Giro en el juicio de la mina de Aznalcóllar: el asesor de la Policía fue condenado por su gestión en Minas de Riotinto

La cuarta sesión del juicio por el concurso de la mina de Aznalcóllar dio mucho de sí en las cinco horas que duró. Cinco fueron también los acusados que desfilaron ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, todos miembros de la comisión técnica que calificó los proyectos de Minorbis y Emerita. Ellos pusieron las bases para que la Junta de Andalucía eligiese a la primera de ellas y diez años después, pese a ver su trabajo en entredicho y exponerse a las penas de cárcel que reclama la compañía perdedora, no sólo defendieron los “magníficos” informes que elaboraron, sino que se mostraron “orgullosos” de participar en un proceso emblemático en la historia de la industria andaluza. Pero hubo más. Además de reivindicar la imparcialidad de su tarea, una de las encausadas fue a más y no dudó en criticar con extrema dureza la investigación de la Policía Nacional. De hecho, su interrogatorio permitió desvelar que el asesor que apoyó las pesquisas policiales es un empresario que en su día fue condenado por su gestión en otra mina, la onubense de Riotinto.

La protagonista de la mañana, la última en comparecer, es ingeniera de minas y técnica en prevención de riesgos laborales. Funcionaria por oposición desde 2008, estuvo declarando durante unas dos horas en las que diseccionó uno a uno todos los criterios que le tocó estudiar durante la valoración de los proyectos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) los rebatió después en su atestado con frases como “está sisando puntos a Emerita de forma grotesca”. “Son comentarios bochornosos e inadecuados”, respondió ella ayer. Es más, calificó los dos informes que emitió la comisión técnica como “magníficos y profesionales”. “No cambiaría ni un punto ni una coma”, espetó. Y recordó que la comisión, a la hora de puntuar los proyectos, sólo se basó en “la información aportada por las licitadoras”. Es decir, Minorbis y Emerita.

Lo segundo ya fue crítica pura y dura contra el jefe de los investigadores. Se adentró en ese capítulo a raíz de lo que definió como “patinazo” de la Policía respecto al presupuesto total del proyecto. Según ella, la conclusión policial “denota una ignorancia supina de la normativa minera”. Y eso la llevó directamente al inspector R.S. “Desde el principio me escamó un poco que fuese el único firmante de los atestados de la UDEF. Me interrogó de una forma muy tosca y me cuesta mucho creer que este hombre supiera nada de la historia de Aznalcóllar o de explotaciones mineras. Todo fue surrealista, desde que me mandaron la citación llamándome por teléfono. Fui tratada como una vulgar delincuente, y además aguantando bromas sobre el tema. Me habló en un tono agresivo, arrogante... Una persona que no entiende de lo que está hablando, que no tiene ni idea, y me rebatía mis respuestas o me hacía preguntas tendenciosas para que le respondiese lo que él quería”, rememoró la procesada.

“Tengo la sospecha de que tuvo un apoyo técnico”, agregó finalmente. Y ese apoyo, según reveló después su abogado sin que ninguna acusación abriese la boca para negarlo, fue Luis A.B., ya condenado en 2020 por apropiación indebida en la gestión de Minas de Riotinto entre 2007 y 2008. En concreto aceptó un año y tres meses de cárcel, igual que Carlos Estévez, director de la empresa. Además de explicar que no había encontrado “ninguna publicación suya en Internet” como presunto experto en minería que era, la acusada resaltó que Luis A.B. era “el testaferro de Carlos Estévez, bien conocido por el fraude en Minas de Riotinto”. “En la Audiencia lo conocerán porque está condenado. No me parece muy ético recurrir a una persona con estos antecedentes”, lamentó.

El ataque no fue sólo contra el inspector y su asesor. “Esta gente, la UDEF, cuestiona los criterios de valoración pero se confunde, porque piensa que la comisión técnica es la que los estableció y no fue así”, indicó la encausada cuando su abogado le preguntó por el peso de los criterios económicos en aquel concurso. “En las bases no se recogía el monto económico del proyecto. Lo que no puede hacer Emerita es justificar que debería haber ganado el concurso porque ponía más dinero. Es falso, eso no se valoraba. Había 34 criterios de valoración. La valoración económica-financiera eran 20 puntos. Las medioambientales, por ejemplo, eran 26. Es un fallo garrafal de la UDEF”, se explayó.

A continuación, la acusada ofreció una disertación muy técnica sobre las “cuadrículas” de la zona minera de Aznalcóllar. La Policía determinó que, al calcular la inversión en función de estos trozos de terreno, la comisión hizo la división entre 72 cuadrículas con Emeritas y 53 con Minorbis. La ingeniera habló de “error de bulto” de la UDEF al admitir como cuadrículas investigables “algunas que caían en pleno casco urbano de Aznalcóllar”. “¿Qué iban a hacer, levantar las casas?”, se preguntó con sarcasmo. “Lo que propone la UDEF es un disparate”, sentenció.

La versión de la comisión técnica

Antes de que la ingeniera de minas tomase la palabra y se quedase a gusto contra Emerita y la Policía, el tribunal de la Sección Tercera oyó los testimonios de otros cuatro componentes de la comisión técnica, todos funcionarios de la Junta por oposición. El guion de sus declaraciones fue similar, algo previsible porque todos estos acusados compartían el mismo abogado. El caso es que coincidieron en que no recibieron ningún tipo de presión ni “directriz” para puntuar a Minorbis mejor que a Emerita, de modo que con esa neutralidad elaboraron dos informes “muy rigurosos, profesionales, transparentes y de gran objetividad”.

Así los calificó la primera acusada, una ingeniera de montes que en la época del concurso era asesora técnica de Restauración de Impactos Mineros. “La puntuación fue motivada, justificada y por consenso”, recalcó otro ingeniero de minas a continuación. No discrepó de esa línea otro encausado, un ingeniero técnico industrial ya jubilado. “Éramos gente profesional con un criterio solvente. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos, era una iniciativa pionera”, proclamó el más vehemente de los cuatro, un biólogo.

Emerita afirma en su escrito de acusación que la comisión técnica se inventó algunos criterios de valoración para así favorecer a Minorbis. Todos los encausados que declararon ayer lo negaron con rotundidad. “¿Cómo íbamos a hacer eso, si estaba todo totalmente regulado?Qué invento ni invento...”, dijo el biólogo.

Los interrogatorios, inevitablemente, también tuvieron su componente técnico, pero lo más relevante para los profanos en la materia es que todos advirtieron una “clara diferencia” a favor del proyecto de Minorbis durante el estudio comparativo, que por cierto hicieron con dos pantallas (una para cada empresa) y desmenuzando criterio a criterio.