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La Junta se reunirá con los padres de Sandra Peña a principios de año

La familia de la menor que se quitó la vida solicitó a la Consejería de Educación un encuentro para analizar el estado actual del caso

"El daño que nos han hecho no nos lo van a reparar en la vida"

Los padres de Sandra Peña, el pasado 12 de noviembre, tras declarar ante la Fiscalía de Menores / María José López / EP

La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, se reunirá en las próximas semanas con los padres de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar. El encuentro parte de una petición de la familia de la joven, que se puso en contacto con la Consejería cuando tuvo conocimiento de que la administración autonómica había suspendido temporalmente el expediente al colegio Irlandesas Loreto, en el que estudiaba la joven, a la espera de conocer las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso.

La madre de Sandra, Zara Villar, quería conocer con detalle el motivo de esta paralización del expediente. Fue el tío de Sandra y portavoz familiar, Isaac Villar, quien se puso en contacto con la Consejería, desde donde le respondieron inmediatamente emplazándoles a una reunión, que aún no tiene una fecha concreta fijada pero que se celebrará una vez que pasen las fiestas navideñas.

La consejera ya explicó que su departamento reabrirá el expediente en el caso de que haya responsabilidades penales o administrativas, según se dirima de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. A mediados de diciembre, Carmen Castillo explicó que, cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración abre un expediente y lo suspende hasta que se determine si hay o no hechos que se puedan considerar delictivos. Por tanto, cuando la Fiscalía comunique las conclusiones se reabrirá el expediente para trabajar en el caso.

Castillo recordó que se ha constituido ya la comisión de conciliación con el centro educativo, pero no se pueden tomar medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la Fiscalía, que investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicido de esta adolescente. Apenas ha trascendido nada de la investigación de la Fiscalía de Menores, ante la que han declarado tanto los padres de la menor como las presuntas acosadoras y los responsables del colegio.

Los padres, Zara Villa y José Manuel Peña, comparecieron el pasado 12 de noviembre. La madre estuvo declarando durante unas tres horas, mientras que la declaración del padre fue mucho más breve, de una media hora. Fue la madre la persona que comunicó a la dirección del colegio hasta en dos ocasiones que su hija estaba sufriendo acoso escolar por parte de tres alumnas. El centro cambió de clase a las chicas, pero no abrió los protocolos antiacoso ni antisuicidio, como estaba obligado a hacer. Al no registrar el caso en la plataforma Séneca, mediante la que los centros educativos se comunican con la delegación de Educación, la Junta no tenía conocimiento del mismo y no fue hasta después del suicidio de Sandra cuando la InspecciónEducativa accedió al colegio para analizar el asunto.

El mismo día que comparecieron los padres, acudieron también a declarar como testigos cuatro personas del colegio Irlandesas Loreto:el director, la orientadora, la jefa de estudios y la tutora de Sandra. Los padres de la menor están preparando una querella contra estas cuatro personas, que se presentará en los próximos días en los juzgados, al entender que la inacción u omisión en la que presuntamente incurrieron pudiera ser constitutiva de un delito. Por último, las tres presuntas acosadoras, todas ellas menores, declararon en la Fiscalía el pasado día 17 de noviembre.

El portavoz de la familia de Sandra Peña, Isaac Villar, agradeció a la Junta el trato y la atención que está dispensando a su familia, pues la comunicación es fluida y la respuesta fue inmediata, al igual que también se ha mostrado satisfecho con la labor que está desempeñando en la Fiscalía a la hora de investigar tanto a las presuntas acosadoras por si cometieron una inducción al suicidio como al centro por su presunta omisión y falta de diligencia a la hora de no abrir los protocolos establecidos.

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