Reino Unido retira su exigencia de acceso a los datos cifrados de Apple tras meses de tensión diplomática
La implementación de esta puerta trasera habría afectado a usuarios de todo el mundo, incluidos españoles y ciudadanos de otros países que utilizan los servicios de Apple.
La voracidad de los datos: cuando el usuario se convierte en combustible
El Gobierno británico ha dado marcha atrás en una de las mayores polémicas sobre privacidad digital de los últimos meses.
Tras intensas negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, Londres ha retirado oficialmente su exigencia a Apple de crear una puerta trasera en sus sistemas de cifrado que habría permitido a las autoridades acceder a datos de usuarios de iCloud sin su consentimiento.
El anuncio fue realizado por la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien confirmó a través de la red social X que Reino Unido había acordado abandonar su mandato para que Apple proporcionara acceso encubierto a datos cifrados.
Según Gabbard, el cambio fue resultado de meses de trabajo conjunto entre el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el gobierno británico.
El conflicto que paralizó el cifrado en Reino Unido
La disputa se originó a principios de 2025, cuando las autoridades británicas invocaron la Ley de Poderes de Investigación de 2016 para emitir una orden secreta a Apple.
Este requerimiento, conocido técnicamente como "aviso de capacidad técnica", exigía a la compañía estadounidense que proporcionara acceso completo a las cuentas cifradas de iCloud de sus usuarios.
La orden británica no se limitaba únicamente a ciudadanos del Reino Unido. Debido a la naturaleza global de los servicios en la nube, la implementación de esta puerta trasera habría afectado a usuarios de todo el mundo, incluidos españoles y ciudadanos de otros países que utilizan los servicios de Apple.
Ante esta exigencia, Apple adoptó una postura firme de rechazo y decidió desactivar completamente su función de Protección Avanzada de Datos para todos los usuarios británicos.
Eso dejó a los ciudadanos del Reino Unido sin acceso al cifrado de extremo a extremo para archivos de iCloud, fotos, notas y otros datos almacenados en la nube, reduciendo significativamente la seguridad de sus cuentas.
La tecnología en el centro del debate
El cifrado de extremo a extremo es una de las tecnologías de seguridad más robustas disponibles actualmente.
Este sistema garantiza que los datos se mantengan cifrados durante todo su recorrido, desde el dispositivo del usuario hasta los servidores, y solo pueden ser descifrados por el destinatario final. Ni siquiera la propia empresa que proporciona el servicio puede acceder a esta información.
Para Apple, ceder a las exigencias británicas habría significado crear una vulnerabilidad deliberada en sus sistemas que podría ser explotada no solo por las autoridades legítimas, sino también por ciberdelincuentes y gobiernos autoritarios.
La compañía argumentó que establecer este precedente pondría en riesgo la seguridad de todos sus usuarios globalmente.
La intervención de Estados Unidos fue determinante en la resolución del conflicto. Funcionarios norteamericanos advirtieron que la orden británica podría entrar en conflicto con el CLOUD Act, un acuerdo bilateral que regula el acceso a datos almacenados en servidores de empresas tecnológicas estadounidenses.
La administración Trump ejerció una considerable presión diplomática, llegando incluso a amenazar con revisar los acuerdos tecnológicos existentes entre ambos países si Londres no rectificaba.
Implicaciones para la privacidad global
La retirada británica es una victoria significativa para los defensores de la privacidad digital, pero el debate está lejos de concluir. John Pane, presidente del grupo Electronic Frontiers Australia, calificó la decisión como "una victoria para los derechos digitales", destacando los riesgos de seguridad que habría supuesto crear puertas traseras en sistemas de cifrado.
Sin embargo, el Reino Unido conserva la capacidad legal de plantear exigencias similares en el futuro bajo su legislación actual. La Ley de Poderes de Investigación de 2016 sigue vigente, lo que significa que esta disputa podría resurgir en circunstancias diferentes.
Este caso ilustra el complejo equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional y los derechos de privacidad individual.
Las autoridades argumentan que el acceso a datos cifrados les permitiría resolver crímenes, prevenir ataques terroristas y reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, los expertos en privacidad advierten que estas medidas crean vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores maliciosos.
La tendencia global muestra que varios gobiernos intentan socavar el cifrado bajo argumentos de seguridad, pero esta aproximación genera preocupaciones sobre el tratamiento de ciudadanos inocentes como posibles delincuentes y la erosión de derechos fundamentales.
Ni Apple ni el Ministerio del Interior británico han confirmado oficialmente si el servicio de cifrado avanzado volverá a estar disponible para los usuarios del Reino Unido. La compañía mantiene su histórica postura de defender el cifrado como piedra angular de sus servicios de privacidad.
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