La investigación por las ayudas a Green Power Technologies se extiende a las macrocausas de Invercaria y de los fondos Jeremie. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor, que investiga un presunto fraude de subvenciones en relación con las ayudas que por importe de 16,5 millones de euros ha recibido Green Power, ha deducido testimonio de determinada documentación que ha sido remitida para su investigación por los juzgados de Instrucción número 5 y 16, que investigan las macrocausas de Invercaria y de los fondos Jeremie, respectivamente. 

La decisión del juez se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente presentó un escrito en el que solicitó la deducción de testimonio de determinada documentación que hay en la causa de Green Power a los dos juzgados de la capital "a los efectos legales y sin perjuicio de que ante la eventualidad o posibilidad de conexidad entre operaciones y/o acciones de financiación pública pudiera procederse, de concurrir las circunstancias, a una tramitación conjunta". Es decir, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Nazaret Salguero, pedían que se enviaran esos documentos a los juzgados de Invercaria y Jeremie para ver si resulta pertinente investigar a Green Power en el marco de estas macrocausas, en las que se han abierto diferentes piezas separadas para su investigación por las ayudas concedidas a diversas empresas.

Entre la documentación de la que se ha decidido deducir testimonio hay informes de la Intervención General del Estado y la documentación aportada por la Agencia Tributaria, entre otra. También se le ha remitido el auto dictado el pasado 19 de febrero, en el que el juzgado de Sanlúcar acordó la imputación de 13 investigados, así como de dos personas jurídicas, la propia empresa Green Power y la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

El titular del juzgado número 5 de Sanlúcar, Salvador Sánchez-Gey, explica en el auto de imputación que las irregularidades se centran en la ejecución de proyectos de I+D cofinanciados por el presupuesto europeo en el periodo 2009-2015. En concreto, se trata de 28 proyectos europeos concedidos a partir de 2010, de los cuales cinco pertenecen al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (7PM) y los otros 23 estaban financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El coste de los 28 proyectos se eleva a los 16,5 millones y las ayudas concedidas ascienden a cinco millones –la suma de la parte nacional y la europea– y los préstamos a interés cero a otros cinco millones. Además, hay un número importante de proyectos de I+D desarrollados por Green Power que han sido subvencionados exclusivamente por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Ahora esta investigación se extiende a los juzgados de Invercaria y de los fondos Jeremie. El juzgado de Instrucción número 16 ha investigado en los últimos años una treintena de ayudas y préstamos concedidos por la sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria, mientras que el juzgado número 5 acordó el año pasado la apertura de un total de 14 piezas separadas para investigar las ayudas de los fondos europeos Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) que se concedieron por un importe total de 185 millones de euros en el periodo 2007-2013. Estas ayudas suponen casi un tercio de los más de 680 millones que se investigaron en la macrocausa de los ERE.

La investigación, que se abrió igualmente a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y estuvo paralizada durante cinco años por diversos motivos, se reactivó una vez que el juzgado ha digitalizado la voluminosa documentación aportada y se ha recibido además un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Por su parte, la investigación de Green Power está abierta desde el año 2019 y se inició a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Sevilla y en la que se exponían presuntas irregularidades en relación con las ayudas europeas, estatales y autonómicas otorgadas a Green Power Technologies.

La investigación del presunto fraude por las subvenciones de 16,5 millones ha provocado la imputación del consejo de administración de Green Power Technologies y de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA). En total hay 13 investigados, además de las dos personas jurídicas, y entre ellos destacan el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y los catedráticos de Ingeniería Electrónica Juan Manuel Carrasco Solís y Eduardo Galván Díez.