La decisión del Tribunal Supremo de obligar a repetir un examen de las oposiciones de la Policía Local de 2012 mete al Ayuntamiento de Sevilla en un monumental lío, un atolladero que tiene muchas complicaciones y muy pocas salidas. El Alto Tribunal ha rechazado los recursos del propio Consistorio y de los agentes contra la sentencia que estimó parcialmente el recurso de uno de los opositores que quedó fuera del proceso y ordenó repetir el caso práctico de estas oposiciones de 2012 por las que se cubrieron 56 plazas de agentes de la Policía Local de Sevilla.

Once años después de aquellas oposiciones, las plazas de estos 56 agentes quedan en el aire porque, una vez que el Tribunal Supremo devuelva las actuaciones, la sentencia será firme y, en consecuencia, estos 56 agentes tendrían que volver a examinarse para mantener sus plazas, con el problema añadido de que aquellos otros aspirantes que no fueron admitidos podrían también volver a realizar ese caso práctico.

Para evitar que todas las actuaciones que puedan realizar estos agentes sean nulas desde la firmeza de la sentencia -por ejemplos las multas de tráfico que impusieran desde ese momento-, lo lógico es que el Ayuntamiento suspenda o aparte a estos agentes del servicio activo. En teoría habría incluso que retirarles el arma reglamentaria y todo lo que lleva aparejada su condición de agente del cuerpo hasta que se resuelva definitivamente el proceso; se celebre la repetición del caso práctico y vuelvan a adjudicárseles las plazas en el caso de que aprueben y no hayan concurrido otros aspirantes que puedan arrebatarles los puestos con un puntuación mayor.

Y lo más grave es que, la lentitud de la Justicia, hace que este lío se produzca cuando estos agentes llevan ya más de once años ejerciendo la profesión, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la repetición del examen no se desarrollaría en condiciones de igualdad, por ejemplo, en el caso de las pruebas médicas que deben superar.

En este sentido, entre este medio centenar de agentes hay algunos que han sufrido accidentes en acto de servicio, otros han podido perder vista en estos años o haberles surgido otros problemas de salud, por lo que sus condiciones físicas no son estos casos las mismas que cuando se presentaron a las plazas hace más de una década.

Una indemnización como posible salida

Lo que está claro que el proceso, si no se alcanza una solución, puede extenderse todavía durante varios años. En primer lugar porque, una vez que se declare la firmeza de la sentencia que ordenó la repetición de la prueba, el demandante tendría que solicita la ejecución de la misma. 

La defensa de los opositores podría entonces oponerse a la ejecución de la sentencia, alegando -como ha hecho el Ayuntamiento sin éxito ante el Tribunal Supremo- la "doctrina del aspirante de buena fe en los procesos selectivos de acceso al empleo público" y cuestionando la aplicación a todos los opositores, dado que hubo aspirantes que no fueron acusados en el proceso penal por las posibles filtraciones de las plantillas de corrección del ejercicio.

¿Y cuál sería la solución más factible? Algunas fuentes consultadas por este periódico consideran que la cuestión se podría solventar con una indemnización por parte del Ayuntamiento al opositor que denunció las irregularidades, por la imposibilidad de ejecutar la sentencia, una opción que según estas fuentes es "posible jurídicamente" y que podría acabar con esta complicada situación para el Ayuntamiento. Sólo así se podría abortar la ejecución de la sentencia que ha puesto en jaque a estos 56 agentes.