La Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, en un auto en el que señala que existen contra la ex ministra “severas por fundadas sospechas de participación” en el fraude de los ERE, por cuanto el tribunal comparte con la juez Mercedes Alaya que el sistema de las transferencias de financiación fue introducido en la época en la que Magdalena estaba al frente de la Consejería “para propiciar lo que finalmente ocurrió”.

Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia consideran que se podrá decir que la “técnica en sí de las transferencia de financiación no es ilegal”, pero tampoco es “irracional o arbitraria” la hipótesis que sostiene la instructora de que fue introducida para favorecer el fraude. “¿Cómo entender sino que, pese a las alertas dadas [la Audiencia recuerda que la Intervención General del Estado advirtió hasta en 15 ocasiones de las irregularidades en la gestión de las subvenciones del programa 31L], pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficits de financiación de las ayudas del programa 31L que ya en el año 2002 ascendía a 30,27 millones, a 38,22 millones en el año 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones?”, se pregunta la Audiencia.

El tribunal comparte es “razonable la fundada sospecha surgida en el ánimo de la instructora de que ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal”, excluyendo expresamente de que se tratase de “todo el gobierno andaluz”, precisa el auto de la Audiencia que recuerda que esta hipótesis también la comparte la Fiscalía Anticorrupción, aunque señala que se ignora lo que piensan las acusaciones particulares –como la Junta de Andalucía- porque “ninguna de las acusaciones particulares ha tenido a bien formular alegaciones al recurso” de Magdalena Álvarez, añade.

La Audiencia confirma la imputación de la ex consejera ante la “trascendencia de los hechos y la solidez de tan fundada sospecha”, más allá de la posibilidad de que prestase declaración como testigo. “Al traerse al proceso por ser de interés su declaración para el esclarecimiento de los hechos a una persona tan íntimamente relacionada con los mismos, hasta el punto de existir contra ellas severas por fundadas sospechas de participación, como ocurre con la apelante, de modo que es patente que podría surgir en el curso de su interrogatorio la posibilidad de plantearle preguntas que pudieran comprometerla, lo adecuado por ajustado a Derecho es citarla de entrada como imputada”, todo ello para asegurar la “pureza del procedimiento” para evitar que la declaración testifical resultara ineficaz y porque el estatuto del imputado lo que hace es “reforzar las garantías de la persona llamada al proceso no forzándola a declarar bajo juramento o promesa”.

El auto también hace una alusión a la posibilidad de elevar la causa de los ERE al Tribunal Supremo, cuando la Audiencia defiende la obligación de la instructora de perseguir los delitos que van surgiendo en este caso, “sin perjuicio de lo que aconseje posteriormente el resultado de la instrucción que se inicia, cuya terminación es posible que ya no le corresponda”.

La Audiencia entiende que hay “visos” de que Magdalena Álvarez participó en los hechos delictivos que se investigan y señala que el nuevo auto de imputación que Alaya dictó el 31 de octubre “cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos”, con mención de las correspondientes figuras delictivas de prevaricación y malversación en el caso de la ex ministra, y hace hincapié en la “especial gravedad de la presunta malversación”.

Sobre las transferencias de financiación, el auto relata que es “innegable la realidad de que el resultado de la instrucción practicada ha permitido, como poco, a la juez de instrucción indiciariamente detectar que el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo”.

El tribunal insiste en que ese método fue introducido “siendo la apelante titular de la Consejería de Economía y Hacienda” y recuerda que la inadecuación del procedimiento para la concesión de las subvenciones a empresas confirmó la Cámara de Cuentas de Andalucía y fue corroborado por el informe pericial emitido por la Intervención General del Estado.

“Aunque cupiera hablar de la posibilidad de un control a posteriori, en la ejecución del gasto, la realidad demostró que de nada sirvió, puesto que el método se mantuvo durante un dilatado periodo de tiempo pese a que la Intervención General de la Junta hasta en 15 ocasiones advirtió de irregularidades en la gestión de las subvenciones del programa 31L, de forma que, sólo una ínfima parte de dicho programa estuvo bajo control”, recuerda la Audiencia siguiendo la declaración del ex interventor general de la Junta y uno de los imputados Manuel Gómez Martínez.

La Audiencia, además, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de la ex ministra de Fomento contra otra resolución de la juez Mercedes Alaya del pasado 31 de octubre, en el que volvió a imputarla en el procedimiento.

En noviembre pasado, la ex consejera de Economía y Hacienda recurrió ante la Audiencia de Sevilla su imputación y solicitó el archivo de la causa contra ella, al estimar que no existía ningún "masivo contubernio" ni ninguna "maquiavélica actuación". El tribunal considera que la defensa de Álvarez incurre en “una suerte de absurdo lógico-procesal cuando pretende el sobreseimiento de la causa, que no es sino la clausura de la instrucción, precisamente solicitando que, declarando su nulidad, se deje sin efecto la resolución que decreta su comienzo”, en alusión al inicio de la investigación contra la ex consejera.

El abogado Horacio Oliva, que defiende a la ex consejera, recurrió la decisión de la instructora de volver a citarla a declarar el pasado 7 de noviembre, después de que la Audiencia anulara su imputación por falta de motivación. 

En el recurso, el defensor pedía que se declarase la nulidad del auto por el que Alaya volvió a citarla y acordara el sobreseimiento libre, o bien que volviese revocarse dicha resolución por el mismo motivo de falta de motivación.

La defensa de Magdalena Álvarez considera que la imputación realizada por la instructora -que le atribuye delitos de malversación y prevaricación- está basada en un relato "genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos, y en el que no se llega a efectuar, ni expresa ni implícitamente, la imprescindible conexión de los hechos descritos con los presupuestos típicos que determinan la relevancia penal de la conducta atribuible" a la ex consejera.

La imputación, según la defensa, se sostiene sobre la existencia de una "confabulación masiva del Gobierno de la Junta", pero ni el "masivo contubernio pretendido ni la maquiavélica actuación" que se achaca a la ex ministra "resiste un mínimo escrutinio". El letrado hizo hincapié en que es "manifiestamente errada e insostenible" la premisa de la que parte la juez Alaya respecto a la "ilegalidad intrínseca del uso de las transferencias de financiación para financiar la concesión de ayudas sociolaborales por el IFA", por cuanto parece inferirse del auto de Alaya que "la mera utilización de dicho instrumento presupuestario constituiría ya una ilegalidad".