La Fiscalía de Andalucía ya está investigando los errores en el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía Superior de Andalucía ha emitido este jueves un decreto para incoar diligencias previas e investigar los posibles errores que ha habido en el cribado del cáncer de mama, que según las afectadas pudieron afectar a unas 2.000 mujeres. El Ministerio Público responde así a la denuncia efectuada el pasado 3 de octubre por la asociación Defensor del Paciente por la "dejación de funciones" en el programa de detección precoz de esa enfermedad, saldado con importantes retrasos en las pruebas diagnósticas que se les tendrían que haber realizado.

La actuación de la Fiscalía se produce "tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama", que según distintas asociaciones "pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama", según explica el departamento dirigido por Ana Tárrago.

El primer paso de la investigación ha sido la petición a la Consejería de Salud de que le envíe "copia de las denuncias presentadas hasta ahora". También ha solicitado a la Junta de Andalucía "que informe sobre los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas y la prevención de hechos futuros similares".

Las denuncias presentadas sobre estos hechos que han recaído en la Fiscalía de Andalucía provienen de la Asociación del Defensor del Paciente, que se ha ido ampliando con la de varias afectadas, así como de Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

La asociación Defensor del Paciente pidió en concreto a la Fiscalía que actuase por lo que considera "dejación de funciones" en el programa de detección precoz del cáncer de mama, después de que muchas pacientes alertasen de retrasos en pruebas diagnósticas que se les tendrían que haber realizado.

IU, por su parte, apunta directamente a la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández, así como a sus predecesores, y les achaca "tres posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios". "Ya son más de 2.000 mujeres que llevan meses o años con el diagnóstico de posible cáncer encima de la mesa sin que nadie las haya contactado. Lo ha reconocido el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS)", explicaba el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero.