La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado este sábado que, con la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha levantado "un muro" para "dividir y enfrentar" a los catalanes, en lo que ve una "traición a la democracia". Después de que Mas haya firmado el decreto de convocatoria de la eventual consulta soberanista, la líder de los populares ha comparecido para valorar una decisión que, según su opinión, es una "traición" a la democracia, al seny (sentido común) y a la convivencia de los catalanes.

Sánchez-Camacho ha acusado al Gobierno catalán de organizar un "referéndum sin garantías democráticas" que, según ha enfatizado, no está amparado por la Constitución y el Estatuto, y es "un fraude" basado en la Ley de Consultas. Por ello, ha reiterado que el decreto de convocatoria "tiene las horas contadas", y ha prometido que el Gobierno "va a garantizar la estabilidad de la democracia" y dará respuesta al "desafío" soberanista.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al presidente de la Generalitat de "crear falsas expectativas y alimentar una gran frustración" con la convocatoria de la consulta soberanista, ya que avisa de que no se ajusta al marco legal de la Ley de Consultas y no se celebrará. "Somos un partido que votó a favor de la Ley de Consultas, pero esta ley no puede amparar una pregunta propia de un referéndum, y la que se plantea lo es", ha sostenido el socialista en rueda de prensa.

En este sentido, Iceta ha aprobado que el Gobierno central recurra el decreto de convocatoria ante el Tribunal Constitucional (TC), que ha destacado que es quien hará de "árbitro" y decidirá sobre la legalidad de la convocatoria en última instancia. "Del mismo modo que el Govern recurre las actuaciones que cree que invaden sus competencias, el Gobierno tiene derecho de llevar al TC lo que entiendan que no es ajustado a la legalidad", ha afirmado.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, quien ha hecho un llamamiento a no participar en el "fraude a la democracia" que, en su opinión, supone la consulta y ha pedido a Mas que convoque elecciones anticipadas tras recordarle que ha firmado su "muerte política". A juicio de Rivera, la convocatoria de la consulta supone una "irresponsabilidad histórica" con la que el presidente catalán ha "firmado su muerte política" y ha dado por "agotada" la legislatura. Por ese motivo, Rivera ha pedido a Mas que convoque "las urnas de verdad" con unas elecciones anticipadas al Parlament, al entender que esa es su "única salida". Asimismo, Rivera ha advertido de que su partido no participará en la campaña del 9N, ni en un "simulacro de democracia con urnas de cartón".

Desde el bando soberanista, el coordinador general de Convergencia Democrática de Catañuña, Josep Rull, ha avisado al Gobierno de que el decreto de la consulta del 9 de noviembre no se debe ver como un "problema", sino como una "oportunidad" de canalizar una demanda popular en Cataluña de votar el futuro político. Ante una eventual suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, Rull ha afirmado que, primero, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunirá con los partidos y se pedirá que se levante la suspensión y, posteriormente, se tomarán las medidas "cautelares" para hacer posible el 9N, contemplando que se pueda levantar dicha suspensión. En una comparecencia en el Palau de la Generalitat después de que Mas firmara el decreto, Rull ha afirmado que el proceso se está haciendo con "todo el rigor jurídico".

Tanto Rull como el secretario general de Unión Democrática de Cataluña, Ramon Espadaler, que han comparecido juntos -el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, no ha asistido al acto de la firma de la consulta- se han preguntado "si ha muerto Montesquieu" y la "separación de poderes" cuando el Gobierno central ya dice lo que dictaminará el Tribunal Constitucional sobre la consulta soberanista.

El dirigente convergente ha explicado que CDC iniciará una campaña explicando a los catalanes que la mejor opción es un Estado independiente. Esta campaña, ha proseguido, no la harán solos, sino junto con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras formaciones y entidades independentistas en el marco de la campaña Ara és l'hora (Ahora es la hora).

En sintonía con declaraciones anteriores, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Gobierno español que "sea respetada la voluntad de los ciudadanos de poder votar el 9 de noviembre" y ha añadido que "si nos prohíben votar soy partidario de votar, y para mi desobedecer significa votar". Seún Junqueras, la convocatoria d ela consulta responde al deseo mayoritario de los catalanes de poder decidir democráticamente. Junqueras ha añadido que lo importante es que los ciudadanos puedan votar ese día "y las demás cuestiones son menores" y ha subrayado que existe en Cataluña "un compromiso muy amplio, muy sólido, para poder votar y esperamos que esto pueda ser una realidad".

También se ha mostrado convencido de que el decreto firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "responde a la ley, al Estatut y a la Constitución española, con lo cual no hay argumentos legales convincentes para suspenderlo". "La voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña tiene que ser respetada y encontraremos los caminos para que se pueda respetar", ha subrayado Oriol Junqueras.

Por su parte, la coordinadora nacional de Iniciativa por Cataluña Verdes, Dolors Camats, ha exigido al Gobierno que no recurra el decreto de convocatoria de la consulta porque la "solución" al "conflicto político" es la democracia, y ha justificado la ausencia de su partido en la firma del mismo por ser un "acto de Govern".

ICV no ha participado en el acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat, a diferencia de los otros partidos favorables al denominado derecho a decidir -CiU, ERC y la CUP- que sí han asistido. Camats ha justificado que su partido se haya ausentado de este acto porque "no formamos parte de la mayoría de Govern, y éste era un acto que le correspondía a Mas".

En este sentido, la líder de ICV ha recalcado que su partido forma parte de manera "incuestionable" del derecho a decidir y de la mayoría parlamentaria que lo ha impulsado con la aprobación la semana pasada de la Ley de Consultas. "Hemos considerado que no nos tocaba estar" en el acto de hoy en el Palau de la Generalitat, ha insistido Camats que, no obstante, ha valorado de forma positiva que Mas haya dado cumplimiento al mandato parlamentario con la rúbrica del decreto de convocatoria de la consulta soberanista.

Por último, el diputado de la CUP (izquierda independentista) Quim Arrufat ha anunciado que su formación no interrumpirá la campaña de la consulta aunque el decreto de convocatoria sea suspendido por el Gobierno. Arrufat ha indicado, tras asistir al acto de firma del decreto, que "lo que debería ser un acto de normalidad democrática, como es la firma del decreto de convocatoria de una consulta, en el Estado español se convierte en un hecho excepcional".

El diputado de la CUP ha dicho que consultar en las urnas lo que opinan los ciudadanos "es un derecho básico en toda democracia" y que nadie debería pasar por alto que "en Cataluña hay una mayoría democrática que quiere que la consulta del 9 de noviembre sea convocada". Según este diputado de la izquierda independentista, el decreto debe defenderse en las instituciones pero también "en la calle" y ha dado por hecho que serán convocadas movilizaciones "de una ciudadanía que está muy concienciada y que exige poder ejercer su derecho a decidir". "Somos conscientes de que el Estado español pondrá muchas trabas, ante las cuales la mejor defensa de la consulta es que la gente salga a la calle", ha indicado antes de proclamar que "con el decreto tenemos que sacar las urnas a la calle".