Un complicado entramado de empresas que van desde el sector de los hidrocarburos hasta la restauración y la hostelería para, según la Fiscalía, no tributar a Hacienda es el centro de la trama que tiene prevista juzgar la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla durante seis días a partir del próximo lunes 4 de octubre. El Ministerio Público imputa a los seis acusados, más una empresa, un total de cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos delitos de blanqueo de capitales y otros dos de insolvencia punible.  Por ello solicita penas de cárcel que van desde los tres años y medio de cárcel al año de prisión y unas indemnizaciones que llegan hasta los más de 12 millones de euros que se le solicitan al principal acusado. 

Según la Fiscalía, José Francisco R. F. "aprovechó  sus  conocimientos  del  mercado  de  hidrocarburos  y  de  su  especial  régimen  de  tributación" para "enriquecerse  de  cuánto  metálico  pudiera  conseguir  y ocultarlo  después  no  figurando  como  titular de  patrimonio,  crear  un  entramado  opaco  de  sociedades  mercantiles  a  las  que  titulaba  sus  bienes,  que no inscribía  en el  Registro Mercantil, bien  de  su  constitución o sus modificaciones esenciales de actos de gestión, como nombramiento de  Administradores  u  otorgamiento  de  poderes  de  actuación,  depósito  de  Cuentas  Anuales  o  cualesquiera  otros  actos,  a  fin  de  desarrollar  su  actividad  comercial  de  venta  de  combustible"  a  través  de  la empresa Energes S. L. "fuera de  todo  control  de  la  Inspección  de  Tributos", y según el ministerio público, "apropiándose  de  las  importantes  cuotas  de  IVA  que  repercutía  en  las  ventas  a  gasolineras  y otros  clientes  que  no  declaraba  ni  ingresaba  a  la  Hacienda  Pública". 

De este modo, las "voluminosas ventas de combustible y  eliminar  o  reducir  la  facturación  de  Energes  SL  con  cuotas  de  IVA  repercutidas  y  cobrada". La Fiscalía considera que, José Francisco R. F., "en  connivencia  con  su  colaborador  y  también  acusado Francisco G. A." constituyen Atlantis Petróleo S. L., otra entidad del mismo sector, pero esta vez los plenos poderes administrativos y de gestión los tiene el colaborador, aunque según la Fiscalía, la entidad es utilizada por ambos acusados "para distribuir  formalmente  las  ventas  de  combustible  de  Energes S. L. entre  ambas  entidades,  emitiendo  facturas  por  ambas  a  gasolineras  y otros  clientes  con  IVA  repercutido". La Inspección  de  Tributos  estimó  que  las  cuotas  impagadas  en cada  ejercicio  por  Energés SL  podían  superar  los  4  millones  de  euros,  procediendo  la  Unidad  de Vigilancia  Aduanera  de  Huelva  a  realizar  actuaciones  de  investigación  para  localizar  a  ambas  entidades, "al  comprobar  la  naturaleza  ficticia  de  los  domicilios  sociales  declarados" situados en San  Sebastián  de  Los  Reyes, Madrid,por un lado, y Sevilla, por otro.

Ambas entidades, Energes S. L. y  Atlantis Petróleo, carecen de trabajadores y de organización o  infraestructura   empresarial  donde  desarrollar  su  actividad:  locales,  depósitos  para  combustible  o  medios  de  transportes  para  su  distribución, según la Unidad de Vigilancia Aduanera de Huelva.

Esta carencia de datos fiscales y  administrativos también se da en el principal acusado y sus familiares, según esta investigación "a  pesar  de  ostentar  un  elevado  nivel  de  vida,  siendo  usuarios  de  vehículos  y  embarcaciones  de  lujo  titulados  por  sociedades  mercantiles  sin  actividad,  o  en las  que  figuran   como  socios  terceras  personas,  o  sociedades   exclusivamente  creadas  y  diseñadas  para  dificultar  la  localización  o destino  de  las  ganancias  obtenidas  con  las  cuotas  del  IVA apropiadas". Según el ministerio público, para conseguir esta trama colaboró "estrechamente" el  acusado Carlos  R. M., hijo de José Francisco R. F., "que sin recursos  económicos  propios, y  en  connivencia  con  su  padre  suscribía  las  participaciones de sociedades  que  creaban  o  su  representación  o  administración   mediante  poderes  notariales  y  acuerdos  sociales  que  raramente  accedían  al  Registro  Mercantil.

La investigación realizada por la AET y Vigilancia Aduanera, se desprende que Energes S. L. carecía de estructura empresarial y "realizaba  su  actividad  sin  costes,  limitados  a  los  costes  del  combustible  que  compraba  sin  IVA  y  a  los  gastos  del  transportes  desde  el  depósito  fiscal  a  los diferentes  clientes  o  gasolineras  por  importes  de 122.369  euros  en  el ejercicio  2010,  178.874  euros  en  2011,  y  89.543  euros   en  2012.

En enero de 2013, José Francisco R. F. presentó en enero de 2013 la declaración del resumen anual de IVA con el resultado de una cuota a ingresar de 2.899.939  euros, para lo que solicitó un aplazamiento  de  pago, " sin  ofrecimiento  ni  ingreso  de  cantidades, siendo desestimado  por  la  Inspección  de  Tributos  por   incoación  de  la  presente  causa,  y  no  cumplir  los  requisitos  de  la  regularización". 

Según la Fiscalía, las cuotas no declaradas  ascienden 12.639.348  euros  y constituían  la  casi  totalidad  de los ingresos del  acusado José Francisco R. F.  sus  sociedades  y  familia, "al  no  realizar  otra  actividad productiva,  rentable  ni  remunerada, de  forma  que  sólo  había  declarado  a  la  Hacienda  Pública  ingresos  por  36.576,18  euros  entre  los  años  2003  a  2008,  y  en  los  siguientes  2009, 2010, 2011  y  2012  no  declaró  ingreso  alguno,  no  apareciendo  como  titular  de  inmuebles, vehículos  u  otras  propiedades, que  sí  figuran  a  nombre  de  terceras  personas  o  de  sociedades  en  las  que  tenía  poderes  o  ejercía  la  administración". 

Por otro lado, la mujer del acusado, que también está procesada, María del Carmen M. M., según el ministerio público, "solo declara  rentas  en  2008  y  2009  de  19.294,59  euros,  pero  con  incrementos  patrimoniales  no  justificados  mediante  ingresos  en  sus   cuentas   de   401.198  euros   entre   los   años   2009   a  2012 , no  habiéndose  acreditado  que  ésta  desempeñara  actividad  remunerada  ni  realizara  otras  operaciones  económico-financieras  generadora  de  los  mismos".   

La Fiscalía considera asimismo, que el principal acusado y su hijo Carlos "diseñan  el  afloramiento  de  las  cantidades  de  IVA  apropiadas  mediante  su  introducción  al  circuito  financiero  en  aras  a  impedir  o dificultar  su  localización,  reclamación  o  embargo  por la  Inspección  de Tributos  mediante  la  inversión  en  negocios  declarados,  bien  de  restauración  titulados  por  sociedades  creadas  para  ello". De este modo, crearon hasta una veintena de empresas en sectores tan diversos como la ingeniería, la náutica o una tienda de ropa infantil.