La Audiencia rechaza la personación de la Junta en la "pieza política" de los ERE

La Junta no volverá a personarse en la denominada "pieza política" de los ERE. Así lo ha decidido la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que acaba de dictar una providencia en la que rechaza que la Administración andaluza vuelva a personarse en la pieza en la que fueron juzgados los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque en 2016 pidió el archivo de este proceso, con reserva de las acciones civiles.

La Audiencia ha dictado una escueta resolución que dice lo siguiente: "Dada cuenta por presentado el anterior escrito por la representación de la Junta de Andalucía, no ha lugar a lo solicitado en el mismo, al no ser parte en la presenta causa, habiendo solicitado, antesde la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles".

El pasado 12 de mayo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno anunció que la Administración autonómica volverá a "personarse" en la causa del denominado procedimiento específico de los ERE, ahora que la Audiencia de Sevilla ha terminado de deliberar sobre si presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las sentencias del Tribunal Constitucional que ampararon a los ex altos cargos, con la finalidad de "recuperar los 700 millones" que se destinaron al pago de las ayudas sociolaborales a los prejubilados y a las empresas en crisis.

La Junta reconoce que sólo ha recuperado 28 millones

El gabinete jurídico de la Junta aportó a la Audiencia de Sevilla la orden del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, por la que se disponía la personación de la Junta de Andalucía en la ejecutoria de la pieza del denominado procedimiento específico. En esa orden, el consejero reconocía ante la Audiencia hispalense que hasta el momento la Junta sólo ha recuperado 28 millones de los 679 millones concedidos en el periodo 2000-2009. "A pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa unpequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados", asevera la orden de Sanz.

Así, señala que en el caso de los ERE la Junta ha llevado a cabo toda una serie de actuaciones con el objetivo de "recuperar las cantidades defraudadas por diversas vías, que incluyen el ejercicio de acciones civiles y penales, la incoación de procedimientos administrativos de reintegro, la formulación de reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable así como la ejecución de las resoluciones firmes".

En el ámbito penal, detalla, se han reclamado hasta la fecha 287,79 millones en concepto de responsabilidad civil en piezas en las que la Junta ejerce la acusación, "habiéndose dictado sentencias que reconocen prácticamente 20 millones de euros. Quedan más de cien piezas pendientes de enjuiciamiento".

En el Tribunal de Cuentas se han presentado demandas por un total de 169,4 millones, de las cuales 52,19 millones son actuaciones relativas a ayudas sociolaborales; 51,85 millones por ayudas a empresas y 64,36 millones en sobrecomisiones. "Estas acciones buscan la restitución de los fondos públicos mediante la exigencia de responsabilidad a los gestores que, con dolo o negligencia grave, ocasionaron un menoscabo en los caudales públicos", explica la orden del consejero.

Además, se han llevado a cabo procedimientos de revisión de oficio de las ayudas concedidas, especialmente aquellas en las que se detectó la existencia de "beneficiarios no legítimos". Desde fechas anteriores a la sentencia de la pieza política se han iniciado "244 revisiones de oficio de ayudas a empresas, conreclamaciones por valor de 129,1 millones de euros".

El argumentario de la Junta

La Junta de Andalucía había solicitado su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el ‘caso ERE’. La Junta pretendía comparecer en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial -ese trámite ya se pasó y actualmente el tribunal está deliberando sobre las alegaciones realizadas por las partes personadas- y presentó un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo.

➡️ La Junta de Andalucía quiere llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado.

- La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Tribunal Supremo, cifró el fraude en 679.412.179,09 euros.

➡️ La Junta de Andalucía considera que:

- La doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias del año 2024 sobre el caso de los ERE “puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial”, que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía.

- La Junta tiene un “interés legítimo” vinculado a la recuperación del dinero y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016.

- Prueba de ese interés legítimo es también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

- Es “necesario” que la Junta “se persone y sea oída” para poder defender sus intereses patrimoniales.

➡️ El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados.

- Esta posición responde a la jurisprudencia que ha fijado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- La Junta de Andalucía se halla entre los Estados miembros de la Unión Europea

➡️ El artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que:

- Antes de que se dicte una resolución, las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados tienen derecho a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.

➡️ La Junta de Andalucía formula alegaciones A FAVOR de plantear la cuestión prejudicial al considerar que:

- El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones. Hay motivos para considerar que el Tribunal de Garantías se ha extralimitado en su función de control, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales.

- Sus diez sentencias tendrían una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”.

- La interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de entre los años 2002 y 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.

➡️ La Junta de Andalucía considera que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo.