La ciudad y los días
Carlos Colón
Montero, Sánchez y el “vecino” Ábalos
"La Plaza de España es un sitio público donde nos gustaría estar a todos". Así de claro se muestra Rafael Casillas, en su calidad de portavoz de las 17 promotoras musicales que han decidido activar "una hoja de ruta jurídica contra la prórroga directa de seis años más del Festival Icónica por parte del Consistorio" y acudir "a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y a la Fiscalía si el Ayuntamiento de Sevilla no licita el uso mercantil de la Plaza de España como espacio público". Aunque deja claro que no quieren "tener problemas con nadie" y que Icónica "es un festival maravilloso y bien organizado", sí que señala que "nosotros queremos tener la misma oportunidad que ellos de hacer nuestros conciertos allí". En esta misma línea, Casillas apostilla que las 17 compañías, que representan un tercio de la industria del directo nacional, no quieren "perjudicar al Ayuntamiento, ni a este gobierno ni al anterior, ni al propio empresario que es compañero nuestro. Lo que queremos es que haya un reparto equitativo entre todos los empresarios que queramos participar en la Plaza de España". De hecho, recuerda que él mismo ha solicitado "en mucha ocasiones" el uso del monumento de Aníbal González durante otros meses en los que no se organiza Icónica y lo que ha encontrado ha sido el "silencio administrativo".
En un comunicado, los 17 promotores manifiestan que la decisión de llevar a cabo una hoja de ruta jurídica “se produce tras el silencio institucional ante las reiteradas solicitudes de acceso al expediente administrativo presentadas desde mayo de 2025 por parte de estas empresas, interesadas legítimas en participar en cualquier procedimiento de licitación pública para el uso de dicho espacio”. En el escrito hacen referencia “a la prórroga por seis años adicionales, obtenida por la promotora Green Cow S.L para la celebración del festival, sobre un contrato inicial suscrito en 2021”. Una decisión que plantea a los promotores “serias dudas jurídicas y éticas, ya que la prórroga supera en duración al contrato original, lo que contraviene el principio de proporcionalidad y temporalidad en los contratos administrativos”.
También apuntan que “no consta publicación ni convocatoria de procedimiento público que permita a otros operadores presentar propuestas y se desconoce tanto el procedimiento tramitado como los funcionarios que han intervenido en el procedimiento y cuál es la justificación jurídica de esa prórroga y el informe en que se basa la idoneidad de esta medida y el interés público de la misma, excluyendo deliberadamente la libre concurrencia”.
Los 17 promotores musicales apostillan en su comunicado que, en los próximos días, “presentarán reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía de acceso al expediente administrativo formulado por el Ayuntamiento de Sevilla; una denuncia de los hechos acontecidos y documentación publicada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). Del mismo modo, solicitarán el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de transparencia y colaboración del Consistorio. En paralelo, notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presuntas prácticas anticompetitivas y pedirán un informe a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla –dependiente de la Junta de Andalucía– para verificar si existen autorizaciones específicas para una actividad comercial prolongada en un espacio BIC, que en principio no constan desde 2023”.
Lo que queremos es que haya un reparto equitativo entre todos los empresarios que queramos participar en la Plaza de España"
“En cuanto se tenga acceso al expediente administrativo y después de una valoración exhaustiva de los asesores jurídicos”, manifiestan que “se interpondrá el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales contra los actos administrativos que hayan adjudicado, prorrogado o ejecutado el contrato sin tramitar un procedimiento de libre concurrencia con base en los principios de igualdad y transparencia”.
Además, denuncian en su escrito “el oscurantismo, la falta de explicaciones y transparencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla”. “Sus responsables técnicos y políticos podrían incurrir en un posible concurso de delitos penales a investigar por la Fiscalía como la prevaricación administrativa, si se ha aprobado una prórroga injustificable en contra del ordenamiento jurídico; la malversación con la cesión sistemática de un bien público para uso privado sin concurso ni contraprestación conforme a mercado y el trato de favor y tráfico de influencias si se demuestra una vinculación privilegiada con el adjudicatario en detrimento del resto de operadores”, apuntan.
Los promotores firmantes reiteran “su firme voluntad de concurrir en igualdad de condiciones a cualquier convocatoria que permita poner en valor la Plaza de España como escenario de excelencia cultural, siempre desde el respeto al patrimonio, la calidad artística y el interés general”.
Al cierre de esta edición, ni el Ayuntamiento ni Green Cow S. L. han ofreciedo respuestas a este periódico.
Además de la promotora que dirige Rafael Casillas, estas son las entidades que suscriben la iniciativa: Producciones Coruñesas SL; Reharal SL; Zahara 2000 SL; Concert Tour Gestiones SL; J&J Music Events SL; Territorio Musical SL; MPH SL; Nervión Flynn Producciones SL; Mandalorian SL; La Rock Entertainments SLU; Terra Music & Events SL; Riff Producciones SL; Doblea Servicios Acústicos SLU; Onubense de Eventos y Espectáculos SL; Iniciativas Culturales Mar Menor SL; Berin Iglesias SL; y La Música No Se Toca SL.
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