Los 'concertados' recurren ante el juez el proceso de escolarización

La patronal de las escuelas católicas alega contra la orden de la Junta que obliga a mostrar en el plazo de alegaciones los expedientes de los alumnos admitidos

Clase de Matemáticas en un colegio concertado de Sevilla.
Diego J. Geniz

21 de abril 2009 - 05:03

Un año más los colegios concertados y la Junta vuelven a discrepar en pleno proceso de escolarización. Esta vez el motivo de la polémica se centra en la orden publicada por la Consejería de Educación en el BOJA del pasado 27 de febrero mediante la cual se establecen los nuevos criterios que rigen la admisión de alumnos para el próximo curso. En concreto, el recurso contencioso administrativo que la patronal de escuelas católicas FERE ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va contra el artículo 32 de dicha orden, en el que se determina que durante el plazo de alegaciones -vigente hasta el próximo viernes- "en los centros docentes públicos y en los privados concertados, a solicitud de las personas interesadas, se pondrán de manifiesto los expedientes para que puedan formular las alegaciones [...] que estimen pertinentes".

Este cambio viene motivado por la advertencia de Protección de Datos a la Junta de que se podía incurrir en un delito si se seguían publicando datos personales en las listas de alumnos admitidos durante el proceso de escolarización. La Consejería de Educación reaccionó ante esta advertencia y decidió que sólo aparecieran el nombre y el total de puntos obtenido por el menor, por lo que la única vía que le quedaba a los padres que quisieran presentar una alegación es que los centros les mostraran de manera particular los expedientes.

Por su parte, el departamento jurídico de FERE -que en Sevilla cuenta con más de 80 colegios asociados- considera que la mencionada orden "supone una asimilación de trato con los centros educativos de titularidad pública" con la que no están conformes. Ante varias reuniones "infructuosas" con Educación -según especifica la patronal en una circular- decidieron interponer un recurso contencioso administrativo contra la orden, en el que, además, se solicita que hasta que el TSJA no se pronuncie los centros religiosos envíen sus expedientes a la Delegación Provincial de Educación, adonde deberán acudir los padres que deseen presentar alguna alegación.

La respuesta por parte de la Administración educativa no se ha hecho esperar: los expedientes han sido de nuevo remitidos a los colegios de origen para que los muestren a los familiares interesados. Ante esta situación, y a la espera de una respuesta del Alto Tribunal Andaluz , la patronal ha vuelto a enviar otra circular a los centros concertados en la que informa de que el departamento jurídico ha elaborado "un acta de exhibición de documentos que salvaguarda la condición de colegio privado" y en la que se expresa que la muestra del expediente se debe a la negativa de la administración a enseñarlos a los familiares en el plazo de alegaciones.

Los padres que quieran comprobar algún expediente antes de presentar una alegación tendrán que firmar un documento en el reconoce que el centro concertado "no posee naturaleza jurídico-administrativa y, por ende, no está facultado para realizar el trámite de vista y audiencia con las garantías que prevé la ley, pudiendo menoscabar mis derechos y el de otros padres".

La FERE también ofrece la posibilidad a aquellos centros que prefieran no realizar el trámite de vista y audiencia hasta que el TSJA se pronuncie, de contar con "apoyo jurídico e institucional ante la Administración educativa". Para esta opción, la patronal también ha elaborado otro documento donde se argumenta la negativa a mostrar los expedientes.

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