Las quemas ilegales continúan entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra

Un problema crónico. Las quemas ilegales de materiales, para extraer el cobre, e incluso de residuos siguen siendo un problema a pesar de que la Guardia Civil investigó a siete personas por esta causa el pasado agosto. Así lo indican las columnas de humo de dimensiones colosales que cada dos semanas aproximadamente tiñen el cielo de la ciudad desde hace años. A pesar del tamaño de esta columnas, suelen pasar desapercibidas porque las quemas se llevan a cabo de madugada de manera que, cuando amanece, solo queda un penetrante olor en la zona como rastro. Eso sí, el punto donde se realiza el delito siempre suele ser el mismo: en la orilla derecha del río Guadaíra, muy cerca de la desembocadura del arroyo Ranilla.

"La contaminación que se produce es muy grave, porque se liberan kilos y kilos de tóxicos, envenenado miles de metros cúbicos del aire que después respiramos los habitantes de una zona muy extensa", señala a este periódico José Antonio Cayuela Sánchez, quien indica que "se queman cables para extraer el cobre, o que podría tratarse a veces de neumáticos para extraer el metal". Recuerda, además, que un día después de la grave explosión de una nave industrial de productos químicos en Alcalá de Guadaira el pasado mayo, "iniciaron una nueva quema, se entiende que aprovechando esa circunstancia para que la columna de humo pasara más despercibida" y mostrando una total "desfachatez e impunidad".

Cayuela ha denunciado la situación ante la Junta de Andalucía porque se incumple la Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia; la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y el Código Penal.

La Guardia Civil ha confirmado a este periódico que, el pasado agosto, investigó a siete personas por vertidos y quema de residuos entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, convertidas desde hace años en un vertedero ilegal “de grandes dimensiones con quemas descontroladas” que originaban columnas de humo y suponían un “grave riesgo” para la salud. Estas mismas fuentes han detallado que el tema se ha trasladado a la Fiscalía para que tome una resolución. Además, el Seprona también procedió a realizar una limpieza posterior de la zona y de forma periódica acuden para levantar acta si se realiza alguna actividad ilícita. Si el problema persiste, a largo plazo, se realizará una segunda operación. A pesar de ello, Cayuela insiste en que las quemas se siguen produciendo y hace especial hincapié en que la última que él pudo divisar se produjo hace dos semanas.

Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, en las zonas afectadas existía una red de gestión de residuos al margen de los canales autorizados. El modus operandi consistía en que los investigados, a cambio de una contraprestación económica y actuando como particulares o en nombre de empresas, recogían distintos tipos de residuos de otros puntos transportándolos al lugar afectado.

Una vez allí, almacenaban los residuos sin control alguno, abandonándolos en el terreno. En otros casos, quemaban los residuos para liberar espacio o extraer materiales de valor como metales procedentes de componentes eléctricos o neumáticos usados con el objetivo de ampliar el beneficio económico.

Esto generaba, según recalca la Guardia Civil, un elevado riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo y el agua, así como contaminación del aire a consecuencia de los gases nocivos derivados de la quema de materiales tóxicos o de la descomposición orgánica de los elementos: "Todo ello creaba un impacto medioambiental y amenaza contra la salud pública de los vecinos".

Lo cierto es que no se trata de un problema nuevo. En 2020, Ecologistas en Acción ya denunció esta práctica ilegal en la zona por "atentar contra el medio ambiente" y ser "utilizada como método fácil y barato para conseguir un lucro sin considerar los graves daños que se ocasionan, sorteando a los gestores de residuos homologados".