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El fiscal pide que se abra una causa contra Arellano por prevaricación

  • El Ministerio Público pide al TSJA que investigue al consejero de Economía, que es aforado, por una concesión durante su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que abra una causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de un proyecto de construcción cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla, según han confirmado fuentes de la Fiscalía. El Ministerio Público, en el escrito elevado al Alto Tribunal andaluz, aprecia "indicios" de delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

 

 Los hechos fueron denunciados por el Colegio de Arquitectos de Sevilla en marzo del pasado año ante la Fiscalía de Sevilla que, al ser nombrado el vicerrector consejero de Economía y adquirir por tanto la condición de aforado, remitió la investigación al fiscal superior, Jesús García Calderón. La Fiscalía Superior ha pedido ahora al TSJA que incoe diligencias previas e inicie la investigación.

 

Fuentes del Alto Tribunal andaluz señalaron que la denuncia fue recibida ayer y explicaron que a partir de ahora los magistrados de la Sala de lo Penal tendrán que decidir si abren la causa contra el consejero, ya que en este caso no hay que dar traslado a la Fiscalía para que informe puesto que el propio Ministerio Público reclama la apertura de la investigación.

 

El Colegio de Arquitectos de Sevilla apuntó en la denuncia que el consejero adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius). Ramírez de Arellano fue denunciado cuando, en septiembre de 2008, la Hispalense firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius. La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones y estaba subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de los fondos europeos. 

 

Los denunciantes afirman que la licencia de obras para el edificio se concedió según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. El Colegio de Arquitectos sostiene que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.

 

Ramírez de Arellano, por su parte, niega la comisión de delitos y pide "respeto" a la tutela judicial y la presunción de inocencia. "Lo que se plantea es que no puede descartarse la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y no otra cuestión. Esto es importante porque significa que no ha habido nuevas informaciones aparte de la propia denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla", aseveró ayer Arellano.

 

El titular del departamento de Economía aludió en su comparecencia ante los medios que "no se comparara nada con las extensas alegaciones" que él mismo presentó a la Fiscalía en verano, y tampoco con los expedientes administrativos de la Universidad "a los que ni siquiera se alude ni a efecto de contrastar las informaciones".

 

Arellano defiende "la honestidad y el rigor de los funcionarios públicos" y considera "injusto que se pueda verter sobre la Universidad o sus empleados dudas de ninguna naturaleza sin ser escuchados".

 

Ésta no es la primera demanda que el Colegio de Arquitecto interpone contra la Universidad de Sevilla, pero sí la primera que se eleva al TSJA, debido a la condición de aforado de Arellano. En los últimos diez años, según el actual rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, el colegio profesional ha presentado al menos nueve demandas, las cuales han sido archivadas o ganadas por la Universidad. 

 

Ciudadanos, por su parte, recuerda que el acuerdo firmado con el PSOE-A y que facilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta implica que se apartará a cualquier imputado por corrupción política y espera que el Gobierno andaluz cumpla "lo firmado" si Arellano es finalmente imputado. 

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