"No queremos que Sevilla pierda la declaración de Patrimonio Mundial de la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, pero tampoco estamos dispuestos a seguir aceptando este despropósito". Así de contundente se muestra el presidente de Adepa, Joaquín Egea, que este jueves ha mantenido una reunión con el responsable técnico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Almazán, para tratar diversos asuntos, entre ellos la protección del Conjunto Histórico.

Tras 25 años de redacción de planes especiales, los sectores más comprometidos y sensibles de la ciudad, Catedral y Alcázar, carecen de esta herramienta de protección. Con los dos más importantes por tramitar, la protección del conjunto histórico de Sevilla presenta una enorme disparidad y crea desigualdades entre unas zonas y otras. El primero de los planes en ser aprobado, en 1994, fue el del sector 22, Huerta de la Salud. Desde entonces, la Gerencia de Urbanismo fue dando salida a la mayoría de los sectores, comenzando por los más sencillos.

Como ha explicado Egea, la construcción de la Torre Sevilla estuvo a punto de conllevar la salida de Sevilla de la lista de ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco por su afección en el paisaje. En una trascendental cita celebrada en San Petersburgo en 2012, el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido; y el propio Gobierno de España a través del ministerio de Cultura, se comprometían a completar los planes de protección pendientes en el año 2013 para que los tres monumentos que cuentan con la declaración de Patrimonio Mundial no se vieran de nuevo comprometidos.

También se solicitaba del Estado a la Unesco que el 1 de febrero de 2015, como fecha más tardía, emitiera un informe sobre la puesta en marcha y aplicación de esos planes sectoriales.

"Nos encontramos que siete años después jamás se han llegado a terminar. No sabemos cuál es el papel de la Unesco, que tendría que haberse interesado por este hecho, ya que pidió por escrito que se cumpliera por completo la sentencia del Tribunal Supremo de 2014", advierte Egea.

En juego está la declaración de Patrimonio Mundial de Sevilla, por lo que Adepa va a dar un mes para que el Ayuntamiento y el Estado fije un calendario de fechas para presentar estos documentos tan importantes: "No queremos que eso suceda, pero vamos a dar ese plazo al Estado, como último responsable, y al Ayuntamiento. Si no, tendremos que proceder a la denuncia".

El caso de la Torre de la Plata

El aparcamiento que el Ayuntamiento ha instalado en el solar de la Torre de la Plata, antiguo Corral de las Herrerías, ha abierto otro frente con Adepa, que considera que es "un despropósito y una burla" hacia el enorme patrimonio que encierra esta parcela. Adepa anunció hace unos meses que estaba dispuesta a llegar a los Tribunales si el Ayuntamiento no daba marcha atrás de manera inmediata.

Para ello, estaba recabando apoyos, como el de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, que se ha pronunciado por dos veces en contra; Buenas Letras, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, o el propio Icomos, organismos vinculado a la Unesco que ya está recopilando información. “El Patrimonio Mundial de la Ciudad tiene un entorno que se encuentra bajo el mismo régimen jurídico. Y la Casa de la Moneda forma parte de él", advertían entonces los patrimonialistas.

La batalla judicial de los planes de protección

El litigio sobre los planes de protección comenzó tras las aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), denunció al TSJA que los planes de protección contravenían los artículos 20 y 21 y de la Ley de Patrimonio y que, incluyendo la coletilla de la excepcionalidad, permitía decidir con suma arbitrariedad lo que se podía o no hacer en cada edificio catalogado. "Esa excepción se había convertido en la regla general, y no podía ser. La ley dice que no se puede aumentar la edificabilidad salvo justificaciones muy excepcionales, ni las alineaciones", explicaba Joaquín Egea.

En la primera sentencia de octubre de 2009, el TSJA anuló 12 artículos del PGOU que afectaban a cuatro sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena, y La Calzada-Fábrica de Artillería. "A pesar de ello, los planes se siguieron redactando en contra de lo dicho. Fuimos al Tribunal Supremo que le dio un rapapolvo tremendo al TSJA"

La Justicia dio la razón a Adepa, que advertía de la arbitrariedad de los documentos y cómo contravenían la Ley de Patrimonio Histórico en varios de sus artículos. Después de varias sentencias, la redacción quedó paralizada sin que se hayan adaptado los sectores que no estaban aprobados definitivamente, como dictaba el fallo del Tribunal; y dejándose sin tramitar los dos últimos: el de la Catedral, que fue aprobado inicialmente en abril de 2012 y abandonado en 2016; y el del Real Alcázar y su zona de influencia.