Adiós a las deslocalizaciones de empresas: Yolanda Díaz propone prohibir los despidos y exigir la devolución de ayudas a las que dejen España

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes si toma en consideración la Proposición de Ley de Sumar para prohibir los despidos colectivos a las empresas que deslocalicen su actividad industrial o productiva fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. La Cámara Baja decidirá solo si admite la tramitación parlamentaria del texto, lo que permitiría la presentación de enmiendas por parte de los diferentes grupos, de modo que su eventual aprobación definitiva se dilataría varios meses.

La iniciativa del grupo liderado por Yolanda Díaz busca proteger los derechos de los trabajadores en los supuestos de traslado de la actividad y transmisión de unidades productivas a terceros países. En concreto, la exposición de motivos cita casos como los de Sekurit, una de las dos plantas que la multinacional francesa Saint Gobain tiene en Avilés y que se encuentra inmersa en un proceso de despido colectivo que, según la formación magenta, culmina un proceso por el que buena parte de su actividad productiva se ha trasladado a fábricas fuera de la Unión Europea.

Sumar también menciona a empresas textiles como Zara o H&M, que a juicio del partido han afrontado sucesivas deslocalizaciones y ha provocado que buena parte de la producción tenga lugar en "países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras", así como la pérdida de miles de puestos de trabajo en España. "Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo", denuncia la proposición de ley.

Se impiden los ERE, los despidos objetivos y las modificaciones contractuales

Los diputados de Sumar consideran la necesidad de establecer medidas laborales para prevenir los efectos negativos de estas localizaciones. El núcleo de la reforma se basa en la introducción de una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores para impedir que las empresas que deslocalicen su actividad fuera de la UE la adopción de los despidos colectivos, extinciones contractuales por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de inaplicaciones de las condiciones trabajo previstas en convenios colectivos.

Además, la Proposición de Ley contempla que las empresas que se hubieran beneficiado en los cuatro años previos de medidas ligadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al mecanismo RED deberán reembolsar el importe total de estas ayudas públicas si finalmente se deslocalizan fuera de la Unión Europea.

El personal y los sindicatos podrán conocer los términos de la venta

Por otro lado, el grupo confederal propone otra disposición adicional para garantizar los derechos de las personas trabajadoras y el mantenimiento del empleo en los procesos de transmisión y venta de unidades productivas. En concreto, en los supuestos de transmisión de la titularidad de una empresa o unidad productiva con una plantilla de cincuenta trabajadores o más, deberá presentarse un plan de viabilidad ante la autoridad laboral con el objetivo de mantener la producción y los puestos de trabajo.

En la redacción de dicho plan de viabilidad la empresa vendedora deberá proporcionar a la plantilla y los sindicatos información detallada sobre el potencial comprador y las condiciones de la venta, incluido el precio y demás condiciones productivas, ocmerciales o financieras. A estos efectos, se abriría un periodo de consultas por un tiempo no inferior a 30 días naturales, previo aviso a la autoridad laboral. La empresa vendedora resultará responsable con carácter subsidiario de las consecuencias económicas derivadas del plan de viabilidad.