Amazon pierde su batalla legal contra Bruselas: debe cumplir las reglas europeas más estrictas de la era digital

El Tribunal General de la Unión Europea ha ratificado lo que Amazon llevaba meses intentando evitar: su tienda online debe someterse a las obligaciones más exigentes del reglamento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), esa legislación europea que pretende poner orden en el salvaje oeste digital en el que se han convertido las grandes plataformas.

La sentencia, pronunciada en Luxemburgo, desestima todos los argumentos del gigante del comercio electrónico y confirma su designación como "plataforma en línea de muy gran tamaño", una categoría que en la práctica significa estar bajo el escrutinio más riguroso de Bruselas.

No se trata de una decisión menor. Amazon Store, con sus más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE -el umbral que marca la frontera entre lo grande y lo muy grande-, ha estado luchando contra esta clasificación desde antes incluso de que la normativa entrara en vigor.

Su argumento ha sido consistente: una plataforma de comercio electrónico que se limita a vender productos no debería estar sometida a las mismas obligaciones que redes sociales o buscadores, esos ecosistemas donde sí se "disemina y amplifica información, opiniones y puntos de vista", según la terminología que la propia empresa repite con insistencia.

La libertad de empresa frente al interés general

El recurso presentado por Amazon era, en el fondo, un alegato sobre derechos fundamentales. La compañía argumentó que la decisión de la Comisión Europea vulneraba la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el principio de igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la protección de la vida privada y de la información confidencial.

Un arsenal jurídico completo, invocando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE con la esperanza de que alguno de esos argumentos convenciera a los jueces de que las obligaciones impuestas eran desproporcionadas, arbitrarias o injustas.

El Tribunal, sin embargo, no ha mordido el anzuelo. En su sentencia, reconoce que las obligaciones de la DSA "constituyen, ciertamente, una injerencia" en la libertad de empresa, pero añade de inmediato que dicha injerencia "no afecta al contenido esencial del derecho" y está "justificada" por objetivos de interés general.

Es una forma elegante de decir que sí, que imponer estas reglas supone limitar ciertos aspectos del negocio, pero que tales límites son razonables cuando se trata de proteger a los consumidores y evitar riesgos sistémicos.

Los jueces europeos han sido especialmente claros al rechazar la idea de que la distinción entre plataformas basada en el número de usuarios sea arbitraria. Según el tribunal, las plataformas con más de 45 millones de usuarios "pueden exponer a un gran número de personas a contenidos ilícitos" o vulnerar derechos fundamentales, incluida la protección de los consumidores. Y eso, argumentan, justifica un tratamiento diferenciado. El tamaño, en otras palabras, importa. Y con él, la responsabilidad.

Estas obligaciones no son gratuitas. Suponen inversiones técnicas, cambios organizativos y, sobre todo, una pérdida de opacidad que empresas como Amazon valoran como activo estratégico.

No es casualidad que la compañía haya argumentado que revelar información sobre sus métodos publicitarios entregaría secretos comerciales a sus competidores. El Tribunal, sin embargo, ha sido tajante: los intereses de la UE prevalecen sobre los intereses materiales de Amazon.

Amazon insiste: "No representamos riesgos sistémicos"

En un comunicado emitido tras conocerse la sentencia, Amazon ha expresado su decepción y ha avanzado que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior. "La tienda de Amazon, como marketplace online, no representa ningún riesgo sistémico", insiste la compañía. "Solo vendemos productos, no difundimos ni ampliamos información, puntos de vista u opiniones".

Es un argumento que tiene cierta lógica -al menos en apariencia-. Una tienda online no es Twitter (o X), donde la desinformación puede viralizarse en minutos, ni YouTube, donde los algoritmos de recomendación pueden empujar a los usuarios hacia contenidos extremistas.

Pero el Tribunal europeo no compra esa distinción. Según la sentencia, los riesgos sistémicos no se limitan a la "diseminación de información", sino que incluyen "la difusión de contenidos ilícitos o la vulneración de derechos fundamentales, incluida la protección de los consumidores".

Y en ese terreno, una plataforma que facilita la venta de millones de productos a cientos de millones de personas puede presentar riesgos muy reales: productos falsificados, artículos peligrosos, publicidad engañosa o prácticas comerciales abusivas.

La cuestión, en el fondo, no es tanto qué hace la plataforma, sino el impacto que puede tener cuando algo sale mal. Y con 45 millones de usuarios, el margen de error se reduce considerablemente.

El caso Zalando

Amazon no está sola en esta batalla. En septiembre pasado, el mismo Tribunal General rechazó un recurso similar presentado por Zalando, la plataforma alemana de moda online, que también alegaba que su número de usuarios estaba por debajo del umbral de 45 millones.

Los jueces europeos dijeron entonces que la Comisión Europea había actuado correctamente al incluir a Zalando en la lista de VLOP, sentando un precedente que ahora se repite con Amazon.

Ambos casos confirman que la UE no está dispuesta a hacer excepciones. La DSA fue diseñado precisamente para regular plataformas con un alcance masivo, independientemente de su modelo de negocio específico. La lógica es clara: si tienes millones de usuarios, tienes poder. Y con el poder, como decía el tío Ben de Peter Parker, llega la responsabilidad.

El DSA como paradigma regulatorio

Esta sentencia no es solo relevante para Amazon. Es un termómetro de cómo la Unión Europea entiende la regulación digital en la era de los gigantes tecnológicos.

Frente al modelo estadounidense, que tiende a confiar en la autorregulación y el libre mercado, la UE ha optado por un enfoque más intervencionista: establecer reglas claras, imponer obligaciones estrictas y sancionar duramente a quien las incumpla.

La DSA, junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), forma parte de un ecosistema normativo que busca equilibrar innovación con protección de derechos.

Para las 25 plataformas designadas como VLOP -entre ellas Google, Meta, TikTok, X, LinkedIn o Alibaba-, el mensaje es inequívoco: la UE va en serio. Las obligaciones son exigibles, las auditorías serán rigurosas y las multas pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación global. No es retórica. Es un cambio de paradigma.

¿Qué viene ahora?

Amazon tiene ahora dos meses y diez días desde la notificación de la sentencia para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a cuestiones de derecho.

Es probable que lo haga, pero las posibilidades de éxito son, cuando menos, inciertas. El Tribunal de Justicia suele ser respetuoso con las interpretaciones del Tribunal General, especialmente cuando están bien fundamentadas.

Mientras tanto, Amazon deberá cumplir con las obligaciones de la DSA. Eso incluye ajustar sus sistemas de recomendación, publicar información sobre sus anuncios, someterse a auditorías y permitir el acceso a investigadores.

Son cambios que, en algunos casos, requerirán inversiones técnicas significativas. Pero también son cambios que, según Bruselas, contribuirán a crear un espacio digital más seguro, transparente y respetuoso con los derechos de los usuarios.

Las asociaciones de consumidores, como el BEUC, han celebrado la sentencia. Las organizaciones empresariales, previsiblemente, insistirán en que las cargas impuestas son desproporcionadas y frenan la innovación.

Es el debate de siempre, con los mismos actores y los mismos argumentos. Solo que esta vez, con una sentencia judicial que inclina la balanza hacia el lado de la regulación.