Duro varapalo para la acusación popular en la causa de 'La Pará' de Gines

Nuevo y duro varapalo del juez para la acusación popular en el caso de 'La Pará' de Gines, la que había solicitado penas de hasta 20 años de cárcel para el alcalde y el resto de investigados. El magistrado de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado una providencia en la que rechaza el incidente de nulidad planteado por el abogado de las dos denunciantes del antiguo grupo político Imagines, que pretendía impugnar el escrito de la Fiscalía en el que se solicita el archivo de la causa, una petición ante la que el instructor recuerda que un escrito del Ministerio Público o de cualquiera de las partes personadas "no puede generar indefensión alguna en un proceso penal".

En concreto, el abogado José Antonio Sires, había pedido que se declarara "la nulidad parcial del escrito de calificación en los apartados donde se orienta indebidamente a las defensas", así como que se ordenara al Ministerio Fiscal "la rectificación de dichos apartados, ajustándose a sus funciones legales" y "que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho de defensa y la igualdad procesal de las partes de la causa".

El juez ha inadmitido a trámite la petición formulada por la acusación, al entender que el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que, con carácter general, no se admitirán incidentes de nulidad de actuaciones y, sólo excepcionalmente, se podrá pedir por parte legitimada dicha nulidad fundada en vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, y que cualquier otro incidente en que se pretenda suscitar otras cuestiones será inadmitido a trámite por mera providencia sucintamente fundada.

Dice el instructor que la cuestión planteada es "distinta de las previstas" en este precepto, "pretendiéndose suscitar otras cuestiones distintas de las que constituye el objeto del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, fundamentalmente, en relación a cuestiones de legalidad ordinaria que pueden invocarse mediante la interposición de los correspondientes recursos ordinarios, legalmente establecidos".

No obstante, el magistrado señala que la acusación popular que ejercen las dos denunciantes "carece de legitimación para cuestionar una actuación del Ministerio Fiscal que afectaría a la postura procesal de las defensas, no de la acusación que ella ejerce; por tanto, ninguna vulneración de sus derechos fundamentales puede estimarse concurrente".

Además, prosigue Vilaplana, "un informe/escrito/petición, ya sea del Ministerio Fiscal, ya sea de cualquiera de las partes, no puede generar indefensión alguna en un proceso penal, pues la indefensión sólo puede venir producida por la correspondiente resolución judicial que, en su caso, estimase aquella petición, supuestamente vulneradora de derechos fundamentales".

En todo caso, prosigue el instructor, la parte solicitante de nulidad de actuaciones "podrá llevar a cabo las actuaciones que considere oportunas en el eventual caso de que la correspondiente resolución judicial que se dicte a resultas de los recursos interpuestos por las defensas contra el auto que acuerda la continuación de las actuaciones por los trámites de procedimiento abreviado resulte contraria a sus intereses; como también frente a una eventual resolución judicial que, en lugar de decretar la apertura de juicio oral, acuerde el sobreseimiento de la causa, ex art. 783.1 de la LECrim", concluye.

La Fiscalía de Sevilla pidió recientemente el carpetazo a la causa de 'La Pará' de Gines. Ocho años después de que se iniciara el proceso judicial en el que están investigados el alcalde de esta localidad sevillana, Romualdo Garrido (PSOE) y otras 19 personas, el Ministerio Público ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que solicita el sobreseimiento provisional de una causa en la que otras dos acusaciones populares, una muy cuestionada del extinto partido 'Imagines' y el PP de la Diputación han solicitado penas de hasta 20 años de cárcel y otros tantos años de inhabilitación, respectivamente.