La incógnita de la sentencia de los ERE

La recuperación de los 680 millones de los ERE: una misión prácticamente imposible

  • La Administración andaluza ha recuperado en sentencias del Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso más de 22 millones de euros de las ayudas sociolaborales y a empresas.

Gesto serio de José Antonio Griñán al salir de la lectura de la sentencia.

Gesto serio de José Antonio Griñán al salir de la lectura de la sentencia. / Antonio Pizarro

La recuperación de los 680 millones de euros que, según la sentencia de la denominada "pieza política" de los ERE, han sido malversados por los ex altos cargos de la Junta condenados representa un nuevo embrollo jurídico que convierte el reintegro de la totalidad de la cuantía en una misión prácticamente imposible de completar.

Hasta ahora la Administración autonómica, según datos conocidos por este periódico, ha logrado sentencias que condenan a reintegrar más de 22 millones de euros de la ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidos durante una década a través del programa 31L, conocido como el fondo de reptiles. Estas sentencias se han producido gracias a las demandas que la Junta de Andalucía ha ido presentando tanto en el Tribunal de Cuentas, donde se ha declarado la responsabilidad contable de varios ex altos cargos, sobre todo los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, así como a los administradores de algunas de las empresas que recibieron esos fondos. En el Tribunal de Cuentas se han ganado sentencias por importe de más de 17 millones, aunque los servicios jurídicos han planteado demandas que superan los 118 millones.

El dinero recuperado teóricamente también procede de las sentencias ganadas en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, vía a través de la cual también se ha solicitado el reintegro de parte de las subvenciones, por lo que la cantidad lograda al menos en las sentencias supera ampliamente por ahora los 22 millones de euros.

Sin embargo, la recuperación de ese dinero establecido en las sentencias depende de la solvencia de los ex altos cargos y empresas condenados, y por ejemplo hay algunos como Javier Guerrero, que en julio pasado fue condenado a devolver 3,8 millones por las ayudas concedidas a A Novo Comlink, que tienen sus bienes totalmente embargados y no tienen recursos suficientes para devolver esas cantidades.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el procedimiento específico de los ERE concluía que como las ayudas se concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", la malversación del caso de los ERE afecta a la totalidad de las ayudas otorgadas en el periodo 2000-2009, es decir, el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L: 679.432.179,09 euros. El importe de las ayudas concedidas en el año 2000 ascendió a 6.977.751 euros; 86.022.863 euros (en 2001); 66.538.654 euros (2002); 55.646.899 euros (2003); 42.472.719 euros (2004); 73.061.471 euros (2005); 86.591.000 euros (2006); 86.656.003 euros (2007); 94.744.185,09 euros (2008) y 80.720.634 euros en 2009.

La Audiencia ha condenado por el delito de malversación de caudales públicos a diez de los 21 ex altos cargos enjuiciados, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, pero como la Junta, en la época en que Susana Díaz era presidenta, se reservó expresamente el ejercicio de las acciones civiles en esta pieza separada -el gabinete jurídico solicitó el archivo de esta causa al estimar que ni había "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE-, el dinero no podrá ser reclamado a estos ex altos cargos ahora condenados hasta que haya una sentencia firme, una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación que presentarán los ex altos cargos condenados y el Alto Tribunal podría tardar alrededor de dos años en dictar la nueva sentencia.

Sería con una sentencia firme, cuando se podría acudir a la vía civil para reclamar ese dinero que, por otra parte, la Junta de Andalucía también está reclamando en la vía penal en las otras 150 piezas separadas del caso de los ERE que todavía siguen en instrucción, pero donde no se enjuicia a los ex altos cargos ahora condenados porque otro tribunal, la sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estableció que no podían ser enjuiciados en múltiples procesos, dado que se estaba vulnerado el principio legal non bis in ídem, que determina que una persona no puede ser enjuiciada dos veces por unos mismos hechos. De hecho, la Audiencia ha dictado ya más de 50 autos avalando la exclusión de los ex altos cargos en el resto de las piezas.

Y la recuperación del dinero dependerá, nuevamente, de la solvencia económica de los condenados, pero se trata de una cifra tan astronómica que la recuperación en su totalidad es realmente una utopía. Además, la condena a devolver dinero de los ERE en la vía penal obligaría a hacer un ejercicio de "descuento" de las cantidades que, por ejemplo, hubiesen ya sido recuperadas por la Administración ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales del orden de lo Contencioso-administrativo, para evitar un supuesto "enriquecimiento injusto" de la Administración.

La gran paradoja de esta cuestión es que hasta ahora, y nadie lo va a hacer, se ha reclamado el reintegro del dinero a los más de 6.000 trabajadores que en su día se beneficiaron de esas ayudas a las prejubilaciones, un embrollo jurídico que mete a la Administración autonómica en un círculo vicioso perverso, puesto que estaría reclamando la devolución del dinero a los responsables de su concesión "ilegal" -según la sentencia- pero no a los trabajadores que, según la teoría asentada por la sentencia, se habrían beneficiado de esas ayudas concedidas mediante un procedimiento ilegal. Ni el anterior Gobierno de la Junta, presidido por Susana Díaz, ni el actual del cambio de Juanma Moreno Bonilla parecen estar dispuestos a reclamar la devolución a los ex trabajadores, porque eso volvería a generar importantes conflictos sociales como los que en su día impulsaron la concesión de estas ayudas. 

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