Un informe de Interior culpa a la Justicia de fallos del caso Mari Luz

Un informe del Ministerio del Interior que analiza la investigación policial en el caso de Mari Luz reconoce errores judiciales durante todo el proceso y principalmente apunta al fallo que cometió el juez Rafael Tirado por no ordenar la ejecución de la sentencia por la que Santiago del Valle debería haber estado en prisión cuando cometió el crimen.

El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, solicitó pocos días después de que fuera hallado el cuerpo de la niña -el 7 de marzo de 2008- un informe de la investigación policial al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y el 24 de abril de ese año el que fuera ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entregó en mano a Cortés un documento en el que se analizaban los pormenores de la investigación, un texto de ocho páginas al que ha tenido ahora acceso en exclusiva este periódico.

El punto sexto del informe, titulado Consideraciones respecto a la actuación policial, puede resumirse en que Interior culpa a la Justicia de los errores de mayor trascendencia, que demoraron el esclarecimiento del caso. Así, enfatiza que la labor desarrollada por los investigadores policiales fue "extraordinariamente compleja", al tiempo que concluye que "no han cometido fallo alguno cuya trascendencia hubiera sido importante para el desarrollo de la investigación". Es decir, que admite soterradamente que hubo errores, aunque no fueran a su entender de gran calado.

Antes de entrar en materia, el Gobierno recuerda que la requisitoria del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla contra el asesino de Mari Luz Cortés "no figuraba inscrita en las bases de datos policiales", refiriéndose a que el juez Rafael Tirado no ordenó ejecutar la sentencia por la que Santiago del Valle, en enero de 2008, debía haber estado en prisión. Prosigue el Ejecutivo en el documento que, si bien la relación Policía Judicial-autoridad judicial "suele ser fluida", en el caso Mari Luz se produjeron "algunas distorsiones". Entre ellas destaca que en la primera detención de Del Valle y su mujer, Isabel García, en Granada dos días después de la desaparición de la niña en El Torrejón -15 de enero- "se planteó al juez de guardia la conveniencia de su traslado a Huelva para continuar con los interrogatorios". No obstante, esto no fue posible porque el juez de guardia estimó que dicho traslado debería ordenarlo la magistrada encargada del caso, la titular del Instrucción 1 onubense, pero "no fue posible contactar con la referida juez al estar disfrutando de días libres".

Juan José Cortés mostró su indignación ante esta coyuntura, que permitió que el pederasta y su esposa fueran puestos en libertad "después de permanecer menos de 24 horas en la comisaría de Granada: si los hubieran sometido a un interrogatorio en condiciones, probablemente el caso se hubiera resuelto en horas".

Los investigadores, capitaneados por el inspector Francisco Durán, comprobaron que Del Valle tenía antecedentes por abusos sexuales a menores, "concretamente de la misma edad de la desaparecida, incluida su propia hija, de la que tiene retirada la patria potestad", reseña el atestado policial granadino. El documento añade que el 14 de enero 2008, cuando se pretendió localizarlos para que declararan, "se comprobó que se habían ausentado de su domicilio con la excusa de trasladarse a Sevilla para visitar a su suegra que se encontraba hospitalizada, extremo éste que se comprobó que no era cierto". El asesino de Mari Luz e Isabel García fueron detenidos el 15 de enero a las 22:45 en el interior de la estación de autobuses de la carretera de Jaén. Según constan en las diligencias policiales que figuran en el sumario del caso, a las que ha tenido acceso este rotativo, fueron abordados por policías de paisano. Ella, al ser requerida, "se pone extremadamente nerviosa y, sin ser preguntada al respecto, manifiesta que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de la niña de Huelva, que su marido ha tenido problemas con la Justicia, incluso le han retirado la custodia de sus hijos al ser acusado de abusos a los mencionados hijos y que por ello han decidido marcharse de Huelva y cambiar de aires". Del Valle tenía antecedentes gravísimos -le constaban seis detenciones, la última del 13 de abril de 2004 en Sevilla, por abusos-, mintió claramente, su mujer se puso de los nervios cuando los detuvieron. Pero a las 20:15 del 16 de enero ambos fueron puestos en libertad "a pesar de las contradicciones en las que han incurrido en sus respectivas declaraciones", refiere el juez de guardia, ya que "no se han podido obtener hasta el momento presente pruebas e indicios que le incriminen directamente".

Retornando al informe elaborado por el Ministerio del Interior, es significativo que refiera que la instructora del caso en Huelva estuvo al tanto en todo momento de la investigación policial pero "denegó una prórroga de la intervención de los teléfonos de Santiago del Valle". La Policía Nacional la solicitó al objeto de "obtener informaciones fundamentales, al tiempo que permitía tener localizados a los sospechosos que, en aquel momento, deambulaban de ciudad en ciudad". Pero la prórroga no fue concedida hasta "la aparición de cadáver de la niña".

Juan José Cortés sentencia al respecto que "nunca lo tuvieron localizado, aunque a nosotros nos decían que sí; Del Valle estaba buscando la forma de salir de España y casi se les escapa". El pederasta ya había preguntado en una sucursal bancaria si podía cobrar la pensión en el extranjero.

El informe gubernamental se cierra con un párrafo que señala que la "meticulosidad" de la titular del Instrucción 1 de Huelva produjo "algunos retrasos en la concesión de las diligencias de investigación" que efectuaba la Policía.