La Pará se enreda por la expulsión de la acusación popular

El caso de La Pará de Gines, el proceso judicial en el que están investigados el alcalde de la localidad, Romualdo Garrido (PSOE) y otras 19 personas, lleva varios meses enredado ante la petición de las defensas para que se mantenga la expulsión de la acusación popular que en su momento ejercía el grupo municipal ‘Imagines’, ya disuelto, lo que llevó al instructor a expulsar a esta formación política “por extinción sobrevenida de su personalidad jurídica”.

El instructor dejó sin efecto esta personación, si bien tuvo como parte personada a las dos denunciantes que formaban para de este grupo político, previo abono de una fianza de 3.000 euros. En los últimos meses, todas las defensas de los 20 procesados están presentando escritos en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pidiendo la expulsión de esta acusación, que ha reclamado hasta 20 años de cárcel para el alcalde y otros tantos procesados. Entre los que han pedido la expulsión está el propio Romualdo Garrido, quien en un escrito presentado al juez recuerda que en un auto dictado el 4 de abril pasado se acordó la expulsión del procedimiento de la acusación popular de 'Imagines', un auto que "no fue recurrido ni en reforma ni en apelación por la representación procesal, la citada agrupación de electores, interponiéndose en su defecto un 'escrito de alegaciones' conminando a su señoría a que 'reconsiderara su decisión'".

Por su parte, el abogado José Antonio Sires, que representa a esta acusación, ha defendido la continuidad de esta acusación en este proceso. "Recordemos que en la causa se investiga un esquema de defraudación a la administración pública, en el que están imputados funcionarios públicos y empleados del Ayuntamiento de Gines y, una pretendida expulsión de la acusación popular afectaría a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y dejaría en un limbo jurídico el interés público, cuando existen derechos pendientes o acciones en curso que deben resolverse en la correspondiente sentencia que ponga fin a los hechos denunciados".

Según explicaron fuentes del caso, como las actuaciones practicadas hasta la fecha no pueden retrotraerse, aún cuando se permitiera la continuidad de esta acusación, la misma sólo podría “adherirse” en su caso al resto de escritos de acusación que se presenten, con lo que no podrían volver a solicitar esa pena de hasta 20 años de prisión que habían reclamado inicialmente.

En su escrito de alegaciones, José Antonio Sires, abogado de las dos denunciantes, reitera que la presentación del escrito de calificación es "anterior a la extinción y su anulación generaría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al frustrar un trámite ya consolidado", por lo que esta petición de hasta 20 años de cárcel "debe reputarse válida y plenamente eficaz, al amparo de la doctrina de la personalidad jurídica residual consolidada por el Tribunal Supremo".

La continuidad de esta acusación en el proceso sigue, por tanto, en el aire, en una causa cuya investigación se inició hace ocho años, en concreto, en 2017

El PP de la Diputación solicita penas de inhabilitación

De otro lado, la acusación que ejerce el PP de la Diputación de Sevilla ha pedido una condena de hasta siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de La Pará, pero no ha planteado penas privativas de libertad. Queda todavía por conocer el escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla, que aún no lo ha presentado y, por tanto, no se sabe si presentará cargos que conlleven una petición de prisión para los investigados.

El juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana acordó en septiembre de 2024 el procesamiento de un total de 20 investigados, entre ellos el primer edil socialista de la localidad, y exculpó a otras nueve personas, entre ellas el ex presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobos, a quien la Fiscalía ya pidió que se sobreseyera la causa contra él.

En concreto, el juez procesó en esta causa, en la que se investigan cinco delitos -prevaricación administrativa, malversación de caudales, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias- a Romualdo Garrido, alcalde de Gines, al ex alcalde Manuel Camino, a la teniente de alcalde María José Posada y a otros cinco concejales o ex ediles -José María Guerrero, Candelaria Pérez, Eva María Magdaleno, José Juan Cortés y José Carlos Peña-, así como cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de Gines entre 2007 y 2017: Alfonso Melo Márquez, Agustín Guerra Montiel, José María Villadiego Sánchez y Antonio María Palomar Cano.

Después de ese auto, la acusación del grupo Imagines presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusó al actual alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE) y otros 19 procesados, a los que reclamaba en algunos casos hasta 20 años de prisión y una responsabilidad civil de 859.459,36 euros. Esta acusación atribuía cinco delitos al actual regidor, por los que solicitaba una condena total de 20 años de prisión y 15 años de inhabilitación especial. La misma pena de 20 años pedía para el ex alcalde Manuel Camino, mientras que para los cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío exige una condena de 16 años para cada uno.