Minera Los Frailes prevé tener a finales de año los permisos para reabrir Aznalcóllar
El proyecto ha sido declarado de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía
La nueva mina tendrá una duración inicial de dos décadas, con una inversión de 300 millones y la creación estimada de 2.000 empleos
Minera Los Frailes (MLF), compañía participada por Grupo México y por Minorbis (Grupo Magtel) y titular de los derechos mineros adjudicados en el concurso internacional de Aznalcóllar, prevé contar a finales de este año con las autorizaciones necesarias para el arranque de la construcción de la Mina Los Frailes, en la zona donde estaba la extinta mina de Aznalcóllar, después de que el proyecto haya sido declarado recientemente de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía, informa la MLF en una nota.
El comunicado explica que "este tipo de reconocimientos se otorga a aquellos proyectos que contribuyen al cumplimiento de políticas esenciales para el Estado o la sociedad, o que protejan valores fundamentales para la vida de los ciudadanos como la salud, la seguridad o el medio ambiente".
El proyecto de Mina Los Frailes integra dos aspectos: por un lado, las labores de restauración y rehabilitación del antiguo pasivo (instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por las operaciones mineras en el pasado); y el desarrollo de una mina subterránea
durante más de dos décadas, con una inversión directa superior a los 300 millones de euros en la construcción y un impacto aproximado de 2.000 empleos, 1.200 directos y 800 indirectos.
La espada de Damocles del proceso judicial
La previsión de Minera Los Frailes de iniciar su actividad en Aznalcollar a finales de año puede verse alterarla por el recorrido judicial paralelo. El último episodio es un auto de la juez el pasado 8 de febrero en el que anuncia el procesamiento por un delito de prevaricación de ex cargos de la Junta de Andalucía y los dueños de Magtel, en total nueve personas. La magistrada se escuda en un auto previo de la audiencia nacional que cita “la connivencia desde el comienzo del concurso” entre los responsables de la Junta y los hermanos López Magdaleno, “quienes prevaleciéndose de su relación personal” con el secretario de Innovación “presuntamente impulsaron y favorecieron la confusión en la identidad de los licitadores (Minorbis o Minorbis-Grupo México)”. La magistrada ya archivó la causa en dos ocasiones, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, al no advertir indicios de prevaricación y considerar que “los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas", pero la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictó sendas resoluciones en las que estimó los recursos de los denunciantes (la empresa Emerita, la otra empresa que pujó y no obtuvo la adjudicación) y ordenó reabrir la causa al apreciar “sólidos indicios” de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la adjudicación. La Fiscalía, por su lado, ha solicitado el archivo del caso en numerosas ocasiones.
Según MLF, este proyecto "cuenta con un enfoque integrador
de políticas de economía circular a través de la reutilización de casi el 90% del agua de proceso y el aprovechamiento de las aguas de contacto previamente acondicionadas, y la valorización de los residuos mineros, lo que permitirá que no existan presas de lodos". Esto último fue lo que terminó causando el desastre ecológico a finales de los años 90 por la rotura de una presa en el río Agrio.
MLF explica que, además de la inversión en el desarrollo de la mina, destinará 50 millones de euros a acciones medioambientales y más de 60 millones de euros a los costes operativos de los antiguos pasivos.
El proyecto, añade, fue sometido a información pública en 2019 y al mismo tiempo hubo consultas a los principales organismos competentes, tanto autonómicos como estatales. Desde
Fruto de esas consultas y de la información pública, MLF ha realizado adecuaciones al proyecto con el objetivo de obtener los permisos pertinentes. Así se ha trasladado el punto de evacuación del agua, depurada procedente en un 90% del pasivo preexistente, del río Agrio -punto previsto inicialmente- al río Guadalquivir, como resultado de la consulta de una de las administraciones competentes.
El nuevo punto de evacuación se realizará en una zona marítimo-terrestre, con gran capacidad de acogida y a más de 80 kilómetros de la desembocadura del río Guadalquivir. Y supone una inversión adicional, ya que implica la construcción
de una conducción desde el complejo minero hasta el río Guadalquivir.
Desde 2015, MLF ha realizado una inversión acumulada de 40 millones de euros para la gestión ambiental del antiguo complejo minero y para los trabajos preparatorios para la puesta en marcha del proyecto.
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