Las presuntas acosadoras de Sandra Peña, ante la Fiscalía de Menores

Las tres menores investigadas por el presunto acoso escolar a Sandra Peña han comparecido este lunes ante la Fiscalía de Menores. Han llegado hasta el edificio judicial de la avenida de la Buhaira en dos coches, que han accedido al interior del bloque por el garaje, por lo que la prensa no ha podido tomar imágenes de ella accediendo, ni siquiera de espaldas o con las caras tapadas. La primera de ellas estaba citada a las 9:30, la segunda a las 10:00 y la tercera a las 10:30, si bien lo habitual es que estos trámites se prolonguen durante toda la mañana.

La Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Sandra Peña, de 14 años, se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras regresar de clase. Su madre había denunciado a la dirección del colegio Irlandesas Loreto, en el que la menor cursaba estudios, que sufría acoso por parte de tres compañeras desde meses atrás. El colegio no activó los protocolos antiacoso y antisuicidio, como estaba obligado a hacer.

Uno de los procedimientos de la Fiscalía es de reforma juvenil y se centra en la posible implicación de estas tres alumnas en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Las comparecencias de este lunes llegan después de que las niñas ya estuvieran ante el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, donde una de ellas se acogió a su derecho a no declarar y las otras dos sí prestaran testimonio sobre los hechos. El Grume ya ha entregado su informe a la Fiscalía, que continúa con la investigación citando a declarar a testigos e investigados.

El pasado miércoles 12 de noviembre declararon los padres de Sandra Peña, que acudieron a la Fiscalía como testigos perjudicados. La madre de Sandra, Zara Villar, estuvo testificando durante más de tres horas. El padre, José Manuel Peña, estuvo una media hora. En la puerta, el tío de Sandra y portavoz familiar, Isaac Villar, pidió a la Junta una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio, entendiendo que ésta es la única forma de que no se vuelva a repetir un hecho similar.

"El daño que nos han hecho, que es la pérdida de mi sobrina, no nos lo van a reparar en la vida, pero nuestra lucha es para que esto no se vuelva a repetir. La única forma de que no se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no no atender a una familia cuando le presenta una situación de de acoso escolar", añadió. En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita", aseguró el tío de Sandra.

Ese mismo día también, ya por la tarde, también comparecieron ante el fiscal de menores el director del colegio Irlandesas Loreto, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña. Defendieron que el colegio adoptó medidas por la situación de acoso a Sandra y que estarían documentadas, en concreto, según dijeron, se activó un protocolo interno pero no se subieron los datos a la plataforma informática Séneca, sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, se habría procedido a ubicar a Sandra Peña en una clase separada de las presuntas acosadoras, fueron designadas dos personas de referencia que ella eligió para su seguimiento -la tutora y la jefa de estudios- y se habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno, que nadie ha concretado, al menos públicamente. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que el colegio no activó el protocolo antiacoso que establece la Junta, lo que llevó en su momento a la Consejería a presentar una denuncia contra las Irlandesas de Loreto en la Fiscalía de Sevilla.