Crimen de Cayetano Romero

La acusación de la familia de Cayetano Romero cambia la calificación de asesinato a homicidio imprudente grave

  • En su nuevo escrito, solicita 17 años de prisión para los dos principales acusados, a los que imputa además los delitos de extorsión, un delito leve de maltrato de obra y otro de detención ilegal

Cayetano Romero, víctima del crimen de Dos Hermanas, sobre el escenario donde fue hallado su cadáver

Cayetano Romero, víctima del crimen de Dos Hermanas, sobre el escenario donde fue hallado su cadáver / Cadena D.H.

La acusación particular que representa a la familia de Cayetano Romero, cuyo cadáver apareció el 8 de marzo de 2019 en un descampado de Dos Hermanas con signos de haber recibido una brutal paliza, ha presentado un escrito ante la Sala de la Penal de la Audiencia de Sevilla donde cambia la calificación del delito de asesinato que imputa a los hermanos Israel y Juan Manuel G. F. por otro de homicidio imprudente grave.

Según los escritos de acusación, todo comenzó cuando el 1 de marzo de 2019, Cayetano Romero y Jonatan A. presuntamente "iban a participar como intermediarios en una operación de venta de droga". Cuando llegaron al lugar, según fuentes del caso, Cayetano Romero se reunió con una persona mientras la otra víctima y dos de los acusados esperaban en un bar cercano.

Cuando regresaba de la operación, Cayetano informó que le habían robado la droga y se fueron los cuatro a casa de una persona en Mairena del Aljarafe, donde hubo una discusión entre Cayetano e Israel G. F. en la que éste le propinó un puñetazo en la cara. Según fuentes del caso, Israel G. F, llamó a su hermano y a dos sobrinos  también acusados. El hermano, Juan Manuel G. F. tuvo una actitud "muy agresiva con respecto a Cayetano". Los cuatro exigieron a Jonatan A. y al fallecido que fueran con ellos a las Tres Mil Viviendas.

Allí, en casa de Juan Antonio G. J. llegaron Juan Jesús L. T. y José Antonio L. T. y se produjo una fuerte discusión entre los acusados y ambas víctimas. "a quienes culpaban de lo fallido de la operación" y golpearon a Cayetano y Jonatan en la cara y el cuerpo. Ante las quejas de los vecinos por el escándalo llevaron a los dos, "contra su voluntad", a la vivienda de Israel G. F. donde también llegó el padre de Israel y Juan Manuel. Según el ministerio público, "guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial " y con el propósito "de combatir la voluntad" de ambas víctimas, los ataron a una silla con cinta de embalar y trasladaron a habitaciones diferentes "siendo ambos amenazados con matarlos" y agredidos violentamente en cuerpo y cara. Tanto que, según la acusación particular, uno de los agresores acudió días después al centro de salud con fracturas en la mano. El objetivo de los acusados era obligarlos al pago de la deuda que, según ellos habían contraído al perder la droga, exigiéndoles la escritura de un inmueble en propiedad como garantía del pago.

Mientras que seguían golpeando a Cayetano, según el escrito de la Fiscalía, llevaron a Jonatan A. a casa de Juan Manuel G. A. hasta que accedió a darle la escritura de una parcela de su propiedad y lo dejaron en libertad. Ya de madrugada, José Antonio L. T. fue a casa de Jonatan para pedirle que le acompañara a casa de Cayetano, que iba echado en el asiento trasero del coche y le dejaron a escasos metros de su vivienda.

Seis días después, el cadáver de Cayetano Romero fue encontrado en un descampado cercano a la residencia canina Las Marías Chicas. El tiempo transcurrido hasta que encontraron el cuerpo es una de las razones por las que Alberto Castejón y Manuel Manzanaque, los letrados de los dos principales acusados, Israel y Juan Manuel G. F., sostienen que la muerte de Cayetano Romero fue debida a la paliza "que sufrió con posterioridad y que le propino otro grupo diferente".

Ambos consideran que este punto se puede demostrar con los informes periciales que acreditan que la lesión del bazo y que le produjo la muerte "es coetánea a las doble fractura de mandíbula que la forense apreció en el levantamiento del cadáver y que fue confirmada en la autopsia. Es imposible que desde el día uno, fecha desde la que no contacta más con los acusados, según la propia policía, hasta el día cinco en que efectivamente fallece, Cayetano hubiera podido soportar los dolores insufribles que suponían dicha fractura, que además por fuerza le tenían que impedir comer y beber". Además, recuerdan que en las actuaciones judiciales hay "grabaciones telefónicas que refieren amenazas de muerte contra Cayetano. Asimismo la propia policía que elabora el atestado , viene a decir que este fatal desenlace le hubiera ocurrido a Cayetano más tarde o más temprano, por supuesto vuelcos que se habían desarrollado en el curso de los años", afirman.

El Ministerio Público imputa a lsrael y Juan Manuel G. F. un delito de lesiones en concurso ideal de homicidio por imprudencia grave por los que solicita una pena de 6 años al primero y 5 años y 3 meses al segundo más 600 euros a cada uno por un delito de maltrato de obra sin lesión; dos delitos de detención ilegal para siete de los acusados con la pena de tres años de prisión por la comisión de cada uno de ellos; dos delitos de extorsión por los que pide tres años por la comisión de cada uno de ellos y un año y seis meses para Raúl Gasco R. por uno solo de los delitos. Asimismo, el ministerio público solicita 175.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el hijo de Cayetano Romero y 10.000 euros para la madre.

La acusación particular considera en su escrito que se trata de una "agresión continuada que se prolongó" desde la noche del día 1 hasta la madrugada del 2 de marzo y que después de esta "horrorosa e indescriptible agresión se le lleva en coche dejándolo medio muerto en una zona cercana a la hacienda Las Marías Chicas" e imputa a los principales acusados un delito de lesiones en concurso ideal con otro de homicidio por imprudencia grave, además de dos delitos de detención ilegal y otros dos de extorsión. Al resto de los acusados, Juan Manuel G. A., José S. F. Juan Antonio G. J., Juan Jesús L. T., José Antonio L. T., Raúl G. D. y María José J. S., dos delitos de detención ilegal y dos delitos de extorsión, aunque deja fuera de este último a la única acusada.

Por ello, pide para los principales acusados 6 años de cárcel por el homicidio imprudente grave,a los que se suman la solicitud de pena que también recae sobre el resto de los acusados de 6 años por el de detención ilegal y cinco años por el de extorsión.

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