Más de 60 AMPA de Sevilla denuncian el "deterioro premeditado" de la limpieza en los colegios para privatizarla
Educación
Alertan de que externalizar el servicio supondrá un mayor gasto y una pérdida de control de la gestión
Sanz mantiene la privatización de la limpieza en los colegios pese a las amenazas sindicales
Un total de 66 AMPA y entidades de la comunidad educativa de Sevilla han suscrito un manifiesto conjunto para alertar sobre la crítica situación de salubridad que atraviesan los colegios de la ciudad. Las asociaciones denuncian un deterioro progresivo y “dirigido” del servicio municipal de limpieza. Señalan que esta degradación se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización del servicio. "Un riesgo para la salud del alumnado", alertan.
Las familias denuncian que la falta de cobertura de vacantes, el retraso en las sustituciones y la disminución de horas efectivas de trabajo han provocado que muchos centros no alcancen los mínimos de higiene exigibles. “La limpieza no es un servicio accesorio, es un elemento esencial de prevención sanitaria”, subrayan las entidades, que hacen especial hincapié en la vulnerabilidad del alumnado de Infantil y de aquellos con necesidades educativas especiales (NEAE).
El manifiesto destaca que, según los propios datos del Ayuntamiento de Sevilla, la externalización del servicio no sólo no mejoraría la calidad, sino que supondría un mayor gasto para las arcas públicas y una pérdida de control sobre la gestión directa ante incidencias. Las familias defienden que la solución real pasa por “invertir en lo público, reforzar las plantillas y garantizar condiciones laborales dignas” para los trabajadores municipales, a quienes han mostrado su apoyo explícito.
La movilización cuenta con un respaldo "transversal" que incluye desde asociaciones de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este, hasta la federación FAMPA Sevilla Nueva Escuela. Las 66 entidades firmantes exigen al Ayuntamiento una rectificación inmediata y una apuesta firme por un modelo de gestión pública que garantice entornos seguros y dignos para el proceso educativo.
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