El Gobierno construirá 240 VPO en la antigua cárcel de la Ranilla
Toscano destaca que la zona simboliza la transformación urbana de Sevilla para abordar las necesidades de vivienda de sus ciudadanos
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El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión de ocho antiguos suelos penitenciarios del Ministerio del Interior al Sepes, la entidad pública de gestión de suelo y vivienda protegida, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El fin es transformarlos en nuevos espacios residenciales, sobresaliendo la actuación en la antigua cárcel de la Ranilla.
Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha informado que el Ejecutivo ha autorizado la construcción de 240 viviendas públicas en 5.500 metros cuadrados. Esto convierte a Sevilla en la segunda intervención más importante de España, solo superada por Carabanchel entre las ocho aprobadas.
Toscano destacó que "la Ranilla simboliza la transformación de una ciudad que se reinventa para solventar las necesidades urbanísticas de su ciudadanía", resaltando la acción del Gobierno de España y su política de poner el patrimonio público al servicio de la vivienda asequible.
El proyecto de la Ranilla requerirá una fase previa de demolición y reordenación urbanística antes de iniciar la edificación. Esta acción se inscribe en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios de 1991, que promueve la reutilización de espacios públicos en desuso para responder a las necesidades actuales de vivienda.
En total, los ocho suelos transferidos posibilitarán la promoción de 1.332 viviendas en distintas comunidades autónomas, con un valor conjunto estimado de 78 millones de euros. Se ubican en Carabanchel (Madrid), Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).
Estas ocho parcelas forman el tercer paquete de cesión de terrenos, sumándose a los 17 cuarteles militares traspasados por Defensa hace meses y a las más de 55.000 viviendas de la Sareb transferidas en julio.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una política de vivienda pública, sostenible y equitativa, transformando antiguos espacios penitenciarios en nuevos barrios de vivienda asequible.
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