2026, el año en que la agenda verde se juega en la economía real

En 2026, la agenda ambiental internacional deberá dejar menos espacio para los grandes anuncios y más para la ejecución de los compromisos. La descarbonización entra en fase de “contabilidad dura” (comercio, transporte marítimo, fronteras), la naturaleza pasa de los compromisos a los planes nacionales obligatorios, y la contaminación —plásticos, metano— se convierte en un pulso geopolítico. En España, el foco se concentrará en cómo sostener el salto renovable con redes eléctricas capaces, cómo aterrizar la adaptación al cambio climático y cómo encajar la ola regulatoria europea sin perder competitividad.

Clima: COP31, finanzas y credibilidad en la implementación

El gran hito multilateral de 2026 será la COP31 (Antalya, Turquía, 9–20 de noviembre). Turquía ejercerá de país anfitrión y Australia liderará el proceso negociador (“presidencia de las negociaciones”), un formato poco habitual que ya anticipa el tono político del encuentro.

¿De qué se hablará? Aunque el calendario formal de objetivos climáticos (NDC) se mueve en ciclos, 2026 es el año en que los compromisos recientes se medirán por su ejecución. Eso colocará en el centro la financiación climática, el despliegue de adaptación y las reglas que conviertan los objetivos en inversión real y verificable, con la presión añadida de los sectores difíciles de descarbonizar —industria pesada, marítimo— y con el debate sobre “quién paga” más vivo que nunca.

Comercio y frontera: el CBAM empieza “de verdad” el 1 de enero

Si hay una fecha que marcará la agenda económica-ambiental europea (y española) es el 1 de enero de 2026, cuando comienza el régimen definitivo del Mecanismo de Ajuste enFrontera por Carbono (CBAM).

En la práctica, esto tensiona tres debates a la vez. Por un lado, el de la competitividad industrial: los sectores intensivos en energía reclaman certidumbre, reglas claras y simplificación administrativa, mientras Bruselas revisa el diseño del mecanismo para evitar fugas, fraude o incentivos perversos. Por otro, el de la relación con socios comerciales, porque el CBAM exporta “norma climática” fuera de la UE y puede derivar en fricciones diplomáticas y comerciales, pero también en incentivos para que terceros países endurezcan su propia política climática.

Naturaleza y biodiversidad: 2026 pasa de “prometer” a “planificar”

Dos piezas encajan aquí. Por un lado, la COP17 de Biodiversidad (Yereván, Armenia, 19–30 de octubre de 2026) será un momento de revisión de avances, pero sobre todo de aterrizaje de mecanismos de seguimiento y financiación. Por otro, la gran palanca europea será la Ley de Restauración de la Naturaleza, que entró en vigor en 2024 y obliga a los Estados a presentar planes nacionales de restauración en el plazo de dos años, lo que coloca 2026 como un año crítico para los borradores y su negociación política interna.

En España, esto se traducirá en una discusión intensa sobre qué restaurar primero y con qué herramientas: humedales, ríos, litoral, conectividad ecológica y sistemas agrarios. La restauración dejará de ser un catálogo de proyectos piloto para convertirse en política pública con hitos, métricas y presupuesto.

La deforestación importada se aplaza, pero no desaparece

La normativa europea contra la deforestación (EUDR) ha sido pospuesta y el calendario que se consolida sitúa la aplicación para grandes operadores a partir del 30 de diciembre de 2026, con plazos adicionales para pymes. Esto convierte 2026 en un año de “preparación obligatoria” para empresas que importan o comercializan materias primas sensibles (cacao, café, soja, ganado, palma, madera o caucho). La conversación ambiental se mezclará con la comercial: exigencias de trazabilidad, geolocalización, auditoría y costes, y presión diplomática de países exportadores.

Transporte marítimo: el ETS aprieta y el Mediterráneo (España incluida) lo notará

El ETS europeo (Sistema de Comercio de Derechos de Emisión) se aplica al transporte marítimo desde 2024, obligando a las navieras a comprar permisos por cada tonelada de CO2 emitida en viajes dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y entre puertos europeos y terceros países. En 2026 sube el listón. Las navieras deberán cubrir con derechos de emisión el 70% de las emisiones reportadas del año anterior (2025), dentro del calendario escalonado hacia el 100%. Para España, con grandes puertos y un tráfico internacional muy relevante, esto significa que el coste carbono entra en la ecuación logística, empuja a mejoras de eficiencia y combustibles alternativos y reabre el debate sobre competitividad portuaria y coordinación entre regulaciones globales (IMO) y regionales (UE).

El tratado de plásticos sigue atascado

El tratado global contra la contaminación por plásticos no logró cerrarse en 2025 y llega a 2026 con incertidumbre sobre cómo reactivar las negociaciones y, sobre todo, sobre su alcance real: si se limitará a la gestión de residuos y el reciclaje o si incluirá límites a la producción y un enfoque de ciclo de vida. Aunque no haya “gran firma”, 2026 seguirá marcado por la presión social y científica para medidas más ambiciosas, por políticas nacionales y regionales —con la UE avanzando por su cuenta— y por el choque frontal con intereses petroquímicos y comerciales.

España en 2026

El PNIEC funciona como guion de fondo. España fija, entre otros, objetivos como una reducción del 32% de emisiones frente a 1990 y un 81% de electricidad renovable en 2030, y 2026 será un año de ejecución y seguimiento real de las medidas asociadas. A la vez, el gran cuello de botella será el despliegue de redes: el regulador (CNMC) ha fijado la tasa de retribución para redes eléctricas en 2026–2031, y el debate sobre cuánto y cómo invertir para absorber renovables, electrificar industria y desatascar conexiones seguirá escalando.

En paralelo, la adaptación pasará de ser un marco a ser una agenda programática: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021–2030) se estructura en dos ciclos, y el arranque del tramo 2026–2030 empujará políticas concretas frente a impactos ya visibles, como olas de calor, sequías, incendios, riesgos costeros e inundaciones. En otras palabras, si 2025–2026 consolidan la transición energética, 2026 debería ser también el año en que España acelere la “transición de resiliencia”: eficiencia y gobernanza del agua, protección sanitaria ante calor extremo y una gestión del litoral pensada para décadas, no para la siguiente temporada turística.