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España

La última de las Españas

  • El jurista Santiago Muñoz Machado propone una doble reforma, del Estatuto catalán y de la Constitución, para encajar a Cataluña.

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Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) ha vuelto a escribir sobre España. La letra r de la Real Academia y catedrático de Derecho Administrativo lo hizo acertadamente en Informe sobre España, que llevaba el provocador subtítulo de Repensar elEstado o destruirlo y con el que ganó el Premio Nacional de Ensayo. Ahora titula Cataluña y las demás Españas, un texto en el que analiza los fundamentos históricos del independentismo, compara el caso con el de Quebec y con el de Escocia y termina con la formulación de una solución que engarza mejor que el independentismo con la tradición catalana: el pactismo.

Los historiadores -Muñoz Machado no lo es, ni lo pretende- habrán querido hacer una ciencia de la historiografía, pero lo cierto es que con los mismos hechos, personajes y situaciones las interpretaciones pueden resultar tan fascinantes como dispares, aunque de la lectura de este nuevo libro se extraen dos conclusiones: que del mismo modo que la independencia no figuró nunca, o casi nunca, en la agenda catalana, Cataluña ha desplegado a través de los siglos una relación distinta con España que el resto de las Españas. O, por decirlo de otro modo, Cataluña fue la última de las Españas, el último reino que perdió sus fueros. Que se los quitaron. Perdida la causa del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, en 1714, el nuevo rey, Felipe V, desmontó instituciones y un modo de relación, pero tal como hizo, con anterioridad, y por la misma causa, por haber apoyado a otro bando, con Aragón o Valencia. Castilla, la más de las más, la supuestamente opresora, también los perdió siglos antes con el aplastamiento de los comuneros, pero como algunos datos que Muñoz Machado ha recabado demuestran, la persecución del bando perdedor no se centró en Cataluña. Es más, la confiscación de bienes a los partidarios de los Austria fue mayor en Castilla que en Cataluña.

Valga la comparación con la lectura que el nacionalismo vasco también quiso hacer de la Guerra Civil, al describirla como una causa del nacionalismo español contra el País Vasco, como si en el resto de España no se hubiesen padecido los efectos de la victoria franquista. O viceversa.

La historia, ya se ha dicho, sirve tanto tirios como a troyanos, incluso hay soberanistas que mantienen que Cataluña hubiera sido otra Holanda comerciante si, lejos de España y de los Borbones, hubiera transitado por una revolución tranquila como la inglesa de 1688, tan incruenta como quisieron sus publicistas posteriores, que también en otros países se maneja el pasado al antojo. Cita Muñoz Machado el último trabajo de Steve Pincus, publicado en España por Acantilado, para matizar que esta revolución no fue tan pacífica como se contó, y si así fue, se debió a la obsesión inglesa de marcar diferencias con la francesa, a todas luces violenta.

Pero lo que más interesa de este libro es su propuesta jurídica y la crítica que el autor hace de los textos confeccionados por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional (la historia conviene conocerla y no olvidarla porque Muñoz Machado vuelve a ella para entroncar su solución con la tradición política catalana, que no es el independetismo, sino el pactismo).

Pero vayamos por parte: el referéndum no es un elemento válido para conseguir la independencia. El catedrático afirma, sin tapujos, que ningún Estado se puede desgajar de otro ni sin su consentimiento ni sin el engarce en su Constitución. Imposible, claro está, si no media una revolución de la que no se puede excluir la violencia. Una reforma constitucional para encajar la segregación catalana sería, de hecho, un cambio de tal calado que sería en sí revolucionario. A los soberanistas se les ha llenado la boca de Quebec y de la propuesta de su Tribunal Supremo, que si bien avala la consulta independetista, mantiene que, para llegar a ello, es necesario que, primero, haya un pronunciamiento considerable a favor del sí -no bastaría, por tanto, con el 51%- y que, posteriormente, se abriese paso a una negociación. Lo otro, la segregación sin consenso, también es contemplado por los independetistas mediante la declaración unilateral de independencia, que pondría a Cataluña no ya al nivel de Quebec o de Escocia (donde sí hubo un pacto previo), sino al de Kosovo.

El catedrático, que es consciente de la singularidad catalana, propone una vuelta al derecho de autodeterminación -así lo llama, aunque la palabra ya tienen otras connotaciones-, pero tal como ésta fue entendida inicialmente. Es decir, antes de que todas las provincias se agruparan en comunidades para marchar por el mismo camino que Cataluña o, como le llama Muñoz Machado, antes de que se autodeterminasen cada una de ellas en virtud de lo que se ha llamado principio dispositivo de la Constitución. O como se acordó en el Pacto de San Sebastián, el prólogo de la Segunda República. No se trata de volver al mapa de las regiones ni de recentralizar a España, sino de dejar a Cataluña cuente con un nuevo Estatuto para regular sus hechos diferenciales mediante instituciones, competencias y sus relación con el Estado. Y que éste sea sometido a referéndum. Bastaría, según apunta, con una reforma del actual.

Sin embargo, la gran novedad del modelo que propone Muñoz Machado es que, a la vez, se aborde una reforma de la Constitución por dos motivos: para dar cabida a este Estatuto y para abordar los defectos de la Carta Magna, ya apuntados por el catedrático en su Informe sobre España. Se trata, si se quiere, aunque no lo nombre, de plasmar una asimetría, que ya se da en nuestra Constitución con el caso del País Vasco, aunque propone que la mención no se tan vaga.

El hecho de que los dos referendos vayan acompasados da la oportunidad de pronunciarse a los catalanes y a éstos con el resto de los españoles. Así, el Estatuto sería, en cierto modo, refrendado por el conjunto. Para Cataluña, sería una suerte de blindaje constitucional. Pero Muñoz Machado avanza más: esta nueva posición de Cataluña iría emparejada de una pérdida de su influencia en el Parlamento nacional, como se ha propuesto en el caso escocés, con menos escaños atribuidos al norte en Westminster. No se trata, según el autor, de sembrar una semilla para la destrucción del Estado, aunque sí supone una gran transformación. Y quizás necesaria, tal como apuntó en Informe sobre España, para evitar eso: su desaparición.

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