La Fiscalía avala los contratos municipales con la pareja de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra

La Fiscalía de Dos Hermanasha archivado la denuncia que el concejal no adscrito de Alcalá de Guadaíra Manuel Araujo presentó por las supuestas irregularidades en una serie de contratos municipales con una empresa vinculada a la actual pareja de la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez (PSOE). Tras analizar esos 60 contratos con la empresa Imangener, el Ministerio Público concluye que los hechos denunciados "no son en principio constitutivos de delito alguno", por cuanto las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento alcalareño -por un importe aproximado de 950.000 euros- se ajustaron en todo momento al "procedimiento legal" y rechaza los delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias denunciados por el mencionado edil no adscrito.

El denunciante hacía hincapié en el "notable incremento" de la adjudicación de contratos a Ia mercantil Imangener, tanto menores como uno de mayor cuantía, que se habría producido en los últimos 15-18 meses, coincidiendo con la relación sentimental que la alcaldesa socialista de Alcalá había iniciado con el administrador de esta sociedad que, antes de ser su pareja venía recibiendo sólo dos o tres adjudicaciones al año, según el denunciante, que también señalaba que en otras ocasiones las adjudicaciones se hacía figurar a la sociedad como Instalaciones Mantenimiento de Gestiones Energéticas.

Además, coincidió que el compañero sentimental de la primera edil cesó en su cargo de administrador y pasó a ser apoderado de Imangener, algo que el denunciante interpretaba como un supuesto intento de disminuir la notoriedad de su relación con la empresa adjudicataria. A todo ello, relacionaba que las siguientes adjudicaciones se realizaron a favor de otra sociedad, Energy Contractor and Consulting, de la que es administrador único la persona que le sustituyó como administrador de Imangener.

En el curso de la investigación, la Fiscalía reclamó al Ayuntamiento de Alcalá los contratos adjudicados a cada de las empresas Imangener, Mantenimiento de Gestiones Energéticas y Energy Contractor and Consulting,de los últimos tres años, entre 2022 y 2025, así como la adecuación a la legalidad administrativa de las adjudicaciones concretas del Ayuntamiento con estas empresas, según recoge el decreto de archivo del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico.

Adjudicaciones con "soporte normativo y un procedimiento administrativo adecuado"

Tras analizar los hechos y delitos denunciados, el fiscal concluye que los hechos no sólo no son constitutivos de delito alguno, sino que los mismos "no pueden considerarse debidamente acreditados". Así, asegura que las actuaciones denunciadas "contaban con soporte normativo, y las correspondientes resoluciones se adoptaron a través de un procedimiento administrativo adecuado".

El Ministerio Fiscal señala asimismo que no ha quedado acreditada "la influencia de la situación sentimental de los denunciados con la actuación administrativa del Ayuntamiento" de Alcalá de Guadaíra.

En este sentido, explica que las actuaciones denunciadas fueron adoptadas dentro del "ámbito competencial propio, conforme a procedimiento legal, sin causación de resultado que pueda ser calificable como materialmente injusto alguno, ni la elección de los procedimientos de adjudicación, o la constitución de las distintas mesas de contratación se desviaran de los procedimientos legalmente establecidos".

Todo ello unido, prosigue el decreto, "item más, a la amplia capacidad y solvencia económica anterior de la empresa Imangener, como reflejan las cuentas anuales de la entidad desde los años 2014 a 2019, así como la multiplicidad de contrataciones de tal compañía con otras distintas administraciones públicas y no sólo con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra".

Por todo ello, el fiscal acuerda el archivo de las diligencias de investigaciones preprocesales que se iniciaron a raíz de la denuncia del concejal no adscrito, sin perjuicio de que el denunciante pueda reiterar la denuncia ante los órganos judiciales, aunque, lógicamente, repetir la denuncia en los juzgados tendría en principio poco recorrido, puesto que la Fiscalía ya ha realizado esta investigación previa de los hechos denunciados y ha descartado la existencia de cualquier delito.

Ana Isabel Jiménez defendió la legalidad de los contratos

Cuando se denunciaron los hechos, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, defendió la legalidad de estas contrataciones. “Es absolutamente falso, ya que no ha existido, existe, ni existirá ningún trato de favor a ninguna empresa. La legalidad, el rigor y la transparencia presiden todos los contratos municipales de este Ayuntamiento”, afirmó con rotundidad.

En una rueda de prensa, la regidora afirmó que el Ayuntamiento ha realizado toda la contratación de servicios para el equipamiento de instalaciones públicas municipales siempre conforme a lo que marca la Ley de Contratos y de acuerdo con los criterios de los técnicos municipales. La adjudicataria de estos contratos es una empresa especializada en los servicios de climatización que presta servicios al Ayuntamiento desde 2017,mucho antes de que en 2023 comenzara la relación entre la alcaldesa y su actual pareja. Se trata de una empresa que realiza trabajos por toda la geografía española, teniendo concursos adjudicados con muchas administraciones públicas, como la Junta de Andalucía, diversos ayuntamientos y universidades públicas.

Ana Isabel Jiménez insistió en que su actual pareja no es el propietario de esta empresa, ni tiene acciones en la misma, “es un trabajador cualificado que se dedica a las tareas de administración y dirección”. Y añadió que los contratos menores se han tramitado con un procedimiento todavía más riguroso de lo que marca la propia Ley de Contratos, con petición de diversas ofertas a distintos licitadores. Además, el procedimiento de contratación mayor de mantenimiento de climatización se ha hecho con pública concurrencia a través de la plataforma de contratación del Estado.

Por último, indicó que la denuncia carece de fundamento, y “busca el deterioro político y personal de esta alcaldesa, en una estrategia con tintes machistas, en la que deja entender que no puedo ni tengo derecho a mantener una relación con ninguna persona”.