El retraso judicial del caso del hombre tetrapléjico de Algodonales bate un récord: 22 años sin cobrar el millón de euros

El retraso judicial en el caso del tetrapléjico de Algodonales, Juan Carretero, acumula ya 22 años sin que su familia hayan recibido el millón de euros fijado como indemnización. Este caso, que ha superado todos los registros por dilaciones en los juzgados de Utrera (Sevilla), ha llevado recientemente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pronunciarse de nuevo de forma crítica respecto a la gestión del Ministerio de Justicia. Pese a que el departamento reconoció en el pasado sus errores indemnizando con 60.000 euros, la cifra permanece muy lejos del importe pendiente y actualmente la familia continúa reclamando la cantidad íntegra sin visos de pronta resolución.

Desde que comenzó el procedimiento judicial en 2003 tras el accidente que dejó a Juan Carretero tetrapléjico, la lentitud y los obstáculos en la tramitación han marcado el proceso. El litigio no solo ha superado los 19 años sin sentencia ejecutada, sino que además ha desencadenado nuevos enfrentamientos administrativos. En 2016 falleció Carretero sin haber recibido ningún abono de la cantidad reconocida, lo que ha forzado a los familiares a retomar las acciones legales y buscar nuevas vías para que se ejecute finalmente la resolución judicial.

En los últimos años, el Ministerio de Justicia admitió la responsabilidad del Estado en el retraso y abonó una indemnización de 60.000 euros hace más de una década. "El Ministerio de Justicia admitió sus errores e indemnizó con 60.000 euros hace años, por retrasos y lentitud del juicio, lo que es una cifra ridícula", ha manifestado el abogado Fernando Osuna, que representa a los familiares.

Sin embargo, esta cantidad ha sido considerada claramente insuficiente por todos los actores implicados, teniendo en cuenta que la sentencia reconocía un millón de euros por daños y perjuicios. La falta de avances y la persistencia de la disfunción judicial han llevado a la familia a solicitar otra indemnización, como ha informado favorablemente el CGPJ recientemente.

"Se teme que se prolongue mucho más esta disfunción judicial" debido a la incapacidad para ejecutar el embargo de una finca rústica propiedad de los condenados, que supondría la vía más directa para abonar la cantidad pendiente. La propiedad sigue, a día de hoy en 2025, sin haber sido adjudicada en proceso de embargo efectivo, lo que implica un nuevo escollo administrativo.

Detalles sobre el funcionamiento de los juzgados y otros organismos implicados

El expediente suma numerosos incidentes: "El proceso cada vez está más lento y kafkiano, con actos surrealistas como el retraso de un año para trasladar un atestado entre dos oficinas situadas a apenas 30 metros". De hecho, "se equivocaron y el atestado era de otro juicio: por este motivo se suspendió y se aplazó el juicio muchos meses". Además, se han documentado anomalías en la coordinación entre la Notaría de Los Palacios y el Juzgado de Utrera por la presentación de determinada documentación relevante.

A lo largo del procedimiento judicial, los responsables del pago de la indemnización llegaron a estar defendidos por "más de tres abogados", aunque, según los afectados, "su mejor letrado es el descomunal retraso del juzgado en cuestión; ese es su mejor defensor", ha señalado Osuna. El historial de quejas y reuniones con decanos de colegios de abogados, procuradores e incluso el subdelegado del Gobierno en Sevilla durante los últimos años, así como las gestiones ante instituciones europeas, no han logrado desbloquear el caso.

La vida cotidiana de Juan Carretero se vio seriamente afectada por la falta de acceso a los recursos económicos reconocidos judicialmente. Las secuelas del accidente y la imposibilidad de costear los cuidados necesarios agravaron notablemente su estado de salud: "Estado físico deplorable por no poder pagar los cuidados necesarios: cuerpo lleno de llagas, esófago deteriorado, el cuerpo amoratado, orinaba con sondas, el estómago le funcionaba mal, depresión nerviosa muy grande, defecaba con ayuda de medicamentos, la mayoría de los órganos no le funcionaban bien, para bañarlo había que usar una grúa ortopédica…".

Como subraya la familia, Juan Carretero "murió frustrado tras 14 años de pésimo funcionamiento del órgano judicial de Utrera". Intentó iniciar una huelga de hambre y llegó a considerar el suicidio, sin haber recibido la atención debida por las instituciones responsables.

El caso Carretero ha pasado a la historia judicial por acumular la mayor dilación en la ejecución de una sentencia indemnizatoria en Andalucía. Desde 2003, año en que se produjo el accidente, los procesos administrativos y judiciales han sufrido continuos retrasos y errores. El año 2004 marcó un punto de inflexión negativo para la familia, coincidiendo con los fallos de coordinación entre tribunal y notaría.

Desde el fallecimiento de Carretero en 2016, la familia mantiene activos los procedimientos para forzar la ejecución de la sentencia, aunque "todo sigue igual" según diversas fuentes. El caso se ha convertido en ejemplo paradigmático del fenómeno de la dilación indebida y de la necesidad de reforma en los sistemas de gestión judicial y ejecución de sentencias civiles en España.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actúa como órgano de gobierno de los jueces y magistrados en España, y supervisa el correcto funcionamiento de la administración de justicia. En ocasiones excepcionales, como la que afecta a la familia Carretero, el CGPJ puede emitir informes o recomendaciones, así como evaluar responsabilidades administrativas por dilaciones indebidas. Aunque el CGPJ no ejecuta sentencias, sí tiene capacidad para requerir medidas correctoras y elevar al Ministerio de Justicia la gravedad de determinadas situaciones, contribuyendo a visibilizar casos estructurales de disfunción como el registrado en Utrera y Sevilla.