El inspector médico que destapó el escándalo Idental  ha recurrido a la Audiencia Nacional para mostrar su disposición a colaborar en la investigación abierta por el magistrado José de la Mata. El funcionario público, que instó en varios escritos al cierre de Idental, afronta dos expedientes disciplinarios abiertos por la Consejería de Salud por faltas muy graves.

Tras acudir al Defensor del Pueblo Andaluz en dos ocasiones, el inspector de Idental ha remitido esta semana un escrito a la Audiencia Nacional, en el que expone su versión de los hechos frente a las duras acusaciones que afronta, por parte de la Consejería de Salud, de “obstruir la colaboración con la autoridad judicial”.

Los hechos se remontan al 2 de mayo de 2017 cuando el inspector médico emitió el primero de los informes, en el que ya alertó del “anormal funcionamiento de las clínicas Idental”; y de “posibles infracciones con consecuencias para la salud” de los pacientes. El inspector recomendó entonces a sus superiores “adoptar urgentemente medidas cautelares”, como incoar un expediente sancionador y el cierre temporal. Estas recomendaciones no fueron atendidas.

Su investigación continuó durante meses; y en diciembre de 2017 el inspector expedientado, que atesora 37 años de servicio público, emitió un nuevo informe en el que recomendó “la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal”. Advirtió de que la clínica Idental está dirigida a “obtener el máximo beneficio aún a costa de la salud de los pacientes”. Estas advertencias y recomendaciones fueron ignoradas en la Consejería de Salud en 2017. Las clínicas Idental en Sevilla continuaron recibiendo nuevos pacientes, pese a numerosas irregularidades detectadas. La última sede Idental cerró a finales de mayo de 2018, de facto y sin previo aviso.

En su escrito remitido a la Audiencia Nacional, el inspector explica: “Pese a mis informes, lejos de adoptarse las medidas cautelares propuestas ante un evidente y gravísimo problema de salud pública (y nos encontramos posiblemente ante el mayor escándalo sanitario dental mundial, según el Consejo General de Dentistas de España), la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reaccionó incoando contra mi persona dos expedientes disciplinarios, actualmente en curso, que incluyen varias imputaciones de faltas muy graves, y que pueden acarrear la separación definitiva del servicio”.

Los expedientes disciplinarios abiertos acusan al inspector médico de negarse a investigar en 2017; y de negarse a entregar la documentación anexa al segundo de sus informes, que emitió en diciembre de 2017. El inspector explica, en el escrito remitido al juez De la Mata, que la “Administración andaluza dispone de todo ese contenido material –tanto físico como digital– desde el mismo inicio de la investigación”.

El funcionario público también custodia copia en papel, en la oficina. “Ese expediente físico siempre ha estado en la Consejería de Salud (no me he llevado nada) y he reiterado innumerables veces mi voluntad de entregarlo, previa y simultánea entrega a mi persona de fotocopias compulsadas o autenticadas del mismo”, añade en el escrito.

Los documentos, que forman parte de la investigación del inspector expedientados, incluyen datos personales de la máxima protección legal, historias clínicas, informes periciales de 52 pacientes, denuncias, entre otros. “Están y han estado siempre, y desde que comenzó la investigación en mayo de 2017, a disposición de la Consejería de Salud, tanto en papel (fotocopias) como en formato electrónico (escaneados) en un archivo codificado por los servicios informáticos de la propia Delegación Territorial de Salud de Sevilla”, reitera en el escrito. Pese a todo ello, este funcionario público se siente perseguido: “En el primer expediente se me acusa de negarme a investigar, y en el segundo se me acusa de negarme a entregar los resultados de la investigación (...). No cabe mayor incoherencia”.

Ante los últimos hechos que afectan a los pacientes de Idental, como la pérdida de historias clínicas que son claves en el proceso, el inspector médico aboga a su “sensibilidad y celo profesional” al exigir “fotocopias compulsadas o autenticadas del expediente”, para evitar posibles extravíos de documentos que son cruciales para las víctimas.