El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado el despido del último de los nueve conductores de la empresa de autobuses Damas que fueron despedidos cuando se descubrió que, presuntamente, habían falsificado durante dos años un total de 128.634 euros en billetes de las líneas que servían en el Aljarafe sevillano.

La Sala de lo Social del TSJA ha confirmado en los últimos meses la legalidad del despido de los restantes conductores y finalmente lo ha hecho respecto a Francisco V.G., que no alegó represalias sindicales como los demás sino que aportó un documento médico que certificaba que su esposa había acudido al centro de salud de su localidad diciendo que estaba enfermo, aunque sin pedir asistencia médica.

Se trata de uno de los nueve conductores-perceptores, todos ellos miembros del sindicato CGT, que fueron despedidos al descubrirse que habían falsificado 128.634 euros en billetes durante dos años, hechos por los que van a ser juzgados en noviembre.

La Sala de lo Social del TSJA, en una sentencia a la que tuvo acceso este periódico, confirma la decisión del juzgado de lo Social 4 que declaró al trabajador desistido de su demanda “por incomparecencia a los actos de conciliación y juicio”. 

El interesado había cambiado de abogado nueve días antes del juicio, fijado para febrero de 2018, y no otorgó poderes al nuevo letrado, por lo que estaba de viaje con su nueva empresa de transporte por carretera cuando iba a celebrarse la vista. Entonces su esposa acudió al servicio de urgencias de San Juan de Aznalfarache diciendo que su marido estaba en casa con malestar general, pero no solicitando atención médica sino solo ese certificado. 

Ante el hecho de que el documento no demostraba una enfermedad que le impidiese acudir a juicio, el juez le declaró desistido del procedimiento, en una decisión que confirma el TSJA. 

El alto tribunal niega que se trate de una interpretación “excesivamente rigorista" ya que el conductor “no acreditó en ningún momento que el día señalado estuviera enfermo, lo único que se demostró es que el día anterior su esposa acudió al servicio de urgencias refiriendo que lo estaba, pero no para pedir asistencia médica sino solo un certificado en el que se hicieran constar sus manifestaciones”.

Los nueve conductores-perceptores van a ser juzgados en noviembre próximo en la Audiencia de Sevilla, donde la Fiscalía y la propia empresa afectada pedirán seis años y nueve meses de cárcel por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por apoderarse de 128.634 euros entre febrero de 2015 y diciembre de 2016. Pese a las contundentes pruebas recogidas por agentes de la guardia civil que se hicieron pasar por viajeros, todos los acusados niegan el delito y no aceptan la conformidad ofrecida por las acusaciones.