Magrudis pasa al contraataque. La defensa del dueño de la empresa responsable del mayor brote de listeriosis de España, que ejerce el letrado Hilario Aranda, ha pedido a la juez que investiga el caso que aparte a la Junta de Andalucía de la causa, al entender que la Administración autonómica puede ser responsable “directo o subsidiario” de los daños causados y, en este sentido, recuerda el caso de la intoxicación por el aceite de colza, en el que el Estado fue finalmente responsable civil de las indemnizaciones a las víctimas.

El abogado del dueño de Magrudis ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla recurriendo la decisión de la instructora, Pilar Ordóñez, de admitir la querella presentada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En el escrito, el letrado que representa a José Antonio Marín Ponce y a sus familiares recuerda que la Junta de Andalucía es la administración competente y responsable de realizar los controles sobre los operadores del sector cárnico, desde el origen de la materia prima, hasta el transporte, fabricación, elaboración, distribución y venta. Y también es competente, añade, del sistema de alerta sanitaria previsto en los hospitales públicos.

La defensa de Magrudis considera que en el brote de listeriosis se han producido “graves irregularidades en los sistemas de autocontrol y control de los establecimientos de producción cárnica –granjas– y de sacrificio –mataderos– hasta llegar la bacteria de listeriosis a la fábrica de Magrudis”. Así, señala que a pesar del aumento de casos de listeria detectados en los meses de julio y agosto, la alerta sanitaria “se dilató al menos hasta el día 16 de agosto, sin producirse ninguna intervención hasta el día 18”.

Dice el abogado del dueño que Magrudis debió ser inspeccionada antes de enero de 2019 por los organismos de control, pero no se hizo, por lo que concluye que estas circunstancias “podrían dar lugar a responsabilidades directas o compartidas en cuanto a la deficiente regulación del plan de autocontrol de puntos críticos o de riesgo, y al sometimiento de inspección técnica obligatoria de los órganos de control sobre la situación de idoneidad sanitaria de las instalaciones y al control de éste por la Junta de Andalucía”.

De esta forma, mientras se produce la investigación de estos extremos, la defensa cree que “cabe la posibilidad de que la Administración autonómica resulte responsable directo o subsidiario de los daños causados”, al igual que ocurrió en el caso del aceite de colza, por lo que pide a la juez que revoque la admisión de la querella de la Junta y acuerde en su lugar “no tener como parte a la Junta de Andalucía en el presente proceso penal”.