'Asustaviejas' en la Hacienda de Su Eminencia

La Hacienda Su Eminencia es un precioso cortijo cuyo origen se remonta al siglo XIII y que lleva ese nombre porque fue la residencia del cardenal Solís y de otros representantes del alto clero de Sevilla en el XVIII. Está ubicada en Palmete, junto a la autovía de circunvalación SE-30 y rodeada por un parque. La construcción principal está en perfecto estado, tras ser rehabilitada no hace muchos años. Pero esta imagen bucólica del edificio contrasta con el conflicto encarnizado a tres bandas que está teniendo lugar dentro el recinto.

Se acumulan las denuncias entre dos de las partes, que se echan en cara el uso de tácticas de asustaviejas para conseguir el control del conjunto histórico, cuya torre está declarada Bien de Interés Cultural. Los antiguos guardas, Anuar El Jamiy y Laura Bueno, aseguran que quienes tuvieron cedido el uso de la hacienda les hacen la vida imposible, les cortan la luz y el agua, instalan cámaras para vigilar todos sus movimientos, atacan a sus perros, les amenazan y les insultan, complicándoles la vida tanto a ellos como a los tres niños que viven con ellos en una parte del antiguo cortijo.

La otra parte, la empresa que se hizo con el uso de la hacienda gracias a la cesión de un administrador concursal niega tales prácticas y asegura que también tiene varias denuncias presentadas contra los guardas por amenazas y agresiones a sus empleados. Sostienen, además, que echarán pronto a los guardas, a pesar de que cuentan con resoluciones judiciales que les deniegan la titularidad de la hacienda.

En el medio está la Junta, propietaria del edificio a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que está pendiente de ejecutar el desahucio del inmueble. Hace 21 años, esta empresa pública, entonces llamada EPSA, cedió a la Fundación Forja XXI el aprovechamiento de la Hacienda Su Eminencia para impartir talleres de formación. La cesión se hizo en precario, situación de hecho donde se utiliza de forma gratuita un bien ajeno y no se tiene la posesión jurídica del mismo. El uso se hizo sin pago de renta ni posesión de contrato o título que justifique el disfrute del bien.

Forja XXI tuvo esta hacienda como sede hasta que entró en concurso de acreedores, en el año 2014. Según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, AVRA requirió entonces la devolución del recinto, sin conseguirlo. En paralelo, el administrador concursal designado para gestionar los bienes de la fundación Forja XXI aceptó la oferta de una entidad llamada Asociación Instituto Aram para la discapacidad para quedarse con el aprovechamiento del inmueble, en contra de la voluntad de la propia agencia AVRA.

En las legislaturas anteriores, AVRA instó a la restitución del inmueble de su propiedad, lo que derivó en un largo proceso judicial de cinco años, en el que todos los recursos y apelaciones interpuestas por Forja XXI y Aram a través de la administración concursal resultaron contrarios a sus intereses. Durante este periodo, en la hacienda se han instalado oficinas, que se han alquilado a empresas.

En abril de 2021, el Tribunal Supremo dictó una providencia que volvía a dar la razón a la Junta y ordenaba la devolución del edificio a su propietaria, AVRA. Tras esta resolución, la Agencia de Vivienda inició un expediente de desahucio administrativo para lanzar a quien ocupa actualmente el inmueble y recuperar su posición. Un juzgado de Primera Instancia de Sevilla la ha vuelto a dar la razón a AVRA, que va a solicitar la preceptiva autorización judicial de entrada en la finca para recuperarla.

Por otra parte, sobre la familia de guardas residente en la finca en virtud de un contrato que firmó en precario con Forja XXI, las mismas fuentes de la Consejería indicaron que AVRA está asesorando a dicha familia sobre los cauces legales que tiene para solicitar el acceso a una vivienda protegida, mediante su inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Sevilla, puesto que AVRA no puede adjudicar ninguna vivienda si no es a través de este registro.

Mientras la Junta consigue llevar a cabo el desahucio, la situación en la hacienda es muy tensa. Los guardas llevan más de 15 denuncias presentadas ante la Policía o el juzgado de Guardia contra los responsables del instituto Aram, a quien acusan de intentar hacerle la vida imposible para que se vayan del recinto. Anuar el Jamiy, de origen marroquí, llegó a España como menor no acompañado (MENA) y trabajó para Forja XXI, que le cedió en precario una casa en la hacienda a cambio de que trabajara como guarda. Allí se instaló con su esposa, Laura Bueno, y allí siguen residiendo con tres menores a su cargo, uno de ellos un bebé.

