Denuncian "especulación y destrucción" del legado de la Expo 92 en el Canal de los Descubrimientos

La Asociación de la Defensa del Patrimonio de Andalucía (ADEPA), presidida por Andrés Egea, organizó en la tarde de ayer la mesa redonda El legado patrimonial de la Exposición del 92: la Cartuja y el Canal de la Expo, en la que se denunció el convenio entre el Ayuntamiento y la Junta para transformar este icónico espacio. En el encuentro participaron José García-Tapial y León, arquitecto, miembro del consejo asesor de ADEPA; Rafael Ruiz Gil, presidente de la Asociación Legado Expo Sevilla; y Fernando Díaz del Olmo, catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador del Consejo Asesor de ADEPA.

En la mesa redonda, celebrada en la sede de la Academia de Buenas Letras, se abordaron los riesgos que las modificaciones urbanística planteadas por el Ayuntamiento podrían suponer para la preservación del legado patrimonial de la Exposición Universal de 1992. Los ponentes coincidieron en que la Isla de la Cartuja precisa de un plan integral, "no de un parcheo".

La iniciativa planteada se calificó como un intento de "destrucción del legado de la Expo 92 y de especulación urbanística". El convenio, que busca modificar la ordenación urbanística del ámbito ARI-DT-07 Cartuja-Canal Expo, pretende que suelos actualmente calificados como Zonas Verdes y Espacios Libres pasen a ser edificables, y que suelos edificables obtengan una calificación más lucrativa, que se definieron como "especulación".

El Canal de los Descubrimientos, en riesgo

El foco central de la denuncia es el Canal de los Descubrimientos, que se consideró un "elemento fundamental del legado de la Exposición Universal de 1992" y el "elemento estructurante más reconocible" de la configuración urbana del recinto. Cegar y edificar el Canal, según se expuso, significaría "enterrar definitivamente la memoria de la Exposición Universal".

La propuesta de modificación incluye la "reutilización del canal para dotación de aparcamientos subterráneos". ADEPA argumentó en sus alegaciones que esto es incompatible con la calificación urbanística vigente en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que identifica la totalidad del cauce con el color verde, correspondiente a “Espacios Libres”.

Además de la contradicción urbanística, se alartó sobre la degradación ambiental de la propuesta. Sustituir la lámina de agua por la cubierta de hormigón de un aparcamiento inhabilitaría los "mecanismos de autorregulación climática" y las posibilidades de confortabilidad térmica de la Cartuja, un perjuicio que ya había sido alegado previamente por la asociación.

Intenciones económicas y coacción en las cesiones

Los ponentes denunciarion que el convenio ha sido propuesto por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en lugar de las consejerías de Fomento o Cultura, lo que evidencia unas intenciones "puramente económicas" por parte de la Junta. En este sentido, se acusó a la Junta de haber heredado de la anterior administración (AGESA) el "mismo desinterés por el legado de la Expo 92 e idéntico 'afán crematístico'".

En cuanto a las supuestas contrapartidas a favor de la ciudad, afirmaron que no son tales. La cesión de los Jardines del Guadalquivir (ASEL – DT- 01) es obligatoria por ley desde 2006, fecha de aprobación del PGOU, y debió haberse efectuado hace 20 años sin necesidad de convenio alguno. Se consideró "ilegal y éticamente inaceptable" que la entrega de los Jardines esté condicionada a la firma del presente convenio, entendiendo que esto supone una "presión coactiva". Además, la Consejería de Hacienda se reservaría los aprovechamientos correspondientes a los Jardines para materializarlos en otras parcelas de su propiedad, buscando una mayor rentabilidad económica.

La Junta también retiene la propiedad de las pasarelas sobre el canal, y solo "reconoce y autoriza" su uso para tránsito peatonal si se firma el convenio, un hecho que ADEPA considera una "actitud poco generosa" y que ilustra el carácter "ventajista" de la propuesta.

Otra de las concluisiones es que la intervención supone una recalificación de los terrenos hacia calificaciones más lucrativas, en contra de los intereses históricos, medioambientales, patrimoniales y paisajísticos de Sevilla.