La juez constata que el Dioni de Pino Montano intentó fugarse

La juez que investiga la presunta estafa del Dioni de Pino Montano constata que éste intentó darse a la fuga. Así lo incluye la magistrada Reyes Flores, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 8, en el auto mediante el cual decretó ayer el ingreso en prisión provisional del administrador de fincas José Manuel Moreno Lucas-Viedma. "El investigado ha intentado sustraerse a la acción de la Justicia y, de hecho, aún conociendo que las denuncias estaban en curso y la investigación iniciada, no ha atendido las llamadas de los agentes y ha sido detenido tras una búsqueda durante varios días, en el domicilio de una hija, distinto al suyo habitual", apunta la juez.

El riesgo de fuga, "dadas las penas a imponer", es es una de las circunstancias que la juez tuvo en cuenta para enviar a Lucas-Viedma a la cárcel, sin la posibilidad de eludirla mediante el pago de una fianza. El juzgado imputa al Dioni cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Lucas-Viedma fue detenido por la Policía Nacional la tarde del pasado martes en el municipio de Benacazón, y puesto ayer por la mañana a disposición judicial. Iba con la misma ropa con la que estuvo en los registros de sus oficinas, que se llevaron a cabo durante la jornada del miércoles.

Llevaba una sudadera roja souvenir de París con la capucha puesta, unos pantalones vaqueros y unas botas. Cubría su rostro con una mascarilla ffp2 y se acogió a su derecho a no declarar. En el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada afirma que constan en la causa "motivos bastantes para creer responsable criminalmente de los hechos" al administrador de fincas investigado. Está pendiente de análisis "la extensa documentación y material informático" que ha intervenido la Policía Nacional en los registros practicados tras el arresto del sospechoso. Es el Grupo de Delincuencia Económica de Sevilla el que se está encargando de la investigación. Todavía se está tratando de "cuantificar el montante de lo apropiado, y con ello el perjuicio real y al futuro a las comunidades de vecinos para las que prestaba servicio".

En cuanto al dinero, la juez explica que "no se han hallado saldos suficientes en las numerosas cuentas bancarias" en las que Lucas-Viedma figura como titular o autorizado, o bien en las que están a nombre de algunas de sus sociedades. De esta forma, el administrador no podría "garantizar mínimamente" la responsabilidad civil derivada de la presunta estafa.

Además del riesgo de fuga, la juez del caso estima también la alarma social que ha provocado la conducta del sospechoso, "dado el número de afectados, las circunstancias concurrentes y la publicidad reiterada de los hechos". Asimismo, también existe la posibilidad de que destruya o deteriore pruebas en el caso de que quedara en libertad, "o realice actuaciones tendentes a obstaculizar la instrucción".

Todavía no se conoce el número exacto de afectados, aunque hay dos abogados personados como acusación particular. Son Óliver Cáceres Calle, del bufete Providens, y Sebastián Marqués García. Ya hay cinco denuncias de otras tantas comunidades de Pino Montano, y está previsto que se sumen en las próximas horas otras tres del mismo barrio. A ellas hay que unir la primera que se presentó, una comunidad de la calle Sierra de Gata, en el Tiro de Línea. También hay una comunidad de Zahara de los Atunes, en Cádiz, que ha manifestado su intención de adherirse a estas denuncias. Otros bloques que han podido ser víctimas de la presunta estafa todavía no han presentado denuncia todavía, por lo que el montante de la estafa todavía se desconoce.

Lucas-Viedma pedía préstamos a nombre de las comunidades que gestionaba, y lo hacía sin avisar a los presidentes ni al resto de vecinos. Luego se hacía transferencias a sus propias cuentas y dejaba vacías las de las comunidades. Pedía créditos con motivo de realizar alguna reforma o para acceder a las subvenciones por la instalación de un ascensor. Solicitaba préstamos de distintos importes, pues hay comunidades para las que solicitó 66.000 euros y otras con 192.000. Hace unos meses dejó de pagar los préstamos y el banco reclama ahora los impagos a las comunidades. La mayoría de los afectados son de Pino Montano, pero también hay en el Tiro de Línea, Sevilla Este, la Macarena, Camas y Zahara de los Atunes, en Cádiz.