Han tenido que cambiar de casa, pues la vivienda es muy fría y está llena de humedades. Los niños son asmáticos y enfermaban con frecuencia. Se han instalado en una de las antiguas aulas en las que se impartían los talleres de Forja XXI. El frigorífico y los electrodomésticos más básicos los tienen en otra zona, donde está también la cocina, y se iluminan con un foco, pues en el aula no hay luz. Alguien ha quemado los fusibles de la estancia y la familia ha tenido que tirar cables por fuera para poder iluminarse.

"Nosotros vivimos aquí desde 2014, nos dejó aquí la fundación Forja XXI. No cobrábamos pero a cambio teníamos un techo. En julio de 2014 entramos, y a final de año llegó el administrador concursal. Se dedicaba a venir aquí y a decirnos que nos echaría a la calle si no hacíamos lo que nos decía. Lo que quería era desmantelar todo esto, venderlo y que nos fuéramos", sostiene Laura Bueno, la guarda de la finca.

El problema se ha agravado en los últimos meses, cuando el enfrentamiento entre la entidad que gestiona todavía la hacienda, el instituto Aram para la discapacidad, y los porteros se ha enconado. "En 2016 nos dijeron que iban a hacer cursos, también que me nos iban a dar de alta, que fuéramos preparando esto. Aram dice que esto es suyo, que lo han comprado... Nos dicen que nos van a desahuciar. Nos han traído un contrato para que firmásemos con ellos".

"Como no nos vamos, nos están haciendo la vida imposible. No tengo luz, nos han quemado los fusibles, nos han puesto cámaras durante todas las Navidades, grabándome a mí y a mis hijos. Por la mañana vigilantes y por la noche la cámara. Estamos desesperados y por eso hemos acudido al periódico. Nos enseñaron unas facturas para demostrar que esto era suyo porque pagaban la luz, pero no aparece ni el número de contrato en esas facturas. Dudo la veracidad de las mismas", añade la mujer.

Bueno no sabe explicar por qué se ha llegado a esta situación tan tensa, si al fin y al cabo ninguna de las dos partes podrá quedarse en la hacienda. "Creo que ya es por quedar por encima nuestra, porque ellos van a ser desahuciados. Son los únicos que tienen abierto un proceso de desahucio. Y a nosotros nadie nos ha dicho todavía que nos tenemos que ir. Yo lo que quiero es vivir como una persona normal y no tener que padecer esto. Y vivir en paz", apunta. Mientras, asegura que han sacado del edificio todo lo valioso. En la hacienda hay actualmente oficinas y carteles de empresas instaladas allí.

La guarda detalla que las "Navidades fueron odiosas". "Cortaron internet, le dijeron a mi marido que no podía entrar mi coche porque supuestamente había una orden judicial, que no existía. A mi marido le han pegado dos veces, una de ellas con una porra, y otra vez sacaron un cuchillo. A mí me seguían a veces, por eso hemos puesto unas vallas aquí. Han venido personas haciéndose pasar por policías de la secreta, diciéndole a mi marido que ya mismo lo van a llevar de vuelta a su país. Nos pusieron una cuba en la puerta y nos dijeron que, o nos largábamos o nos tiraban todo en la cuba. Le han pegado a los perros. Se presentan a deshoras haciendo ruido con coches potentes...". La mujer explica que pasó la Nochebuena en una comisaría presentando una denuncia.

La familia cobra una ayuda básica. Ella hace un curso por las mañanas, mientras sus hijos están en el colegio. Él mantiene la parque que usa de la hacienda. Tiene gallinas y un pequeño huerto. Y varios perros. Todavía pueden verse las placas de la Junta y la cartelería que recuerda que allí se impartían cursos de formación y que aquello era una escuela taller.

Por su parte, este periódico contactó con el representante de la parte contraria, que aseguró que no quería hacer declaraciones a la prensa. Simplemente se limitó a negar las acusaciones de la pareja de guardias y dijo que todo lo que éstos decían era mentira. Añadió que Anuar ha sido denunciado por agredir a su personal en varias ocasiones y que esperan pronto echarlos de allí.

Sobre el desahucio que pretende ejecutar la Junta, este responsable aseguró que hay abierto otro procedimiento en un juzgado Mercantil, y que el instituto Aram se niega a marcharse si no recibe antes una indemnización de 1,8 millones de euros, que corresponden a los gastos que la entidad ha afrontado para rehabilitar y acondicionar el edificio en los últimos años.