Se agota el último cartucho para los 44 policías afectados por la sentencia que anuló las oposiciones de la Policía Local del año 2012, abocados de manera irremediable a volver a repetir el caso práctico el próximo 30 de septiembre. La juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla ha inadmitido a trámite el incidente planteado por la defensa de 11 de los 44 agentes que planteaban la imposibilidad de ejecutar la sentencia y señalaban que el despido de estos funcionarios supondría un coste para las arcas municipales de unos seis millones de euros, proponiendo como alternativa que se hiciera una "reserva de notas" para el denunciante en las próximas oposiciones o que se acordara una indemnización para el mismo.

Con anterioridad, la juez también había rechazado una iniciativa similar que había presentado la defensa de los otros 33 agentes, que pedían que se indemnizase al denunciante por parte del Ayuntamiento, dado que el cese de los funcionarios once años después de que lograran sus plazas supondría "una brecha para la seguridad en la ciudad" y además acarrearía la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar.

Estas iniciativas judiciales para tratar de mantener a los agentes en sus puestos han fracasado porque el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la ejecución de la sentencia, de acuerdo con los dictámenes emitidos por los servicios jurídicos municipales y el servicio de Recursos Humanos, quienes en ningún momento propusieron al juzgado que la sentencia no podía ejecutarse por el tiempo transcurrido y los graves perjuicios que esta situación podía provocar, a pesar de que en un supuesto similar en unas oposiciones de la Policía Local de Málaga celebradas en el año 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró que la ejecución era imposible y acordó, en su lugar, indemnizar con más de 28.000 euros a cada uno de los opositores que habían llevado el asunto a los tribunales. En este caso, se recurrió la decisión del Ayuntamiento de Málaga de mantener las plazas y la Justicia había anulado la celebración del tercer ejercicio de la convocatoria para cubrir 94 plazas de la Policía Local de la capital malagueña.

En el caso de los 44 policías de Sevilla, la juez de lo Contencioso-administrativo recordó en una providencia dictada el pasado 7 de junio que "dado que el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de la sentencia, requiérase al Ayuntamiento para que siga efectuando gestiones con el mismo fin de cumplimiento, debiendo informar a este Juzgado del resultado de las mismas”.

Y a partir de ahí, el Ayuntamiento informó al juzgado de que la repetición de la prueba se podría realizar a finales de septiembre, posponiendo a este mes el cese de los agentes, todo ello, según reconocía el propio Consistorio, para causar el menor "daño posible" al servicio de la Policía Local. En concreto, en un informe remitido al juzgado, los servicios municipales señalaban lo siguiente: "Con la intención de causar el menor daño posible a la prestación de sus servicios por parte del cuerpo de la Policía Local de Sevilla, y también a los afectados por la sentencia 51/20 que participaron de buena fe y que, en principio, fueran ajenos a las filtraciones que se hubieron producido, desde el servicio de Recursos Humanos entendemos que podría demorarse también hasta el mes de septiembre, antes en todo caso de la repetición del examen, el cese efectivo de la relación de servicios que une con el Ayuntamiento de Sevilla a los policías cuyo nombramiento ha sido judicialmente anulado".

El pasado 25 de julio, la dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla acordó que la repetición de la prueba práctica se lleve a cabo el próximo 30 de septiembre y con 250 aspirantes -los que en su día llegaron a esta fase de las oposiciones-, con lo que el cese de los 44 agentes se producirá con anterioridad a esta fecha.

¿Está todo perdido para estos agentes?

A dos meses del examen, la pregunta que se hacen los agentes afectados -muchos de los cuales se han dado de baja tras conocer que serían cesados- es si todavía hay alguna posibilidad de paralizar la ejecución de la sentencia. Cada día que pasa, evidentemente, es más difícil que el proceso se detenga, puesto que el Ayuntamiento está ejecutando la sentencia y el juzgado ha rechazado los intentos de las defensas de declarar que el fallo es de imposible ejecución.

Aún así, todavía quedan algunos recursos para tratar de revertir la situación porque la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla acordó "la retroacción del proceso selectivo del presente recurso al momento anterior al de proponerse el caso práctico con todos los efectos a ello inherentes, incluida la nulidad de las actuaciones dictadas con posterioridad”.

Y es en este último punto donde pueden surgir nuevos contratiempos para la ejecución de la sentencia, porque el Ayuntamiento ha interpretado algunos aspectos que afectan a esas actuaciones dictadas con posterioridad, relacionadas con el reconocimiento médico o con su formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

Así, según el Ayuntamiento, "los aspirantes que aprueben el ejercicio práctico y que hubieran superado en su día el reconocimiento médico en el proceso originalmente desarrollado, o bien en cualquier proceso selectivo de fecha posterior para el acceso a alguno de los cuerpos de Policía Local de Andalucía, conservarán la calificación de apto en el cuarto ejercicio del proceso selectivo consistente en el reconocimiento médico".

Y también ha dispuesto el Ayuntamiento -en contra de lo que aparentemente se desprende de la sentencia-  que "los aspirantes que, una vez concluidos los ejercicios del proceso selectivo original, hubieran superado el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, así como los que lo hubieran superado en cualquier fecha posterior para el acceso a alguno de los cuerpos de Policía Local de Andalucía, mantendrán la calificación obtenida en el curso realizado". 

De esto se desprende que si los 44 agentes aprueban la repetición del ejercicio práctico no tendrían que someterse al reconocimiento médico ni volver a pasar por la ESPA, lo cual podría volver a generar nuevas impugnaciones de aquellos otros aspirantes que no logren la plaza. Un nuevo enredo que podría volver a acabar en los tribunales de Justicia.