El alcalde de Gines niega "tajantemente" haber recibido favores por acelerar un expediente administrativo

El alcalde de Gines, Romualdo Garrido, ha negado este viernes que haya recibido "ninguna contraprestación ni trato de favor" de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, o del empresario David R. M., que está siendo investigado por su presunta implicación con una organización que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. "Es tajantemente falso que haya recibido ninguna contraprestación ni trato de favor ni de Rafael Pineda ni de David R.M.", ha asegurado el regidor socialista en un comunicado remitido a este periódico.

Asimismo, ha señalado que "todos los procedimientos a los que se hace referencia en esta información se han desarrollado en base a la más estricta legalidad y cumpliéndose los plazos establecidos en cada caso.

La actuación del Ayuntamiento de Gines, ha proseguido Romualdo Garrido, se ha limitado a "informar a las partes interesadas sobre sus derechos y obligaciones, al igual que en cualquier procedimiento administrativo gestionado desde esta administración pública". Por último, el alcalde ginense ha quedido dejar claro que "nunca ha estado en ninguno de los locales o establecimientos propiedad del citado David R.M."

Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el regidor de Gines "presionó" a una empleada municipal para acelerar los expedientes urbanísticos relacionados con un empresario vinculado al narcotráfico, quien habría pagado dos comidas a Pineda supuestamente a cambio de las gestiones realizadas en la tramitación de expedientes de extranjería y en relación con la licencia de apertura del restaurante Green House.

Esta variante del caso surge a raíz de un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la juez en septiembre pasado, en el que daba cuenta de las pesquisas relizadas en torno a los tres expedientes administrativos abiertos en el Ayuntamiento de Gines relacionados con la actividad del Green House. Dicen los investigadores que las gestiones realizadas por Rafael Pineda con el Ayuntamiento de Gines se realizaron entre mayo y octubre de 2024, cuando el local volvió a abrirse al público tras haberse solucionado los inconvenientes que se habían puesto por parte del Consistorio.

Pineda se reunió, continúa la Guardia Civil, en varias ocasiones con Romualdo Garrido para "conseguir la resolución positiva de los distintos expedientes en los que está inmerso el local Green House" y para ello el alcalde habría realizado "presiones a una tal Yolanda, que podría ser la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Gines, o al menos, una trabajadora del Ayuntamiento que estaría interviniendo en los citados expedientes".

A cambio de "comidas y cenas"

En el informe policial, los agentes concluyen que tanto Pineda como Romualdo Garrido "habrían recibido supuestamente" del empresario dueño del Green House, David R. M., contraprestaciones por las gestiones realizadas que "consistirían principalmente en invitaciones a comidas y cenas, así como a consumiciones tipo copas, la mayoría de ellas en locales propiedad del propio" empresario.

La UCO señala igualmente que a cambio de las gestiones realizadas presuntamente por el regidor ginense, Rafael Pineda "se habría comprometido a realizar gestiones" relacionadas con el proceso judicial en el que figura como investigado Romualdo Garrido por las presuntas irregularidades relacionadas con la celebración del evento de 'La Pará' de Gines. La Guardia Civil concluye que no tiene constancia "por el momento" de que esas gestiones "se hayan realizado ni hayan surtido efecto". De hecho, esa causa sigue abierta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque la Fiscalía ha pedido el carpetazo de este proceso en el que están investigados Romualdo Garrido y otras 19 personas.

Tras el informe de la Guardia Civil, la juez autorizó a los agentes a requerir al Ayuntamiento de Gines los tres expedientes administrativos relacionados con la actividad del negocio Green House de Gines, todo ello con la finalidad de "examinar el desarrollo de los expedientes y los intervinientes, para determinar si incurrieron en alguna ilegalidad constitutiva de infracción penal, pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre otros".