Trabajadores de los centros de menores estallan: "Los internos son cada vez más violentos"

Los trabajadores de los centros de reforma de menores de la provincia de Sevilla denuncian que los internos con los que tratan son cada vez más violentos, más agresivos y presentan más problemas de salud mental. Por el contrario, ellos tienen que atender a más menores con el mismo o menos personal, por lo que se encuentran completamente desbordados. Las agresiones en estas instalaciones se suceden con frecuencia y son muchos los trabajadores que se tienen que dar de baja médica, bien por las lesiones sufridas, bien por el estrés psicológico y el enorme desgaste mental que supone trabajar con menores entre los que hay delincuentes con condenas por delitos graves como asesinatos y agresiones sexuales.

Este periódico se ha entrevistado con varios trabajadores de los tres centros que gestiona la Fundación Diagrama en Sevilla, tanto vigilantes de seguridad como educadores y auxiliares de control educativo (ACE). Todos coinciden en la escalada de violencia que se vive entre los menores infractores desde hace unos años. "Las agresiones son muy frecuentes, casi diarias. Hemos pasado de tener 4 ó 5 casos al año a una frecuencia mucho mayor", aseguran.

Esta organización lleva la gestión de los centro de internamiento de menores infractores de Los Alcores, en Carmona, y La Jara y El Limonar, en Alcalá de Guadaíra. El primero tiene una capacidad de 68 plazas y los otros dos de 30. Pueden incluso superar en un 10% este aforo, aunque lo habitual es que haya entre 120 y 130 menores internados en estas instalaciones, en las que el número va fluctuando según van cumpliendo condenas y volviendo a la libertad. Son jóvenes de entre 14 y 23 años, pues hay quien continúa cumpliendo la pena en los centros cuando cumple la mayoría de edad. También hay algunos, mayores de edad, que ya han estado en prisión y vuelven al centro de menores.

Al grave problema de la violencia se le suma el de la salud mental, pues son muchos los chicos que están sometidos a tratamiento psiquiátrico y tienen enfermedades graves. "Hay casos de psicosis, esquizofrenia, delirios... Sin embargo, no hay psiquiatras y los psicólogos acuden una vez al mes".

Los trabajadores son los encargados de repartir la medicación entre los internos. Hay chicos que requieren más de diez pastillas, por lo que es difícil controlar si las ha tomado todas. Se ha detectado el trapicheo de medicamentos tipo tranqulizantes entre los propios menores en los centros. Los casos de consumo de drogas son menos frecuentes, pues los controles a la hora de entrar en los centros son muy exhaustivos, "más que en prisión", aseguran las fuentes consultadas.

Las agresiones a trabajadores son continuas, pero el personal de seguridad está atado de pies y manos. Cuentan con defensas, escudos y cascos, pero no están autorizados a usarlos pues se vulneraría la proporcionalidad en la respuesta. Así, se ven obligados a reducir con las propias manos a los internos. Esto suele provocar más lesiones, tanto entre los vigilantes y auxiliares como en los propios menores. "Si pudiéramos utilizar los escudos, con el empuje podemos reducir sin causar lesiones. Pero no podemos emplear este material".

El Sindicato de Trabajadores de Seguridad (STS) denunció recientemente que hay "graves irregularidades" en los centros de internamiento de menores en Sevilla y calificó la situación como "crítica". En una nota de prensa, el STS lamentó que la empresa adjudicataria del servicio, Protec S. A., está incurriendo en "retrasos e impagos salariales, lo que genera una situación de inseguridad económica y estrés laboral entre los profesionales". Este contexto ha derivado en un elevado número de bajas psicológicas, que reflejan el "grave deterioro" de las condiciones de trabajo en estos centros.

"A ello se suma una deficiente gestión de la seguridad interna", critica la nota del sindicato. El personal de seguridad no recibe información actualizada sobre las altas y bajas de los menores internos, "circunstancia que impide el control adecuado de los mismos y pone en riesgo tanto la integridad de los trabajadores como la de los proopios menores". Esta falta de comunicación y coordinación, indica el STS, ha derivado en "fugas, agresiones y episodios de descontrol", que ponen de manifiesto la "ineficiencia de la empresa Protec y la tolerancia de la Fundación Diagrama ante una situación insostenible".

El secretario general del STS en Andalucía, Juan Antonio Peñate, insta a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes que investiguen de manera urgente las irregularidades laborales y de seguridad detectadas, que revisen la continuidad del contrado con Protec, que garanticen los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y que adopten medidas inmediatas para restablecer la normalidad y la seguridad en los centros.

"Nos sentimos completamente desamparados", lamentan los trabajadores, que aseguran que, cada vez que sufren una agresión, no son respaldados ni por su empresa ni por la fundación que gestiona los centros ni por la Junta. "Vienen a decirnos que eso va en nuestro salario, pero sin embargo no tenemos ningún plus de peligrosidad". Hace unos años, un trabajador fue agredido y sufrió la fractura de una costilla. Denunció los hechos pero el menor fue declarado insolvente. Nadie le resarció económicamente y tuvo que pagar él al abogado que lo representó. En total, le costó 2.600 que le rompieran una costilla. "Estamos completamente desamparados".

Es un trabajo además que supone mucho desgaste porque las denuncias son continuas. Recientemente, un trabajador fue denunciado por acoso sexual por la madre de un menor, aunque se demostró que se trataba de una denuncia sin fundamento. Igualmente, no hay mujeres vigilantes para poder hacer un cacheo a una madre que llegue a visitar a su hijo. Otro problema es el de la salud, pues ha habido brotes de sarna y otras enfermedades contagiosas.

Los trabajadores de seguridad también denuncian que se han instalado cámaras en los centros, pero "parecen estar más para controlar a los vigilantes que a los menores infractores", pues graban zonas en las que se colocan los empleados y ya han recibido sanciones. "No sabemos qué han hecho los chicos con los que tratamos. Podemos estar ante un asesino, pero esa información no la tenemos". Tampoco hay un manual de funcionamiento operativo ni un protocolo escrito sobre cómo actuar. Ha habido turnos con un vigilante que llevaba dos meses en el puesto como el de más antigüedad, mientras que sus dos compañeros estaban estrenándose en el trabajo.

Las puertas tienen graves fallos de seguridad. Los cierres automáticos fallan a menudo y hay que cerrar las habitaciones con cerrojos mecánicos, lo que complicaría mucho una posible evacuación en caso de incendio. Los apagones son continuos y las puertas se abren. "Los menores saben abrir las puertas y se lo han hecho saber a los educadores". De esta situación tiene conocimiento la empresa y la fundación, pero no se ha hecho nada por solucionarla. Ha habido varias inspecciones de trabajo, pero todas ellas son comunicadas previamente, por lo que se pierde el factor sorpresa, "y la inspección no sirve para nada, incluso tienen aleccionados a los menores".

Otro problema más es la precariedad salarial y la represión sindical. El STS lleva 22 demandas contra la empresa. Ha habido despidos objetivos de los vigilantes más veteranos, lo que hace que se pierda también en calidad del servicio al no contar con una plantilla experimentada. Todo esto redunda en una falta de personal importante. Los trabajadores de los centros de menores están pensando celebrar una concentración en la puerta de la Consejería de Justicia, para denunciar toda esta situación.