Las quejas o reclamaciones interpuestas por pacientes de clínicas dentales se han duplicado en el último lustro, según cifras del Colegio de Dentistas de Sevilla, institución encargada de velar por los pacientes y por sus colegiados. Si en 2011 se contaron 95 reclamaciones, durante el año pasado esta cifra se disparó hasta los 189 casos. El aumento, que ha sido progresivo durante los cinco últimos años, ha coincidido con una fuerte irrupción en el mercado de franquicias que ofrecen esta asistencia sanitaria, la mayoría, a bajo coste.

El 62% de estas reclamaciones registradas durante el año pasado se refieren a este nuevo modelo low cost que ha desplazado, en cierta medida, al modelo tradicional, en el que el dentista atiende a sus pacientes en una consulta de su propiedad. Tras el boom de las franquicias dentales low cost aflora una nueva burbuja que, a diferencia de la inmobiliaria, tiene un impacto directo en la salud de los afectados.

"Cuando en la boca de un paciente se ve dinero surge el problema", explica Luis Cáceres, presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla, que analiza las causas y consecuencias de esta burbuja dental. Las consecuencias: cientos de personas con tratamientos abonados en su totalidad o financiados, que continúan pagando cada mes el crédito por un servicio asistencial que han recibido a medias en clínicas que han cerrado repentinamente por quiebra.

El último caso en Sevilla estalló el pasado verano con el cierre sin previo aviso de la clínica Caredent Triana, dejando a unos 700 pacientes tirados, con implantes realizados a medias e, incluso sin dentadura, en pleno proceso de tratamiento. En torno a 150 afectados por Caredent Triana han presentado quejas en el Colegio de Dentistas, donde un equipo trata de aportarles soluciones para que, al menos, dejen de abonar tratamientos financiados que no han recibido ni recibirán. Esta clínica cerró sin previo aviso y entró en concurso de acreedores dejando nóminas sin abonar así como pagos pendientes a proveedores.

Años antes del caso Caredent Triana, en 2009, una red de franquicias, Dental Line, también cerró sin previo aviso dejando en Sevilla a 1.700 pacientes afectados. Este caso de presunta estafa llegó hasta la Audiencia Nacional. Los últimos meses han saltado nuevos escándalos, de ámbito nacional: Vital Dent y Funnydent. En el caso abierto de Vital Dent, el propietario afronta un proceso por delitos de fraude, blanqueo y estafa. Mientras tanto, los franquiciados de Dental Line continúan prestando servicio. En Sevilla hay una decena de clínicas de esta marca. El caso de Funnydent no ha llegado a Andalucía, pero ha supuesto también el cierre sin previo aviso de ocho clínicas en Madrid y una en Barcelona, dejando tirados a miles de pacientes.

"La primera franquicia dental apareció en Sevilla hace veinte años, pero ha sido en los últimos años cuando ha proliferado este modelo", asevera Cáceres. "El modelo de las franquicias se basa en una gestión dirigida por empresarios y comerciales, en lugar de dentistas, con una fuerte publicidad excesiva, y a veces, engañosa", advierte el presidente de los dentistas sevillanos que, desde hace años, ha planteado la necesidad de un mayor control en el sector.

La apertura de una clínica dental, así como de cualquier centro que presta servicios sanitarios requiere de una autorización y de una inspección previa por parte de la administración pública. "Son empresas que, como cualquier negocio, pueden quebrar y dejar de prestar servicios", recuerda Antonio Ballesteros, responsable del Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía, quien también apela al consumo responsable y a la autorregulación profesional para evitar este tipo de situaciones. Ballesteros recuerda que "el cliente tiene capacidad para exigir siempre que no haya abonado el servicio en su totalidad".

La ley que regula estos negocios es la referida a las sociedades profesionales de 2007, que establece, tras la última reforma, que al menos el 51% de la propiedad de las consultas dentales tienen que estar en manos de profesionales del sector; es decir, de dentistas. "Quien hace la ley hace la trampa", reflexiona Francisco Monedero, asesor jurídico del colegio profesional, al apuntar que la legislación permite caminos para que las clínicas dentales carezcan de dentistas entre sus propietarios. La presencia de un especialista en Odontología en estos negocios garantiza un control de las consultas por parte de los colegios profesionales, ya que la colegiación es obligatoria.

Otras de las reivindicaciones de estos profesionales se refiere a la publicidad. "Desde el Colegio de Dentistas hemos mantenido encuentros con responsables de la Consejería de Salud, que se han mostrado sensibles, para lograr un reglamento de publicidad sanitaria", comenta Cáceres. Una moción no de ley, con este objetivo, ha entrado en trámite parlamentario.

"Son frecuentes los anuncios en los que se publicita, por ejemplo, implantes por 220 euros; pero cuando el consumidor acude a la clínica y le hacen un presupuesto, este precio sube hasta los 1.200 euros, el coste habitual para este tratamiento", advierte el presidente de los dentistas. 220 euros es sólo el precio del tornillo. "Es imposible que el tratamiento completo se ofrezca por esta cantidad, de modo que es un engaño", insiste. En el caso de Vitaldent, la publicidad ha sido clave hasta el punto de que los franquiciados tienen que abonar el 5% de la facturación para publicidad, aparte del canon mensual, según datos del Colegio de Dentistas.

Los precios reducidos en esta prestación sanitaria atraen a miles de personas para acceder a tratamientos que no están cubiertos por los servicios públicos de salud, pero que ponen en entredicho la calidad de las terapias. El Colegio de Dentistas incluso ha detectado, entre las reclamaciones, casos de implantes que no han superado los controles de la UE o que incluso llevan etiquetas falsas de la CE.