimoniales, además de ser completamente gratuito para las personas empadronadas en la ciudad de Sevilla. La subida, que en el título individual asciende a dos euros, se destinaría a inversiones en patrimonio municipal y especialmente del propio Alcázar. Se trata así de aprovechar mejor los recursos económicos que genera el Alcázar dados sus buenos resultados. De hecho, el año 2016 se cerró con un resultado favorable de 4,6 millones de euros y que el remanente de tesorería positivo alcanzara los 14,8 millones de euros. Los planes del equipo de Juan Espadas también pasan por mejorar la gestión de la recaudación de los usuarios del Instituto Municipal de Deportes y de las distintas líneas de Tussam. Introducen esta subida de ingresos en el documento al entender que si se mantiene la mejoría de los últimos años, la recaudación crecerá.
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