LA negociación que se está produciendo en torno a la reforma laboral, un asunto de la mayor importancia, se está viendo perjudicada por compromisos asumidos por el Gobierno y que tienen poco que ver con una discusión serena acerca de los defectos de nuestra regulación laboral y de las políticas activas en el mercado de trabajo. Parece que no se va a producir una derogación completa de la reforma de pasadas reformas laborales, tal como los socios de los socialistas pretendían al comienzo de la legislatura. La negociación parece que se centra, en buena medida, en el desarrollo de las propuestas contenidas en la Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Es este un documento que merece ser leído, a pesar de su redacción prolija y de supere la estomagante repetición de resiliencias y transversalidades y sostenibilidades que parecen de obligatoria inclusión en cualquier documento despachado por La Moncloa. 

El documento no es la derogación de la reforma laboral de 2012, ni es esto, en realidad lo que se está negociando, por más que es lo que parece creer la señora ministra del ramo o, al menos, esto es lo que ha afirmado esta semana en la Escuela de Verano de UGT en Asturias (supongo que se celebra en septiembre para no afectar a las merecidas vacaciones estivales de los liberados sindicales que acuden a formarse). La gran justificación de la ministra, por lo leído en la prensa, es que con aquella reforma laboral se produjeron despidos masivos. Pobre ignorante de mí, que hasta ahora habría jurado que también se habían producido despidos masivos antes de 2012 y me ahora me doy cuenta de que no lo eran, sino sólo numerosos despidos individuales en la misma empresa, por las mismas causas, al mismo tiempo y bajo una negociación común a todos ellos. Quizá es que no sea lo mismo. 

Ahora se ha introducido un nuevo factor de discusión y alejamiento con una de las partes negociadoras, la empresarial, debido a una nueva subida del salario mínimo, que, según la ministra, es “la herramienta más eficaz para combatir la pobreza” (sic). No comprendo yo cómo no se le ha ocurrido antes a nadie, ni que haya países en los que apenas hay pobreza y que carecen de un salario mínimo establecido: Dinamarca, por ejemplo. 

Afortunadamente, el documento antes mencionado hace planteamientos bastante más serios y abre la discusión o negociación sobre no pocos problemas que aquejan a nuestro mercado de trabajo, aunque también se incluyen algunos intereses de parte.  Entre dichos planteamientos merece ser destacado, en primer lugar, la reducción del amplísimo catálogo actual de contratos (creo que hay 33 tipos diferentes) a solamente tres: indefinido o estable; temporal y de formación. Esto tiene todo el sentido del mundo; en particular, para evitar el exceso o abuso de la temporalidad y facilitar la cualificación de los trabajadores, pero es necesario conciliar esta simplificación con las particularidades estacionales de algunas actividades características en nuestra economía, tales como el turismo o la agricultura, entre otras. Al parecer, los contratos temporales sólo podrán utilizarse por causas productivas u organizativas y para los trabajos estacionales o de campaña el recurso será un contrato fijo-discontinuo, una modalidad del contrato indefinido. Según lo que se ha publicado del borrador de negociación, los contratos temporales se limitan a aquellas circunstancias en las que se produzcan incrementos no previsibles de actividad que no pueden ser atendidos por la plantilla actual o habitual de la empresa. Es decir, no se podrán utilizar para trabajos que constituyan la actividad normal de la empresa. 

La negociación no será fácil, pero bienvenida sea esta simplificación, aunque hay que lamentar el tiempo perdido en no haberle puesto solución mucho antes. A este respecto, no está de más recordar que la reducción de la tipología de contratos laborales fue objeto de un estudio realizado por la Fundación Sagardoy y BBVA Research, publicado en 2014 y titulado “Medidas para favorecer la contratación indefinida”. La propuesta conducía, precisamente, a convertir el contrato indefinido en la opción por defecto, mediante la simplificación de la tipología de contratos y la modernización del sistema de indemnizaciones, persiguiendo también la protección de los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral. Los contratos serían el indefinido ya mencionado; el temporal causal y el de aprendizaje y formación, que habría de facilitar la transición al empleo indefinido. La modernización de las indemnizaciones contemplaba, entre otros extremos, una cuenta de ahorro individual dotada con aportaciones de la empresa (un salario diferido). Pues bien, pocas horas después de la presentación, casi sin tiempo para haberlo leído y comprendido, los sindicatos y los partidos de izquierda atacaron el documento de un modo feroz, de modo que no hubo ocasión para un debate sereno acerca de la propuesta. Probablemente sería porque se introdujo en un campo que los sindicatos consideran cosa nostra. 

Como era previsible, el documento aborda la negociación colectiva. Según las cifras que refleja, hay en España 4.359 convenios colectivos, de los cuales 3.347 son de empresa y los restantes de ámbito superior (grupos de empresa o sectoriales, que incluyen los de ámbito territorial) y en los que se incluyen 10 millones de trabajadores. Como era previsible, se pretende restablecer la prevalencia de los convenios sectoriales bajo la presunción de que la negociación para un sector completo protege mejor a los trabajadores que un convenio de empresa. Esto sería cierto si todas las empresas de un sector fuesen homogéneas, pero nada hay más distante de la realidad. Desconozco si se ha demostrado que haya menor protección con la actual estructura de negociación colectiva, pero lo contenido en el documento a este respecto me suena a añoranza del Fuero del Trabajo y a darle cuartel a unos sindicatos cada vez más desdibujados. 

Acierta el documento al señalar el uso abusivo de las subcontrataciones, aunque no es lo generalizado, y se pretende establecer obligaciones subsidiarias para la empresa principal, además de que el convenio que regirá a las subcontratistas será el de su propia actividad y no el de empresa. Se pretende limitar las subcontrataciones a aquellas actividades que no formen parte del núcleo de operaciones de la empresa principal. Como es comprensible, a estas modificaciones se oponen los representantes de los empresarios.

La eficacia de los ERTE como mecanismo de flexibilidad está explícitamente reconocida, aunque al parecer se llamarían Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo –no sea que vayamos a recordar quién los estableció– y se prevé la creación de un fondo tripartito para financiarlo, dotado con las cotizaciones por desempleo y las aportaciones del Estado cuando incurra en déficit. Finalmente, acierta el documento al hacerse eco de los informes (revisiones de gasto o spending review) producidos por la Airef y que atañen a políticas públicas en el mercado de trabajo. En particular, además de la mejora de los sistemas de formación para el empleo, se pretende mejorar las defectuosas bonificaciones y subvenciones a la contratación (25% del gasto en políticas activas), rediseñando los incentivos a la contratación, orientándolos hacia la contratación indefinida y hacia los colectivos de menor empleabilidad. 

En definitiva, un documento y unas propuestas que tendrían que haber sido mejor difundidas públicamente y a cuya discusión tendrían que estar dedicadas las energías de los políticos y actores sociales responsables. Más papeles y menos redes sociales.