Las hectáreas ilegales en Doñana se desploman un 20% en menos de un año

No hacía falta, pero la Unesco advirtió esta semana sobre el “declive” del acuífero de Doñana. El diagnóstico es unánime. Además, llega al inicio del verano en la que las reservas del Parque Nacional se encuentran en su momento más crítico, fruto del aumento de las extracciones y las nulas aportaciones. El acuerdo que las dos administraciones (Gobierno y Junta) llegaron hace año y medio tiene como principal objetivo salvaguardar un acuífero que ha vivido una tregua como consecuencia de unas lluvias como no se recuerdan.

El índice de explotación del acuífero se estima en un 109% y el Plan de Extracciones determina que se deberían reducir los volúmenes actuales en torno a un 20% para lograr lo que se pretende que sea una explotación sostenible.

Las medidas que se contienen en ese Acuerdo por Doñana, tardarán en surtir efecto, pero las primeras consecuencias se pueden observar ya. Según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, las inspecciones, la implantación del sistema de teledetección, ha servido para monitorizar a tiempo real la situación de los cultivos ilegales, esto es, aquellos que extraen agua del acuífero sin tener autorización para ello. La superficie de invernaderos detectadas en primavera del año pasado en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir es de 5.522 hectáreas, la inmensa mayoría de ellas situadas en la Masa de Agua Subterránea La Rocina. De ellas, sólo 547 son ilegales, según los datos de la campaña de primavera; hay que recordar que en el año 2018 existían de media 1.200 hectáreas ilegales.

También es más que destacable el significativo cambio de la cifra de la superficie ilegal reflejada en la anterior campaña –en la primavera de 2023 se detectaron 704 hectáreas–, con respecto al número actual, en el inicio de la actual campaña agrícola. Se ha producido, por tanto, una disminución de un 20% en menos de un año.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en su primera visita a Andalucía, anunció en diciembre la habilitación de 28 millones de euros destinadas al abandono de cultivos. Dado que las ayudas ascendían a 100.000 euros por hectárea de los que el Gobierno ponía 70.000, la cantidad de hectáreas que podrían dejar de estar en producción con esta primera convocatoria de ayudas, asciende a 400. Además, adelantó que serán otras dos convocatorias más las que se tiene previsto habilitar a estas ayudas. Hay que tener en cuenta que este dinero se concede a los agricultores que abandonen sus cultivos (legales o irregulares siempre que no tengan sanciones pendientes), por lo que el alivio en el acuífero puede ser de consideración.

Según reconocieron a este periódico desde el Miteco, “el Marco de Actuaciones para Doñana en su vertiente medioambiental se organiza en ocho líneas que se agrupan en cuatro grandes bloques de intervención. Entre ellas, destaca la gestión sostenible del agua, que abarca el cierre de pozos ilegales y la reducción de extracciones del acuífero, la sustitución progresiva por aguas superficiales y la mejora del abastecimiento urbano”.Se trata en definitiva de restablecer el equilibrio ecológico de Doñana, por lo que todos los esfuerzos se han centrado en evitar la sobreexplotación de las masas de agua subterránea.

Pozos y extracciones

En lo que se refiere al cierre de pozos, desde el año 2019, la cifra manejada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es de 1.197. Se trata de captaciones denunciadas que fueron objeto de procedimientos sancionadores, algunos anteriores a la regularización de la zona regable del Fresno y del Condado. Por lo que se refiere a las extracciones irregulares, desde 2018 hasta la actualidad, la CHG, ha tramitado 1.272 expedientes sancionadores por incumplimientos en explotaciones legales e ilegales, con un impacto económico total de 14, 2 millones de euros que incluye tanto multas como daños al dominio público hidráulico. 

En julio de 2020, se declararon tres de las cinco masas de agua subterránea que conforman el acuífero (La Rocina, Almonte y Marismas) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, según lo establecido por la Directiva Marco de Aguas de la UE. Además, La Rocina, que es donde se concentran los pozos ilegales, se declaró en riesgo de no alcanzar el buen estado químico. A partir de esta tramitación, se suspendió la concesión de nuevos aprovechamientos.

Según el Miteco, los programas de actuación “ya están redactados, pendientes de aprobación. El de La Rocina se publicará en el BOE de manera inminente. La implementación de estos planes irá de la mano de la formación de las CUA (Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas), un órgano de participación clave para la gestión de los recursos hídricos.