Los ex trabajadores de la confederación de discapacitados reclaman sus nóminas

Los ex trabajadores de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Canf-Cocemfe) exigen a esta entidad las 10 nóminas que aún, a fecha de hoy, no han cobrado. En Sevilla, 14 profesionales de esta ONG dedicada a los discapacitados fueron despedidos a principios de mes y el motivo fue "el bloqueo económico" por los retrasos en las subvenciones de la Junta de Andalucía, explicaron ayer los afectados.

La Canf-Cocemfe maneja anualmente un presupuesto de diez millones de euros procedentes de subvenciones y según explicó ayer la presidenta, María Ángeles Cózar, la Consejería de Empleo mantiene una deuda con la entidad de ocho millones de euros, motivo por el cual, "no se han podido abonar las nóminas".

Justo un día antes de los 14 despidos en Sevilla -en el conjunto andaluz han sido 34- la confederación de discapacitados recibió de la Consejería de Salud y Bienestar Social 1, 3 millones de euros. Los trabajadores se preguntan por qué la Canf-Cocemfe no ha utilizado este dinero para pagar las nóminas pendientes. Según Cózar, "este dinero recibido de la Junta se ha empleado para abonar nóminas pendientes a la plantilla que actualmente está trabajando". Ante este conflicto, fuentes de la Consejería de Salud y Bienestar Social explicaron que la partida presupuestaria concedida a principios de mes a la Canf-Cocemfe está "justificada".

Desde el pasado viernes los ex trabajadores de esta ONG mantienen movilizaciones y exigen a la Junta de Andalucía que intervenga en este conflicto. Entre los afectados se encuentran abogados, trabajadores sociales, psicólogos, y técnicos que han trabajado en diversos programas de inserción e integración durante una media de quince años. Hoy martes, 19 de febrero, los afectados protestarán en San Telmo; mañana miércoles acudirán al Parlamento; y el jueves 21 de febrero esta movilización comenzará en la sede de Canf-Cocemfe y terminará en las sedes de la Junta en Hytasa.

La Canf-Cocemfe está siendo objeto actualmente de una investigación judicial por presuntos contratos fantasmas realizados a personas allegadas a la dirección de esta entidad que nunca han llegado a trabajar en ninguno de los programas subvencionados. La presidenta de esta entidad negó ayer la existencia de estos contratos fraudulentos. Mientras tanto las protestas siguen.